México tiene la obligación constitucional de reparar violaciones a derechos humanos; aunado a esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que los Estados deben promover y adoptar medidas para reparar el daño a víctimas de corrupción. ¿Qué tipo de reparación del daño procede cuando se violan derechos humanos por corrupción?

La Ley General de Responsabilidades Administrativas contiene una lista de faltas administrativas en las que puede incurrir un servidor público o un particular por acción u omisión; estas faltas pueden ser graves y no graves. Es precisamente aquí donde entra el problema.

El pasado 18 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley Orgánica del PJF en materia de responsabilidades administrativas. Dicha reforma provocó cambios considerables en materia de responsabilidades para los servidores públicos que laboran en el PJF.

Lo realmente importante sobre la omisión legislativa de las entidades federativas es que impide la debida implementación y el objetivo del SNA para combatir la corrupción. Implementar y armonizar los sistemas legales estatales generaría un beneficio actual y futuro para la sociedad en general.