El polémico viaje a Japón de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, y su carta de justificación han traído a la discusión pública un problema que va más allá de este episodio en específico: la opacidad sistémica con la que se maneja el régimen y la falta de transparencia en el uso de recursos por parte de los partidos políticos.
Los partidos, además de ser entidades de interés público, son sujetos obligados de la Ley General de Transparencia de acuerdo con la Constitución. Esto tiene una implicación muy sencilla, pero poderosa: toda su información, incluida la financiera, debe ser completamente pública y accesible para cualquier persona. En particular, los salarios de los funcionarios partidistas deberían ser uno de los puntos mínimos a transparentarse.
La ley mandata que la información sobre las remuneraciones de los dirigentes partidistas debe encontrarse disponible y actualizada tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), como en los sitios web oficiales de los partidos. No es posible encontrar el dato sobre la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, ni de la secretaria ejecutiva del Partido Verde, Pilar Guerrero Rubio. En el caso del PRI y el PT, sus dirigentes nacionales sí tienen información actualizada en la PNT, pero tanto Alejandro Moreno como Alberto Anaya reportan recibir cero pesos al declarar que su cargo es honorífico. Sólo los dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) reportan tener ingresos por sus cargos, con Jorge Romero percibiendo 85 705 pesos mensuales netos y Jorge Álvarez Maynez, 94 907.
Tabla 1. Salarios de las dirigencias nacionales de los partidos políticos, 2025
Lo mismo sucede con los funcionarios homólogos de Andrés Manuel López Beltrán. Morena no transparenta la información sobre su remuneración, así como el Partido Verde no lo hace con el secretario de Organización, Francisco Elizondo Garrido. El Comisionado Nacional de Organización del PT reporta que su cargo es honorario y no recibe remuneración alguna. Por último, los funcionarios equivalentes del PRI, MC y PAN reportan que sus salarios en 2025 son de 24 730 mensuales para Jorge Armando Meade Ocaranza, 63 410 para Sofía Castro Guerrero y 68 607 para Juan Carlos Martínez Terrazas, respectivamente.
Tabla 2. Salarios de las secretarías de organización (o equivalentes) de los partidos políticos, 2025
Para conocer el sueldo que “Andy” López Beltrán cobra del erario, en estos momentos la única alternativa es aproximarse mediante la remuneración que recibía quien lo antecedió en el mismo cargo. En este caso, la Secretaría de Organización del CEN de Morena en 2024 estaba ocupada por el ahora diputado federal José Alejandro Peña Villa. La PNT indica que recibía 67 000 pesos netos al mes. Quizá si el actual funcionario de Morena hubiera transparentado su remuneración partidista, que equivale a 8 salarios mínimos, una parte de las críticas podrían haberse matizado porque con esos ingresos no es imposible costear varias noches de hotel de 7 500.
Imagen 1. Último dato disponible del salario de la Secretaría de Organización del CEN de MORENA
La obligación de los partidos políticos de publicar los salarios de sus funcionarios, así como el uso que le dan a los recursos públicos, está vigente de manera expresa desde la reforma constitucional de 2014. En caso de que estos datos no estuvieran disponibles o fueran negados a una solicitud de información, existía la posibilidad de inconformarse ante el INAI. Sin embargo, esto ha cambiado a partir de las reformas del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Tras las modificaciones que desmantelaron al INAI, la obligación de garantizar el derecho de acceso a la información se atomizó. La institución denominada como Transparencia para el Pueblo, que ahora está subordinada a la Presidencia, únicamente tiene jurisdicción sobre las instituciones del propio Poder Ejecutivo Federal. Es decir, no tiene injerencia alguna sobre el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las instituciones autónomas como la Fiscalía General de la República o la CNDH. Tampoco sobre otros sujetos obligados de transparencia como los sindicatos y los partidos políticos.
Ahora, las instituciones se han convertido en juez y parte de su propia opacidad, ya que los recursos de inconformidad y las denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia serán resueltas por oficinas dentro de las mismas dependencias. En un estudio realizado por MCCI tratamos a profundidad el caso del Poder Legislativo y la falta de transparencia de sus contratos, donde las Contralorías Internas de cada cámara serán quienes resolverán los asuntos que antes atendía el INAI. Para el caso de los partidos políticos, el nuevo órgano garante de nuestro derecho de acceso a la información será el Instituto Nacional Electoral (INE).
Esta nueva responsabilidad entró en vigor a partir del 19 de junio de 2025, cuando se cumplió el plazo establecido en la nueva Ley General de Transparencia para dicha transferencia de obligaciones. Estamos apenas en el inicio del funcionamiento de un nuevo sistema en el que las responsabilidades se han diluido y donde la vigilancia sobre las instituciones será todavía más complicada para la ciudadanía, pues este cambio a nivel federal también se replicará en las entidades federativas, por lo que terminaremos con casi 300 autoridades garantes de transparencia.
La opacidad de los salarios de los dirigentes de los partidos políticos es sólo la punta del iceberg de un nuevo modelo de transparencia en donde la bolita de la responsabilidad sobre la falta de transparencia se aventará de un lugar a otro. En este caso, el INE es la autoridad que debería garantizar la transparencia total de los partidos y quien debería actuar ante denuncias como las que se hacen en este texto.
Mientras tanto, todo parece indicar que tendremos que comenzar a acostumbrarnos a que información que antes dábamos por sentado que debía publicarse porque la ley así lo mandata, será cada vez más difícil de encontrar o desaparecerá por completo. Esto también nos llevará a que la opacidad tenga cada vez menos consecuencias, al menos hasta que no encontremos la manera de volver a hacer efectiva la exigencia por la transparencia absoluta de todo lo que hacen los funcionarios públicos y los partidistas con nuestro dinero.
El autor agradece la colaboración de Amaranta Villa Sánchez.
Leonardo Núñez González
Analista político y director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.