La reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum la semana pasada reconoce el derecho de la ciudadanía para participar en mecanismos de democracia directa como consultas populares, referéndums y plebiscitos. Además, propone establecer criterios máximos homologados para solicitar su activación y mínimos para que sus resultados sean vinculantes.
De aprobarse, esta propuesta se incluiría en un marco legal ya avanzado sobre diferentes mecanismos de participación ciudadana. En 29 entidades cuentan con una Ley de Participación Ciudadana o algo similar. Esto se traduce en 237 mecanismos regulados que tienen potencial para ser solicitados por la ciudadanía. Jalisco es la entidad que cuenta con el umbral más bajo de firmas, para activar un plebiscito o un referéndum, solicita 0.05 % de la lista nominal, en contraste con 20 % que solicitan en Oaxaca y Tlaxcala. ¿Qué retos enfrenta la participación ciudadana en México con reglas tan desiguales?
Un país, 32 reglas distintas para participar
Un análisis nacional desde Política Colectiva, muestra que la distribución y regulación de los mecanismos de participación ciudadana dependen en gran medida del lugar donde se vive. Mientras algunos estados establecen requisitos accesibles, otros fijan barreras que hacen prácticamente imposible activarla. Esta diversidad, lejos de fortalecer la democracia, profundiza desigualdades territoriales en el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
Mientras que en Jalisco para la activación de un plebiscito y referéndum —con datos actualizados a 2026— se requieren 3369 firmas, en Oaxaca el requisito es recabar 625 550 firmas. Esto representa prácticamente a 20 % del electorado, si se considera que para el último ejercicio de revocación de mandato, la lista nominal actualizada fue de 3 127 753 ciudadanas y ciudadanos.
En Guerrero, el plebiscito puede solicitarse con la petición de seis personas. Esto parece progresista, hasta que la legislación condiciona a que sin el apoyo del 0.2 % de la lista nominal no se activa el mecanismo.
Un total de 21 entidades ya incorporaron la figura de revocación de mandato. Aún queda pendiente la armonización constitucional en 11 entidades federativas a pesar de que el plazo para cumplir con este cambio era el pasado junio de 2021, fecha en la que vencieron los 18 meses establecidos por la reforma aprobada el 20 de diciembre de 2019, en la reforma constitucional.
Hoy los criterios y requisitos para participar de forma activa en los estados y municipios son muy diversos, incluso diametralmente opuestos en algunos casos.
Prácticas para facilitar la participación, el caso Jalisco
El radar buenas prácticas de Política Colectiva detecta que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco cuenta con la herramienta digital “Fírmale” que permite a la ciudadanía registrar el mecanismo de participación ciudadana que desea activar y generar una liga —o “link”— directo para que las personas desde un dispositivo móvil o computadora brinden su firma de apoyo ciudadano. Esta herramienta sustituye a la ardua labor de recabar firmas e imprimir más de tres mil hojas que por lo menos, tendrían una inversión inicial de 3000 pesos.
Las herramientas digitales facilitan el uso de estos mecanismos. Para muestra una activación: Plebiscito y Referéndum vs el tarifazo del transporte público en Jalisco.
En Jalisco, frente al aumento de la tarifa del transporte público de $9.50 a $14 pesos y al condicionamiento de un supuesto subsidio de $3 pesos al uso de una tarjeta bancaria, la ciudadanía respondió organizándose. A través de la plataforma Fírmale, impulsaron el Plebiscito y el Referéndum. El resultado fue contundente: el Referéndum reunió 14 873 firmas y el Plebiscito 5900 , lo que superó con creces las 3369 requeridas para activarse. La lección es clara. La participación no falta; lo que suele faltar son condiciones reales para ejercerla. Cuando se dejan de obstaculizar los caminos, la ciudadanía avanza y los derechos se hacen efectivos.
Existe una gran variedad de mecanismos de participación ciudadana como plebiscito, referéndum, iniciativas ciudadanas, presupuesto participativo, audiencias públicas, contralorías sociales, consultas a niñas, niños y adolescentes, la revocación de mandato y más. Representan en su conjunto un andamiaje institucional valioso, aunque insuficiente para muchas entidades que, por ejemplo, no cuentan con herramientas digitales actualizadas para facilitar su activación. Los obstáculos se presentan cuando el andamiaje institucional no se acompaña con apertura, tecnología al servicio de la población, información, transparencia y accesibilidad para todas las personas.
