Apenas se cumplía un mes de la marcha del 8 de marzo cuando Debanhi Escobar, de dieciocho años, desapareció. En la marcha por el Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres protestaban a través de mensajes como: “¡Mujer, escucha: esta es tu lucha!”, “¡No me mates!”, “¡Quiero llegar a casa!”, “¡Somos el grito de las que ya no tienen voz!”, “¡Quiero ser libre y no valiente!” y “¡Luchar hoy para no morir mañana!”. La angustia detrás de estas protestas queda condensada en la canción de Vivir Quintana:” A cada minuto de cada semana / nos roban amigas / nos matan hermanas / destrozan sus cuerpos / las desaparecen”.
“¡Trece días aquí! ¿Cuántas veces estuvieron aquí?” fue una de las reacciones de Mario Escobar, padre de Debanhi, cuando el cuerpo sin vida de su hija fue encontrado por la Fiscalía del Estado de Nuevo León el jueves 21 de abril, tras trece días de búsqueda. El hallazgo fue en el interior de una cisterna de uno de los primeros lugares que revisaron las autoridades, según el fiscal del estado, Gustavo Adolfo Guerrero: el motel Nueva Castilla, ubicado a pocos metros del lugar donde la joven desapareció el 9 de abril, en Escobedo, Nuevo León.
El de Debanhi no es un caso aislado. Su desaparición ocurrió en un contexto de violencia feminicida y de desapariciones tanto en la entidad como en el país. Su caso forma parte de una violencia sistémica evidenciada por el continuo incremento anual de carpetas de investigación por feminicidio en el país: Nuevo León se ha colocado como el quinto estado con más feminicidios a nivel nacional; sólo en lo que va de 2022, la entidad ha registrado 47 mujeres desaparecidas. A la fecha, más de 1780 mujeres continúan sin aparecer. Lo anterior, sin olvidar, que en México diez mujeres son asesinadas diariamente.
Al leer estos datos, recordemos que detrás de cada cifra existe la historia de vida de aquella hija, hermana, compañera o amiga que ya no regresó. La violencia actual es de tal magnitud que hace eco a la crisis de la década de los noventa, la de “las muertas de Juárez”, una de las épocas más graves en términos de asesinatos de mujeres por razón de género en el país.
¿Qué implicaciones y repercusiones tiene el que nos encontramos no ante un caso aislado, sino ante un tsunami de violencia feminicida? Para dar respuesta a esta pregunta debemos atender a las diversas esferas que atraviesan este problema y comprender su relación. Por un lado, implica que como sociedad reconozcamos la crisis ante la cual nos enfrentamos; por el otro, implica que las autoridades no solo la reconozcan, sino que además actúen bajo una verdadera comprensión integral y total del fenómeno.
Pero, ¿a qué crisis nos referimos? ¿A qué fenómeno? Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que las mujeres no viven la violencia machista de la misma manera, violencia que aumenta, evoluciona y se complejiza. Al analizar casos de violencia contra la mujer (en cualquier modalidad, incluyendo la feminicida), es necesario diferenciar entre patrones. Ello se logra identificando factores como la edad, el tipo de violencia ejercida, la región o área geográfica, los antecedentes, características del agresor, lugar de los hechos, situaciones de vulnerabilidad, modus operandi, uso y tipo de armas, entre otros. Esta identificación permite detectar fenómenos criminales que, aunque compartan como núcleo un mismo delito (por ejemplo: feminicidio o desaparición), se diferencian entre sí conforme al patrón que les corresponde, derivado de una similitud de factores.
¿Cómo se traduce lo anterior en el contexto neolonés y qué relación tiene en la actuación de las autoridades? El estudio de casos de violencia contra la mujer demuestra que estos no se dan de la misma manera en una entidad y en otra; es decir, los patrones pueden diferir entre entidades fronterizas al norte, como Nuevo León, de aquellas al sur, como Chiapas, o de aquellas situadas en el centro, como Ciudad de México. El contexto de desapariciones y feminicidios en Nuevo León responde a un fenómeno específico, sin que ello excluya el que otras entidades compartan fenómenos similares. En consecuencia, las autoridades no pueden actuar como si se tratase de un fenómeno abstracto y general, sino que deben aterrizar en el contexto de violencia que viven las mujeres en Nuevo León. Ello implica que establezcan medidas de actuación y políticas públicas que se adecúen, como una pieza de rompecabezas, a la situación específica que atraviesa la entidad.
