El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en múltiples ocasiones en su intención de construir un sistema de salud universal, gratuito y de calidad, tal como sucede en países como Dinamarca. Para lograr este objetivo, la inversión pública y la eliminación de la corrupción serían la clave. Pero, ¿realmente esto es posible?

¿Estamos siendo testigos de un cambio en las prioridades de la sociedad mexicana, donde los principios de la separación de poderes y el respeto al Estado de derecho son vistos como prescindibles frente al amplio respaldo popular a liderazgos carismáticos individuales?

Reconocer los derechos de los juzgadores los beneficia no sólo a ellos, sino a la sociedad mexicana, pues contribuye a garantizar un poder judicial independiente e imparcial.

Para hablar de justicia en México es necesario reflexionar sobre la realidad que enfrentamos en el presente, pero también es indispensable revisar nuestra historia como nación, que no es ajena a las injusticias; por el contrario, se ha forjado a partir de ellas. Ante el cambio de régimen que representa la autodenominada —y ahora consolidada— Cuarta Transformación, resurgen añejos debates sobre la justicia en nuestro país y la posibilidad de construir un futuro distinto.

¿Cómo se compara la propuesta de reforma judicial de AMLO con experimentos similares en otras partes del mundo?