Si bien la flexibilidad constitucional puede ser una ventaja en momentos de necesidad política, las recientes reformas han revelado el otro lado de la moneda: una Constitución que es demasiado fácil de modificar se convierte en un instrumento vulnerable a los intereses particulares, a la erosión de los principios democráticos y, peor aún, a un posible retroceso autoritario.

La propuesta para desaparecer al INAI no solo destruiría a los 33 institutos de transparencia de todo el país, sino también a la Plataforma Nacional de Transparencia. Esto representa un retroceso de muchas décadas en materia de derecho a la información, transparencia, derecho a la protección de datos personales y rendición de cuentas en nuestro país.

Con la denominación falaz de Simplificación Orgánica, el expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso extinguir órganos del Estado que son importantes para el bienestar ciudadano y que garantizan sus derechos. La propuesta, en realidad, es una alteración radical de la estructura constitucional y operativa del Estado.

Es urgente implementar una política pública conservacionista en el Centro Histórico de Coyoacán. La privatización e invasión del espacio público, el crecimiento del comercio ilegal y clandestino, así como el cambio de uso de suelo deben ser regulados en tanto contribuyen al deterioro y desaparición de su patrimonio.

La corrupción, lejos de ser un problema resuelto, como lo declaró el exmandatario López Obrador en sus conferencias matutinas, agrava la violación a los derechos humanos. La falta de designaciones para los Sistemas Anticorrupción, así como las reformas aprobadas en los últimos días de su gobierno, son una muestra del autoritarismo que ha dinamitado los mecanismos democráticos.