Para comprender un poco más el contexto de Nuevo León, no podemos ignorar la presencia del crimen organizado en la entidad, como lo han señalado varias expertas en el tema, entre ellas la periodista Mariana Limón Rugerio. Si bien el crimen organizado está presente no sólo en todo México, sino también en gran parte de América Latina, su presencia no se materializa de la misma manera en cada región. En Nuevo León, por ejemplo, operan al menos cinco cárteles del crimen organizado (esta cifra es diferente en cada entidad federativa). ¿Ello impacta en la violencia feminicida? Definitivamente. El feminicidio también debe entenderse en relación con el uso de la violencia de género como herramienta para asegurar el estado, tal como sostiene Melissa W. Wright y como ha reportado Intersecta en "Las dos guerras", un informe en el que analizan el impacto de la guerra contra las drogas en los homicidios de mujeres.
En lo que respecta a Nuevo León, en el periodo de enero a marzo del presente año el 72% de feminicidios registrados se consideran ligados a la narcoviolencia. Además, al leer las notas sobre cómo se hallaron los cuerpos, se advierte que muchos de ellos han sufrido degradaciones u otros actos severamente violentos y brutales, como la calcinación o descuartización. Además, gran cantidad de ellos son abandonados en vías públicas, ya sea embolsados o desnudos. Este modus operandi solía verse a menudo en muertes violentas de hombres a manos del crimen organizado, pero ahora se ha trasladado al fenómeno feminicida, lo que demuestra cómo la violencia no se ejerce únicamente en espacios y vínculos íntimos. Esta es solo una manera en la que podemos ejemplificar cómo el fenómeno de la violencia contra la mujer en Nuevo León está atravesada por otras violencias que no pueden ni deben ignorarse o deslindarse.
Del mismo modo, debemos atender al hecho de que Nuevo León se posiciona como la cuarta entidad federativa con mayor número de registro de mujeres desaparecidas en todo el país (los principales municipios, en orden de mayor número de desaparecidas, son Monterrey, Juárez, General Escobedo y Guadalupe). Hasta abril de 2022, el 46.19% de las personas desaparecidas en Nuevo León son mujeres. Esto ocurre en una entidad con un contexto de brutalidad ligado no sólo a la violencia feminicida y violencia del narco, sino también a la violencia sexual.
De acuerdo al reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada, en México el incremento de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres sugiere intentos de ocultar violencia sexual, feminicidio, reclutamiento y represalias, teniendo como objetivos, en muchos casos, la trata y explotación sexual. Por ello, no es coincidencia que muchas de las desaparecidas, tanto a nivel local como federal, sean mujeres jóvenes. Según las estadísticas, el rango de edad de mujeres desaparecidas tiene un drástico nivel de concentración entre los 10-24 años y principalmente entre los 15-19. Ello contrasta con las estadísticas de hombres desaparecidos, quienes suelen caer en rangos de edad mucho más dispersos y sin una concentración tan específica. De lo anterior se desprende una intersección de violencias que sufren las mujeres y se abstrae otro factor que debe añadirse en el análisis del fenómeno dentro del contexto neolonés: la violencia sexual. Nuevo Léon es el primer lugar a nivel nacional en incidencia delictiva de trata de personas.
Además, el mismo informe refiere que los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran el 71.73% de los cuerpos no identificados. La problemática se agrava debido a que los servicios forenses son insuficientes, varios de los instrumentos previstos en la Ley General todavía no han sido establecidos y no se cuenta con una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas. El informe estima que, de seguir las investigaciones a su ritmo actual, actualmente se necesitarían 120 años para identificar a todos los cuerpos anónimos.
La crisis ya descrita va acompañada de la inacción de las autoridades, de fallos en sus actuaciones y de irregularidades en las investigaciones; tal como ha sido denunciado por la ciudadanía en estos últimos días a raíz del caso de Debanhi y de otros, como el de María Fernanda Contreras. Durante la búsqueda de María Fernanda, su familia denunció que, a pesar de haberle notificado a las autoridades la ubicación de su teléfono celular, estas no acudieron al lugar. ¿Qué pueden esperar las familias si cuando denuncian y exigen, las autoridades les responden diciendo que la mitad de los casos de desapariciones son por “no reportarse con sus papás”?
