Una de las virtudes fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), mecanismo articulador para coordinar esfuerzos contra la corrupción en México, ha sido el diseño que busca promover el diálogo interinstitucional. La vía idónea para lograr esta interlocución es a través de las atribuciones conferidas al secretario técnico del Comité Coordinador del SNA en la integración del informe anual, instrumento que permite formular recomendaciones dirigidas a todas las instituciones públicas del país. Sin embargo, en ocho años de operación, este comité ha emitido únicamente cuatro recomendaciones no vinculantes.
Estas recomendaciones estuvieron orientadas a fortalecer la coordinación interinstitucional y promover la efectiva implementación de políticas anticorrupción en los distintos órdenes de gobierno. El artículo 58 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) señala que estas recomendaciones deben buscar robustecer procesos, mecanismos, estructuras organizativas y marcos normativos en los diferentes niveles de gobierno. En este artículo, busco revisar el contenido de cada una de las cuatro recomendaciones para evaluar su impacto en el esfuerzo institucional anticorrupción.
- Recomendación no vinculante a las legislaturas de los estados, relacionada con la selección de jueces y magistrados (Informe Anual 2017)
Emitida en enero de 2018, esta recomendación instó a los poderes ejecutivos y legislativos de las entidades federativas a establecer mecanismos transparentes en la designación de jueces y magistrados, que privilegiaran la aptitud y excelencia en su desempeño. No obstante, el informe final de evaluación de 2022, presentado por la Secretaría Ejecutiva reveló una respuesta positiva de sólo 25% (16 de 64) de las autoridades locales.
Esto deja patente que pocos fueron los avances significativos en la implementación de procesos de selección de jueces y magistrados acordes con los principios propuestos. Esta falta de acción apunta a la limitada influencia de las recomendaciones no vinculantes cuando no están acompañadas de incentivos o mecanismos de supervisión efectivos. Un caso de recomendaciones con mecanismos de supervisión son las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), únicamente por citar un ejemplo.
- Recomendación no vinculante dirigida a los congresos de las entidades federativas a que realicen las reformas legales para la integración y funcionamiento de los Sistemas Locales Anticorrupción (Informe Anual 2020)
En enero de 2021, el Comité Coordinador recomendó a los congresos estatales realizar las reformas legales necesarias para optimizar el funcionamiento de los sistemas locales anticorrupción, con el objetivo de ampliar la cobertura de la fiscalización en todo el país y promover una coordinación eficaz con el Sistema Nacional de Fiscalización, para evitar duplicidades. Aunque algunas entidades iniciaron procesos legislativos, los informes de seguimiento de 2024 revelan que cinco congresos locales —Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit y Veracruz— no emitieron respuesta formal, lo que ha generado una implementación desigual y obstaculiza una política anticorrupción coherente a nivel nacional.
Esta situación evidencia la necesidad de facultades de revisión de las recomendaciones emitidas, para conocer las justificaciones de no responder. Esto está en línea con las mejores prácticas internacionales que aseguran la implementación uniforme de políticas públicas.
- Recomendación no vinculante para la interconexión con la Plataforma Digital Nacional
Esta recomendación, derivada del Informe Anual 2021, se emitió en enero de 2022 para ordenar la conexión de los entes públicos con la Plataforma Digital Nacional y garantizar el intercambio efectivo de información en materia anticorrupción. Sin embargo, el progreso ha sido limitado y se ha traducido en dificultades en la supervisión y consolidación de datos esenciales para la prevención y detección de corrupción.
Esta resistencia técnica y política subraya la necesidad de acompañar las recomendaciones con planes de implementación concretos. Esto demanda inversión en infraestructura tecnológica y capacidades, además de establecer responsabilidades claras y mecanismos de auditoría periódica sobre el cumplimiento. Comparativamente, países con sistemas anticorrupción más efectivos han apostado por plataformas integradas obligatorias con monitoreo constante, lo que permite un flujo de información ágil y confiable. En México, además, se ha detectado que algunos Órganos Internos de Control interpretan de manera restrictiva su obligación de interconexión, contrariando el espíritu de la ley general (Art. 50 de la LGSNA) que enfatiza que tanto el Sistema Nacional como los Sistemas Locales deben promover activamente la conexión y actualización de información en la Plataforma.
