A finales de 2019, un operativo policial en Tabasco marcó el inicio de una larga cadena de eventos que tienen consecuencias hoy en los cimientos del aparato de seguridad estatal. La detención de Trinidad Alberto de la Cruz Miranda, alias “El Pelón de Playas”, entonces líder regional de Los Zetas, no sólo provocó una oleada de violencia —vehículos incendiados, comercios atacados, mantas con amenazas explícitas—, sino también acusaciones directas contra el recién nombrado secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena.
Cinco años después, ese mismo funcionario, ya conocido como el “Comandante H”, se encuentra prófugo y cuenta con una ficha roja de Interpol. Está acusado de encabezar la organización criminal “La Barredora” desde el interior del gobierno estatal, durante la gubernatura de Adán Augusto López Hernández, hoy coordinador del Grupo Parlamentario del partido en el gobierno, Morena, en el Senado de la República.
El caso ha revelado con brutal crudeza el alto grado de infiltración del crimen en las instituciones de seguridad estatales. No se trata solo de una relación de complicidad, sino de una forma más profunda de captura, en la que las estructuras del Estado terminan sirviendo a los mismos intereses que deberían combatir. Así, quienes están llamados a contener la violencia resulta que operan en favor de quienes la ejercen.
Durante los últimos años, la violencia en Tabasco ha ido creciendo. Bajo estas condiciones, los discursos políticos sobre eficacia en seguridad pública se desploman. Por un lado, los delitos persisten o se agravan; y, por el otro, la percepción de que las instituciones encargadas de procurar justicia están corrompidas debilita su capacidad para operar como vía legítima de protección. Con base en la información disponible, la disminución en las denuncias y el aumento sostenido de víctimas de delitos apuntan a una comprensión lúcida y dolorosa: en territorios donde la autoridad se ha vuelto indistinguible del riesgo criminal, acudir a ella puede significar exponerse aún más.
II. Menos carpetas, más silencio: el repliegue ciudadano ante el descrédito institucional
Los datos más recientes confirman que Tabasco atraviesa una crisis de seguridad que no puede explicarse únicamente por la violencia visible en las calles. En realidad, el deterioro apunta a la captura del corazón mismo de las instituciones encargadas de contenerla. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2019 y 2024 — periodo que incluye la gestión de Adán Augusto López como gobernador, hasta agosto de 2021 cuando se incorporó al gabinete presidencial y de Hernán Bermúdez como secretario de seguridad — Tabasco registró un promedio anual de 47,380 carpetas de investigación por delitos del fuero común, es decir, más de 130 delitos denunciados cada día.
En 2024, cada día se denunciaron 1,663 delitos. Esto es 22% menos que en 2019. A primera vista, la disminución podría interpretarse como un avance. El número de carpetas mensuales cayó en mil casos; la carga diaria pasó de 155 a 122. No obstante, esta tendencia descendente no debe leerse de forma acrítica.
En materia de seguridad, una reducción sostenida en las denuncias puede ser una buena noticia sólo si va acompañada de mejoras en el acceso a la justicia y en la percepción de integridad de las instituciones responsables. Pero en Tabasco ocurre lo contrario. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) muestra que la percepción de corrupción en la procuración de justicia se ha mantenido persistentemente alta: en 2019, el 68.4% de la población consideraba corrupta a la fiscalía estatal; en 2023, aún lo hacía el 62.5%. En este contexto, la caída en las denuncias no refleja una disminución del delito, sino el repliegue de una ciudadanía que percibe a la autoridad como parte del problema.
Esta percepción constante de amenaza contradice cualquier lectura optimista de los datos oficiales sobre reducción de carpetas de investigación. Cuando prevalece la idea de que las instituciones encargadas de procurar justicia están corrompidas, como lo sugiere esta percepción pública, la caída en los registros no refleja una disminución del delito, sino el repliegue de la ciudadanía frente a un aparato estatal percibido como ineficaz o incluso amenazante.