Es la apatía, el cinismo y la indiferencia lo que permite que las desapariciones y los feminicidios continúen en aumento. Además, en el entendido de que estamos ante un comportamiento sistémico y no ante un caso aislado, la conducta de las autoridades —sin perspectiva de género y sin una verdadera comprensión de la problemática— se traduce en impunidad; en que sean la familias las que realicen las brigadas de búsqueda; en que los responsables sigan en libertad; en fortalecer la percepción falsa de que la causa principal de las desapariciones de mujeres es por falta de comunicación, por rebeldía de las jóvenes o por decisión voluntaria, como señaló el Fiscal General. En suma, la actuación equivocada de las autoridades se traduce en la justificación, normalización, prevalencia e impunidad de la violencia feminicida.
Si bien las exigencias ciudadanas y la presión mediática movilizaron a la Fiscalía hacia la búsqueda de Debanhi, en el transcurso fueron localizadas con vida cinco mujeres desaparecidas en Nuevo León, cuatro de ellas menores de edad.1 Lamentablemente, Debanhi no fue hallada con vida y, conforme a la primera autopsia, se determinó que la causa oficial del deceso fue por contusión profunda de cráneo anterior a la introducción de su cuerpo a la cisterna. A inicios de esta semana la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Contra las Mujeres atrajo el caso con base en la legislación penal de la entidad, la cual, como sucede en otras entidades, establece la obligación de investigar de oficio cualquier privación de la vida de una mujer bajo el delito de feminicidio.
A pesar de que la presión mediática tuvo un rol importante para el hallazgo del cuerpo de Debanhi y de la localización de otras mujeres, no podemos dejar lado el impacto negativo que pueden llegar a tener los medios de comunicación, especialmente en casos de violencia contra la mujer: no sólo pueden agravar la situación a través de la desinformación o la imposición de miedo, sino también mediante notas re-victimizantes tanto para las víctimas directas como indirectas (familiares y otros vínculos cercanos).
Aún existen muchas dudas en torno al caso de Debanhi. ¿Cómo llegó el cuerpo a la cisterna? ¿Por qué tardaron tanto en hallarlo? ¿Quién es el responsable? La Fiscalía aún no ha podido esclarecer los hechos, y sus propias actuaciones han generado indignación en torno al papel de las autoridades en casos de desapariciones de mujeres. Así ha quedado evidenciado en las diversas manifestaciones que se han realizado en Nuevo León y en otras entidades a raíz del caso de Debanhi, con el cual resuenan muchos otros casos de mujeres desaparecidas o víctimas de feminicidio.
El rol de las autoridades, principalmente el de aquellas que forman parte del sistema de justicia, es fundamental. Ello va desde permitirle a las víctimas indirectas acceder a la carpeta de investigación, hasta esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen (como establece la Constitución). A una institución que forma parte del sistema de justicia lo mínimo que se le puede exigir es, precisamente, justicia.
¿Rebeldía y decisiones voluntarias? ¿Esa es la respuesta que da el titular del más alto cargo de la Fiscalía de Nuevo León? Si las propias autoridades no pueden entender la realidad que tienen la obligación de investigar, si no están sensibilizadas en torno al tema, si no tienen perspectiva de género y, peor aún, si ni siquiera creen en la magnitud de la violencia feminicida, ¿qué podemos esperar del gobierno? La crisis amerita atención urgente a través de políticas de prevención, de estrategias de seguridad, de generación de datos abiertos sobre la complejidad de las violencias, de programas de sensibilización y coordinación entre autoridades. Hace falta reparar el sentimiento de confianza que como ciudadanía deberíamos de tener hacia las autoridades.
Las olas de esta violencia mojan la vida de cada mujer en el país, con el miedo que las persigue no sólo al salir de casa, sino también dentro de ella. Una de las peores expresiones de esta violencia es cada mujer en el país que no regresa. Las desapariciones y los asesinatos de mujeres por razones de género han existido siempre. Hoy, más que nunca, debemos exigir justicia y cero impunidad; debemos exigir hasta que vivamos libres y sin miedo. Si tocan a una, respondemos todas. Nos queremos vivas.
Regina de Lira Molina
Estudiante de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey
La autora agradece las gráficas realizadas por Javier Martínez.
1 Sus nombres son: Brisa Anahí Porras Cerda (16 años), Irma Hernández Cruz (19 años), Ingrid Guadalupe Castillo Ríos (15 años), Irlanda Marcela Ramírez Martínez (14 años) y Jenifer Nicool Almaguer Vargas (14 años).