La reforma a la Ley de Amparo no constituye por sí misma un avance ni un retroceso automático. Su verdadero impacto dependerá de cómo las juezas y jueces interpreten el nuevo concepto de “interés legítimo”.

Rafael Castellanos señala que el tamaño y la complejidad de la elección judicial merecían un proceso legislativo mejor diseñado, que atendiera las preocupaciones de integrantes del poder judicial, personas expertas y activistas. Pero todo esto se ignoró para poder organizar la elección en menos de un año.

Desde la llamada “caída del sistema” en 1988, los ciudadanos han exigido conocer los resultados electorales de forma inmediata, ininterrumpida y de la forma más rápida posible. A partir de entonces, los mecanismos de difusión de los resultados, preliminares y definitivos, evolucionaron hasta tomar la forma en la que hoy los da a conocer el INE. Sin embargo, las declaraciones prematuras de victoria por parte de los partidos van en contra del principio de certidumbre que pretenden preservar las autoridades electorales.

Ante la inconstitucionalidad, inconvencionalidad e ilegalidad del “Acuerdo” con el que el presidente pretende clasificar a sus proyectos de infraestructura como obras de seguridad nacional, es lógico pensar que se debe tener acceso a un mecanismo de protección constitucional, para que el Poder Judicial de la Federación ejerza un contrapeso al Ejecutivo.

¿Qué incentivos tiene el ministro Zaldívar para votar a favor de la evidente inconstitucionalidad de una norma que lo mantendrá a la cabeza del Poder Judicial por un año y 11 meses más de lo previsto?