Tras observar las campañas para jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, cuatro aspectos salen a la luz: la manera en que se seleccionaron los candidatos; las alianzas políticas detrás de las candidaturas; financiamiento de dudosa procedencia; y la incapacidad de la autoridad de hacer frente al volumen de solicitudes.

Arturo González Fernández analiza los problemas de elegibilidad de las candidaturas al poder judicial, poniendo en evidencia las fallas en el diseño del ejercicio y las omisiones de los comités de evaluación en la designación de las candidaturas postuladas.

Rafael Castellanos señala que el tamaño y la complejidad de la elección judicial merecían un proceso legislativo mejor diseñado, que atendiera las preocupaciones de integrantes del poder judicial, personas expertas y activistas. Pero todo esto se ignoró para poder organizar la elección en menos de un año.

A pocos días de que se acaben los plazos establecidos en la ley, los órganos garantes de la transparencia, después de la reforma que puso fin al INAI, no han sido capaces de garantizar ni funcionarios ni adecuaciones normativas internas. Gabriel Espinoza explica los pormenores.

La baja integridad de los medios de comunicación debilita su capacidad para actuar como contrapesos del poder político y limita su credibilidad ante denuncias legítimas de corrupción.