La crisis del agua parecía un hecho distante en un futuro lejano, pero recientes eventos, como el desabasto en el norte de México, han demostrado que ya es una realidad. Por lo mismo, la lucha por la defensa del agua y de la vida lleva años ocurriendo. Un ejemplo notable de este esfuerzo es la comunidad de Santa María Zacatepec, en Juan C. Bonilla, Puebla, cuyos habitantes se organizaron para preservar el agua y salvarla de la explotación empresarial.
El 22 de marzo de 2021, fecha en la que se conmemora el Día Mundial del Agua, pobladores organizados de veinte pueblos de la región cholulteca tomaron pacíficamente las instalaciones de la planta de Bonafont, ubicada sobre la carretera federal a Huejotzingo. Denunciaron que la explotación de la empresa, propiedad de la firma francesa Danone, estaba acabando con el agua de la región. Los pobladores acusaron que se estaban secando los pozos que su comunidad usa tanto para consumo humano como para el campo, actividad a la que se dedica buena parte de Zacatepec.
Ese día fue resultado de años de organización social y del esfuerzo de distintos pueblos y agrupaciones que conformaron el movimiento Pueblos Unidos. Después de una caminata para conmemorar el Día Mundial del Agua, las denuncias se convirtieron en acciones y la planta fue tomada; los pozos de extracción fueron clausurados; y un plantón fue instalado en el inmueble. Los habitantes aseguraron que estarían ahí de manera indefinida, hasta que Bonafont se fuera definitivamente.
La defensa del agua y de la vida contra la opacidad
En varios foros y ruedas de prensa, habitantes de Zacatepec denunciaron que, desde la llegada de Bonafont —antes llamada embotelladora Arcoiris— hace más de dos décadas, los pozos se han ido secando. Algunos han quedado vacíos por completo, otros se han visto reducidos en su capacidad, de manera que ahora los pobladores sólo pueden tomar entre cincuenta y doscientos litros diarios para la casa y el campo. De acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona necesita en promedio cien litros diarios de agua; tomando en cuenta que las familias tienen, en promedio, 3.5 integrantes, doscientos litros por día no eran suficientes.
Mientras en Zacatepec —comunidad ahora conocida por el gigantesco socavón que se originó el 29 de mayo de 2021, a dos meses de la toma de Bonafont— la gente no tenía suficiente agua, de acuerdo con Lado B la embotelladora de origen francés extraía casi 591 millones de litros de agua al año, lo equivalente a cerca de 85 000 garrafones diarios.
Desde el inicio del conflicto, la empresa ha insistido mediante comunicados en medios y usando su derecho de réplica que el conflicto de escasez de agua es mucho más antiguo; que solo extra 0.09% del líquido disponible en el manto acuífero de la zona; y que el desabasto nada tiene que ver con las labores de la embotelladora.
Algo que ha quedado poco claro son los permisos con los que operaba la planta, otorgados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y por el gobierno municipal. Aunque Bonafont insiste en que tiene los documentos en regla, en mayo de 2021 personal de Protección Civil del municipio de Juan C. Bonilla clausuró la planta, explicando que tenía adeudos de pagos. Mediante solicitudes de información, la Conagua respondió que no tiene registro de permisos otorgados ni para Bonafont ni para Danone en la comunidad de Juan C. Bonilla. Por su parte, el ayuntamiento respondió el 4 de marzo de 2022:
La empresa Bonafont no recibió el otorgamiento de concesiones de explotación del agua por parte del Municipio De Juan C. bonilla; esta información se ofrece después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de las diferentes áreas administrativas de nuestro ayuntamiento; haciendo referencia que esta empresa se encuentra desahogando unos procedimientos legales ante instancias estatales y federales.
Pese a que durante los meses siguientes al inicio del plantón los integrantes de Pueblos Unidos insistieron públicamente en que estaban abiertos al diálogo, este no se concretó. Personal de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de Puebla intervino como mediador unas cuantas veces —y el gobernador Miguel Barbosa Huerta tocó el tema en algunas conferencias de prensa— pero el asunto no avanzó más. En más de una ocasión, el gobierno municipal fue señalado por mantenerse al margen y no intervenir. El campus poblano de la Universidad Iberoamericana llegó incluso a ofrecerse como mediadora para resolver el conflicto, pero las autoridades no le tomaron la palabra.
El plantón de los pobladores se mantuvo y el inmueble se convirtió en un centro cultural. Durante casi un año, el recinto fue renombrado “Altepelmelcalli” o “La casa de los pueblos”. Ahí se organizaron ruedas de prensa, encuentros, talleres de arte y cultura y sobre todo actividades para niñas, niños y familias completas. La comunidad resignificó el plantón y la toma. Apenas semanas después de haber detenido la extracción de agua de Bonafont, los habitantes de Juan C. Bonilla reportaron que el nivel de agua de sus pozos empezó a subir considerablemente. Esto se pudo constatar a través de recorridos en la zona donde arroyos antes secos o con muy poca agua tenían ya más cauce y nivel.
El futuro incierto
En la madrugada del 15 de febrero de 2022, a casi once meses del plantón, elementos de la Guardia Nacional y de la policía estatal desalojaron a quienes dormían en el campamento y tomaron nuevamente las instalaciones de la embotelladora.
A finales de mayo, Pueblos Unidos dio una rueda de prensa en el marco del primer año de la aparición del socavón, en la cual denunciaron que el alcalde de Juan C. Bonilla había autorizado a Bonafont para funcionar ahora como una distribuidora de agua purificada. Los pueblos de la región cholulteca recordaron en junio que seguirán insistiendo en que Bonafont cierre por completo, señalando que hasta ahora no se ha hecho público si la embotelladora ya tiene los permisos correspondientes.
Al momento de publicar este artículo, el futuro del agua en la región y de las actividades de Bonafont es incierto. Los integrantes de Pueblos Unidos siguen organizándose y haciendo actividades, entre ellas participando en una caravana a través de más de cinco estados del país para defender el agua y la vida, y compartiendo en foros, eventos y talleres la importancia de cuidar el territorio y el agua.
Aranzazú Ayala
Licenciada en literatura, periodista e integrante del proyecto A dónde van los desaparecidos
Lucía Vergara
Editora multimedia en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y fotoperiodista