En el periodo analizado, un primer descenso abrupto, de más del 20%, entre 2019 y 2020, seguido de una desaceleración progresiva en los años posteriores, plantean una pregunta incómoda: ¿se redujo realmente la criminalidad o cambió la forma en que es registrada, denunciada y perseguida? Tras el repunte de 2021 —coincidente con el cambio de administración estatal, cuando Adán Augusto López se hizo secretario de gobernación, y el ascenso de redes que más tarde serían vinculadas con estructuras criminales— la reducción regresa: 6.7% en 2022, 3.2% en 2023 y para 2024 hay un mínimo incremento, de apenas 1.3%. La curva pierde fuerza no porque los delitos desaparezcan, sino porque las condiciones para denunciarlos se vuelven cada vez más precarias.
El verdadero problema no está en los números en sí, sino en lo que revelan sobre el vínculo entre ciudadanía e instituciones. En un entorno donde quienes encabezan las corporaciones de seguridad están implicados en redes criminales —como es el caso del ex secretario Hernán Bermúdez—, la disminución de carpetas iniciadas no puede ser interpretada como resultado de un control efectivo del crimen. Por el contrario, sugiere que una parte de la población ha optado por el silencio como estrategia de supervivencia. Donde la autoridad genera miedo en lugar de protección, denunciar deja de ser una opción.
III. Más allá del promedio: los delitos que crecen cuando el Estado se debilita
En su publicación en X, el senador López Hernandez sostuvo que en su gobierno “se redujo sustancialmente la actividad delictiva”. Pero los datos para los delitos de alto impacto narran una historia más compleja. Si bien algunos delitos disminuyeron durante el periodo entre 2019 y 2024, hasta prácticamente desaparecer de forma extraña, otros se incrementaron con tal velocidad que desbordan cualquier expectativa de control institucional. ¿Es posible hablar de una mejora en seguridad pública cuando el homicidio doloso crece más de 200% en un solo año?
Entre los delitos de alto impacto analizados, el homicidio doloso, con una tasa promedio de crecimiento del 22.5% anual, destaca como el caso más crítico: en estos seis años, el número de asesinatos que suceden en un año en la entidad se ha más que duplicado. En 2024, el repunte supera el 200%, un salto que apunta al colapso de las capacidades institucionales para contener la violencia letal. No solo eso, en cinco de los seis años analizados hubo incrementos con respecto al año anterior. Esto convierte al homicidio en el delito más persistente y de mayor expansión.
El secuestro también ilustra con crudeza la pérdida de control estatal. Aunque el número total de casos es reducido —lo que magnifica los cambios de porcentajes—, las variaciones llegan a ser tan extremas como un 200% de incremento de un año a otro, seguido por caídas igualmente drásticas. Esta inestabilidad no refleja una mejora o deterioro sostenido, sino la incapacidad de construir un sistema consistente de prevención, denuncia y sanción. En términos simples: el Estado no logra siquiera establecer una línea base fiable desde la cual operar.
La variabilidad estadística sugiere un entorno donde las instituciones no solo pierden el control sobre los indicadores más sensibles de violencia, sino que transmiten señales de descomposición estructural. La captura de las estructuras encargadas de la seguridad pública permite que ciertos delitos escalen sin freno y altera la propia lógica de lo denunciable, lo perseguible y lo registrable.
IV. Criminalidad invisible: el verdadero rostro de la impunidad en Tabasco
La cifra negra alude a los delitos que, por distintas razones, no son denunciados o no derivan en una investigación por parte del ministerio público. Es decir, representan la parte oculta de la criminalidad, aquella que nunca ingresa al sistema de justicia, pero que configura —en la vida cotidiana de las víctimas— la verdadera dimensión del fenómeno delictivo. En Tabasco, este universo invisible supera cualquier umbral de gravedad: entre 2018 y 2023, más del 93% de los delitos cometidos quedaron fuera del radar institucional. Dicho de otro modo, de cada 15 delitos que se cometen, solo uno es investigado y 14 simplemente desaparecen del sistema.
