Al cumplirse un año del sismo del 19 de septiembre de 2017, la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, junto con su equipo de trabajo tendrá que valorar si dejará pasar la impunidad que ha aflorado entre la tragedia o, por el contrario, castigará a los funcionarios, dueños de inmobiliarias y directores generales de obra, entre otros personajes, responsables de torcer los reglamentos de construcción.
No basta con giras de trabajo alrededor de campamentos para damnificados. Algunos de los responsables de las muertes, así como de que las familias perdieran su patrimonio, están prófugos o en libertad. Impunidad es el nombre del juego.
Ilustración: Patricio Betteo
El pasado martes 11 de septiembre, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó el resultado de una cobertura periodística en torno a la emergencia vivida en la capital del país aquel 19 de septiembre: ¿Por qué se cayó mi edificio? El resultado fue segmentado en 28 investigaciones sobre edificios representativos de la corrupción, la negligencia y las políticas públicas fallidas que carcomieron los reglamentos que, en el papel, hacían más segura a la metrópoli.
La cruda experiencia vivida en el terremoto de 1985 no pudo superarse. La gente aprendió a cuidarse mejor en cuanto sienten un movimiento de tierra; saben cómo salir del sitio en el que se encuentran o refugiarse en rincones menos riesgosos. Quienes han fallado han sido las autoridades durante los últimos 32 años. Quedar a salvo depende más del azar.
La impunidad es una constante en los hallazgos sobre el sismo del 19 de septiembre de 2017. Dos ejemplos:
1. El Gobierno de la Ciudad de México pagará 46 millones de pesos a los dueños de la Inmobiliaria Álvaro Obregón (propietarios del edifico colapsado en Álvaro Obregón 286) para instalar ahí un memorial para las víctimas cuando todavía hay denuncias hacia esa empresa acusándolos de haber instalado oficinas donde sólo se permitían departamentos, así como por colocar una escalera emergencia que daba hacia un patio sin salida, tener un piso de más e instalar un elevador con cuarto de máquinas, lo que aumentó sustancialmente el peso del inmueble.
La indemnización a las familias de las 49 personas que perdieron la vida en el edificio por parte de la inmobiliaria tuvo un costo de alrededor de 42 millones de pesos. Así que el dinero provisto por las autoridades capitalinas será suficiente y hasta podrían quedarse con cuatro millones de pesos.
2. En Bretaña 90, la vieja casa que existió en la colonia Portales se transformó en unos cuantos meses, de manera ilegal, en un edificio de seis pisos que cayó el 19 de septiembre de 2017. Ahí murió Alitzy Judith Carrillo Quintero, joven de 19 años que días antes había sido contratada para labores de limpieza.
La compañía Dijon GP era la propietaria del inmueble manejado por los hermanos Daniel y Clemente Estrada. Actualmente, ya con el terreno limpio, rentan el espacio como estacionamiento público y, por si fuera poco, el predio ya está a la venta.
A la presentación de la cobertura de MCCI fue invitado el equipo de la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum. Nadie asistió. Quizá no entendieron la importancia del tema, pero digámoslo de manera suscita: pudieron encontrar el rastro claro de quienes tienen responsabilidades por los muertos y la pérdida de patrimonios. Esto no fue una cacería de brujas; las revelaciones están respaldadas por cientos de archivos y documentos conseguidos por los reporteros y las periodistas de MCCI.
También habría sido interesante su presencia para que valoraran la posibilidad de transparentar, por ejemplo, los usos de suelo o las licencias de construcción de los edificios nuevos. Por ejemplo, que las inmobiliarias sepan que si levantan pisos de más a los permitidos eso será público. Que las constructoras consideren que si rentan para oficinas un inmueble destinado sólo para viviendas van ser exhibidas.
Daniel Lizarraga
Reportero desde 1993 en diarios, revistas y estaciones de radio en México. Actualmente reportero en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Twitter: @danliza
Pues si existe la voluntad de hacer las cosas bien, la nueva jefa de gobierno puede poner a trabajar a los verificadores de Protección Civil o un cuerpo creado exprofeso para verificar usos de suelo, tan simple como asomarse a la ventana, y ver grandes edificios donde por simple curiosidad se debe uno preguntar ¿ allí deben construir edificios de mas de 30 pisos ? In claro ejemplo de colonias con problemas de suministro de agua ( Lago Alberto y Marina Nacional ) ¿ como le hizo la constructora para edificar edificios tan altos ?….zona polanco….benito Juárez etc….y allí se vera que paso con la ciudad, la corrupción ha dicho AMLO es el problema de muchas cosas y por primera vez estamos de acuerdo…¿ que pasara cuando se deseque el lago Nabor Carrillo y se le quite sustentabilidad al suelo de la ciudad en caso de sismos ? La corrupción y el billete esta antes que la seguridad, ambiente y ecología de cualquier parte del país.