El verdadero reto de la gobernanza eficiente radica en equilibrar la optimización del gasto con la protección de los derechos sociales y el fortalecimiento de las instituciones. Sin este enfoque integral, las políticas de austeridad no sólo fracasan en sus objetivos, sino que amplifican las desigualdades y erosionan la confianza pública, dejando tras de sí un legado de fragmentación social y debilitamiento institucional.