Con un promedio anual de 591,831 delitos estimados, Tabasco enfrenta niveles de victimización que afectan a más de 35,000 personas por cada 100 mil habitantes. Esto significa que uno de cada tres tabasqueños sufre por lo menos un delito cada año. Sin embargo, esta altísima exposición contrasta de forma dramática con la capacidad del Estado para procesar esos hechos: en los mejores años, solo uno de cada diez delitos derivó en una carpeta de investigación; en los peores, apenas uno de cada 18. ¿Cómo interpretar este abismo entre lo que ocurre y lo que se investiga?
Entre 2019 y 2023, los delitos no denunciados o no investigados aumentaron en más de 140 mil casos. El volumen de crímenes que permanece fuera del sistema se expande a ritmo acelerado y lo hace con especial fuerza en los años de mayor incidencia. En 2023, por ejemplo, la tasa de delitos estimados alcanzó un pico (38,004.2 por cada 100 mil habitantes), al tiempo que el sistema redujo su capacidad para abrir investigaciones (la cifra negra subió de 93.5 a 94.1 en ese año). Cada vez que el delito crece, el Estado responde menos.
Este patrón sugiere un deterioro estructural, no sólo en términos operativos, sino en la relación entre ciudadanía e instituciones. La cifra negra no es un accidente estadístico: es un síntoma de desconfianza. Cuando nueve de cada diez víctimas no denuncian, no lo hacen por indiferencia, sino porque no ven en la autoridad una vía de protección. Denunciar implica exponerse y en contextos donde las propias instituciones de seguridad están infiltradas —o directamente implicadas— en redes delictivas, como ha ocurrido en Tabasco, esa exposición puede convertirse en riesgo.
La divergencia entre la criminalidad real y la registrada es ya insostenible. Mientras las cifras oficiales muestran cierta contención, los delitos estimados siguen una tendencia creciente, con un aumento promedio de 2.9% anual. Este desfase dificulta la formulación de políticas públicas, alienta la percepción de impunidad y profundiza la ruptura entre el Estado y sus ciudadanos. En 2023 la probabilidad de ser víctima de un delito aumentó casi 26% respecto al año anterior, pero la proporción de delitos investigados apenas se movió. ¿Qué mensaje reciben las víctimas? Que el sistema no está hecho para ellas.
En Tabasco, la cifra negra no es solo un indicador de ineficiencia institucional. Es, sobre todo, la huella de un orden corroído desde adentro, donde el silencio ciudadano no es omisión, sino estrategia de supervivencia. Esta renuncia a la denuncia no se explica por apatía ni por desconocimiento, sino por un cálculo racional frente a la autoridad que ha dejado de ofrecer garantías mínimas de protección. La teoría del efecto corruptor de la captura institucional permite comprender esta dinámica: cuando las corporaciones de seguridad son penetradas por intereses criminales, la distinción entre quien protege y quien amenaza se vuelve irreconocible.
El ciudadano, entonces, no calla porque no le importe lo que ocurre, sino porque ha aprendido que acudir a la autoridad puede ser tan riesgoso como enfrentarse al agresor. En contextos donde los altos mandos policiales —como sugiere el caso de Hernán Bermúdez— actúan en favor del crimen organizado desde dentro del aparato estatal, la denuncia deja de ser un recurso legítimo y se convierte en un acto temerario.
Mientras los discursos de los políticos insisten en mostrar reducciones en las tasas de criminalidad como avances, los datos cuentan otra historia: una en la que los delitos crecen, la respuesta institucional se debilita y la ciudadanía se retrae. El verdadero indicador de la crisis no es cuántas carpetas se abren, sino cuántas dejaron de abrirse porque nadie se atrevió siquiera a tocar la puerta.
Héctor Sebastían Arcos Robledo
Analista de datos en la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.