Un caso ilustrativo se presenta actualmente en el Congreso de la Ciudad de México, uno de los entes públicos obligados a interconectarse. De los seis sistemas previstos, cuatro están activos, destacando el sistema de evolución patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal. No obstante, la contraloría de la Cámara de Diputados local recibió en mayo pasado las declaraciones en papel y con tinta azul, lo que representa un retraso significativo para que estos datos sean operables con el resto de la plataforma. Esta práctica incumple con el mandato legal (Artículo 34 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas) que exige la presentación obligatoria de las declaraciones a través de medios electrónicos. Esto no sólo inhibe la transparencia, también la manera efectiva de detectar si existe congruencia en la evolución patrimonial de los servidores públicos, por parte de las autoridades y de la ciudadanía.
- Recomendación para la óptima integración de los SLA (Informe Anual 2023).
Esta es la recomendación más reciente, emitida en febrero de 2024. Enfatiza la necesidad de integrar los sistemas locales anticorrupción, incluyendo la designación pendiente de Comités de Selección y Participación Ciudadana, así como Secretarías Ejecutivas. Aunque se espera que esta iniciativa impulse mejoras, su impacto aún está por evaluarse. La experiencia con recomendaciones anteriores sugiere que sin seguimiento y apoyo adecuados, los desafíos de implementación persistirán.
Con base en lo anterior, es recomendable desarrollar estrategias que vayan más allá de únicamente emitir recomendaciones, como que también den vista a las autoridades responsables, como las Auditorías Superiores de las Entidades de la República, para que en ejercicio de sus facultades identifiquen la lenidad de los responsables e investiguen el posible daño causado a la sociedad por la poca eficacia en la implementación. Dicho lo anterior, esta recomendación debe escalarse a nivel nacional, ya que el Senado de la República también ha incumplido en su obligación de integrar completamente al Comité de Participación Ciudadana (CPC), que actualmente cuenta con tres de sus cinco integrantes y no existe un Comité de Selección en funciones.
Parálisis y crisis institucional en 2025
Un punto de quiebre que es necesario destacar ocurrió a inicios de febrero de 2025, cuando se celebró la primera sesión ordinaria del Comité Coordinador. Contrario a lo ocurrido en años recientes, el informe anual 2024 no incluyó recomendaciones, situación que sería correcta en un escenario ideal donde todo marcha perfectamente sin corrupción, pero que no es la realidad de México. En esa misma sesión, se presentó a una nueva integrante: la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno del gobierno federal. Asimismo, sucedió un relevo en la presidencia del CPC y, en consecuencia, del Comité Coordinador; además, esa fue la última sesión del Secretario Ejecutivo, quien presentó su renuncia un mes después, a solicitud de la actual presidenta del CPC.
Desde entonces, el Comité Coordinador no ha sesionado. Además, el CPC ha mostrado contradicciones en su convocatoria y sesiones para la renovación del cargo de secretario ejecutivo, lo que ha generado una parálisis institucional preocupante. Estas discrepancias quedaron de manifiesto cuando el Órgano de Gobierno desechó la terna que el CPC propuso, con el respaldo del mismo CPC para rechazarla. Una pregunta recurrente es: ¿Quién se hace cargo del daño causado a ese organismo descentralizado?
Fortalecimiento y Futuro del Sistema Nacional Anticorrupción
El Sistema Nacional Anticorrupción representó un avance jurídico e institucional sin precedentes en México para enfrentar la corrupción desde un enfoque coordinado y multidimensional. Sin embargo, su eficacia está condicionada por la voluntad política, la capacidad técnica y la robustez de sus mecanismos de seguimiento y sanción.
Las recomendaciones no vinculantes del Comité Coordinador, aunque bien fundamentadas y orientadas a áreas críticas, han demostrado un impacto limitado, explicado en parte por la ausencia de mecanismos coercitivos y la falta de incentivos que garanticen su cumplimiento o, al menos, una justificación auténtica. Es imprescindible fortalecer al Sistema mediante la implementación de herramientas eficaces, el respaldo activo de autoridades fiscalizadoras y de funcionarios públicos de alto nivel, así como la participación crítica y vigilante de la sociedad civil. Solo con un compromiso institucional real y sostenido, acompañado de transparencia y rendición de cuentas, el Sistema Nacional Anticorrupción podrá superar sus actuales limitaciones y convertirse en el instrumento efectivo para prevenir, detectar y sancionar la corrupción en todos los niveles de gobierno que está llamado a ser en la ley.
Ignacio Labra Delgadillo
Doctorante y maestro en Derecho por la Universidad Marista