Bajo el nuevo esquema institucional de combate a la corrupción en México, los Órganos Internos de Control (OIC) de los municipios desempeñan un papel fundamental. La entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Administrativas en 2016 ofreció a los OICs valiosas oportunidades para atender la corrupción en los gobiernos municipales. El problema es que los órganos quedaron en los hechos desactivados.

El proyecto descentralizador, impulsado con argumentos ciertamente lógicos y sensatos, topó con pared. Después de 30 años de haber impulsado este proyecto observamos que los municipios no han sido mejores para hacer que sus gobernantes rindan cuentas, mucho menos para combatir la corrupción.