Puebla y Quintana Roo: Creando redes y acompañando para garantizar el derecho a la participación ciudadana
Para que los mecanismos de participación ciudadana sean espacios que cumplan con su función democrática, son necesarias condiciones equitativas, procedimientos claros y reglas que no excluyan, sino que faciliten la intervención de diversas voces, especialmente aquellas históricamente excluidas. La participación ciudadana en tanto derecho humano, sigue enfrentando retos importantes para su implementación y para contrarrestarlos, las Primaveras Políticas son redes que desde la ciudadanía y sociedad civil surgen con objetivos claros:
- Crear comunidad y sumar esfuerzos colaborativos
- Pedagogía política
- Lograr normativas progresistas en materia de participación ciudadana
En ese sentido, año con año, renovamos nuestras investigaciones, análisis y diagnósticos. Además, sumamos las experiencias que acompañamos en el transcurso del tiempo, las redes formadas y los resultados colaborativos logrados. En diversas entidades del país, formamos una red de colectivas, activistas, especialistas, personas de la academia y ciudadanía en general interesada en ejercer su derecho a la participación ciudadana.
Así hemos logrado que desde Puebla Participa haya surgido la propuesta de iniciativa de ley ciudadana para que esta entidad pueda al fin saldar esta deuda con la ciudadanía. La propuesta apuesta por la consolidación de una Ley de Participación Ciudadana que incluye 16 mecanismos de participación con enfoque diverso y para todos los sectores de la población, como consultas para niñas, niños, adolescencias y juventudes.
A esta primavera se suman los esfuerzos colectivos que Quintana Roo, la ciudadanía, sociedad civil y el consejo de participación ciudadana han abanderado. Para esta fecha, la iniciativa ciudadana que propone ampliar de ocho a quince mecanismos de participación y reducir los umbrales de firmas para plebiscitos y referéndums del 3 % al 0.05 % ya se encuentra en análisis en las comisiones de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos; así como a la de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria del Congreso del Estado.
Querétaro y Nuevo León: la participación ciudadana como derecho que sostiene la lucha por el medio ambiente
Las primaveras en estas dos entidades han dado muestra de cómo los mecanismos de participación ciudadana son plataformas para proteger otros derechos fundamentales. Un Río en el Río en Nuevo León, conformada por más de 37 organizaciones de la sociedad civil han logrado la activación de mecanismos de participación ciudadana como las audiencias públicas y la solicitud de contralorías sociales, para la protección del río Santa Catarina, frente a las obras que se desarrollan cerca del cauce.
La nueva Ley de Participación Ciudadana en Querétaro, aprobada en septiembre de 2024 y promulgada en febrero de 2025, fue fruto de la presión colectiva de más de 30 organizaciones y de la ciudadanía organizada. Desde entonces, se han activado cuatro mecanismos a nivel estatal y municipal. Destaca el ejercicio sobre el proyecto “El Batán”, una iniciativa para privatizar el tratamiento y potabilización del agua en la zona metropolitana de Querétaro sin claridad sobre los riesgos a la salud, para la cual fue solicitada una Audiencia Pública con 617 firmas —triplicando el mínimo legal en una semana— y que derivó en que el Ejecutivo y el Congreso desistieran del proyecto. Un logro ciudadano en la lucha por la transparencia y la defensa del derecho al agua en un contexto de crisis hídrica.
El reto estructural y la propuesta ante reglas fragmentadas con umbrales desiguales
La gran interrogante en el camino hacia una democracia deliberativa e incluyente aparece cuando nos cuestionamos, en términos reales ¿qué tan accesible es activar un mecanismo de participación ciudadana?
Ante escenarios tan diversos e incluso dispares, la ciudadanía es la más afectada, especialmente aquella que en contextos históricos de marginación con normativas y requisitos discriminatorios quedan impedidas de participar y sin posibilidad real de proteger otros derechos.
En este sentido, las Primaveras Políticas evidencian que la participación ciudadana no es una aspiración abstracta, sino una herramienta concreta para incidir en decisiones públicas y garantizar la calidad de vida de las personas. No obstante, mientras los requisitos y mecanismos sigan fragmentados y desiguales entre entidades, el ejercicio de este derecho dependerá de factores institucionales adversos, excluyentes e imposibles de cumplir y alejándose del carácter universal del que goza el derecho a la participación.
En una colaboración con sociedad civil y ciudadanía, recopilamos testimonios valiosos que complementan la evidencia que surge de las primaveras políticas. Ante la propuesta de establecer límites máximos de activación de mecanismos de participación ciudadana en la Constitución federal, consideramos que es relevante considerar estos esfuerzos para elaborar nuevas normativas que establezcan como mínimo las bases generales para armonizar los mecanismos de participación ciudadana en las entidades federativas y municipios, que armonice estándares mínimos, reduzca barreras desproporcionadas y garantice mecanismos claros, accesibles y vinculantes en todo el país.
En este informe documentamos diagnósticos, experiencias y propuestas que trazan esa ruta nacional. La información está disponible para consulta y acción colectiva en
https://politicacolectiva.com/primavera-politica-2025/
Conoce nuestra plataforma e interactúa con los datos sobre mecanismos de participación ciudadana de tu entidad federativa en https://politicacolectiva.com/primavera-politica/
Kassandra Benavidez
Abogada y Politóloga. Investigadora y Analista en Política Colectiva
Luis Javier Moreno Benjumea
Analista Político. Director en Política Colectiva