
Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas pusieron al sistema financiero nacional bajo una lupa internacional. Esto evidenció las complejas relaciones entre el narcotráfico y la economía global.
El 25 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro sancionó a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector. Según las acusaciones, estas facilitaron la compra de precursores de fentanilo para los cárteles. A pesar de las señales de alerta sobre la caótica administración Trump, las autoridades mexicanas parecían no estaban preparadas.
Las sanciones , están interconectadas a un complejo sistema de medidas económicas, comerciales y de seguridad tomadas por la administración Trump. Esta cadena arrancó con una de las acciones más controversiales: la declaración de los carteles en México como organizaciones terroristas.
Las políticas del gobierno de Estados Unidos representan un desafío para el gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha tenido que adaptar su agenda a las nuevas prioridades bilaterales. Pero ¿el segundo piso de la Cuarta Transformación realmente está ofreciendo resultados contundentes en el combate al crimen organizado? Las sanciones a estas instituciones financieras podrían convertirse en un fuerte indicador de la infiltración del narcotráfico y apuntar hacia una gestión insatisfactoria del lado mexicano.
¿Qué ha sucedido hasta la fecha?
El 20 de enero, durante su toma de protesta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a los cárteles como organizaciones terroristas globales. Esta decisión le otorgó al Departamento del Tesoro facultades para desarticular sus estructuras.
El 25 de junio se anunciaron sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector, las primeras bajo la ley FEND OFF Fentanyl Act, aprobada en 2024. Esta ley permite al Departamento del Tesoro sancionar instituciones extranjeras con base en motivos fundamentados.
De acuerdo con las sanciones, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia habían detectado la triangulación de transferencias para la compra de precursores de fentanilo ligados al Cártel del Golfo, el Cartel de los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El Gobierno Mexicano respondió con la intervención temporal de las tres instituciones mediante la CNBV. Sin embargo, esta medida buscaba evitar una crisis de solvencia causada por el congelamiento de activos, más que atender las acusaciones de colusión con el crimen organizado.
El 27 de junio, Claudia Sheinbaum afirmó que Estados Unidos no notificó a la Secretaría de Hacienda, ni compartió evidencia sobre las acusaciones. Pese a un momento inicial de inacción, donde la Unidad de Inteligencia Financiera declaró que actuaría con todo el peso de la ley, cuando se presentara la evidencia pertinente, arrancaron una investigación que derivó en sanciones adicionales sobre las políticas de prevención de lavado de dinero por parte de los bancos y que alcanzaron a otros bancos mexicanos.
El 26 de junio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervinó temporalmente a las tres instituciones. El 30 de junio, CIBanco enfrentó otro golpe: fue expulsado del sistema internacional de transacciones VISA.
El 9 de julio, FinCEN anunció la suspensión de las medidas y prorrogó la entrada en vigor de las sanciones hasta el 4 de septiembre. Finalmente, el 19 de agosto, CIBanco demandó a la agencia estadounidense por dañar su credibilidad. Horas más tarde, FinCEN anunció una nueva extensión del plazo para prohibir transferencias hasta el 20 de octubre.
Aunque parecía que el Gobierno de México avanzaba con acciones contundentes para presionar al sistema financiero y coordinar un frente común con las autoridades estadounidenses, lo cierto es que estas se hicieron frente a la posibilidad de un nuevo paquete de aranceles. El 12 de julio, la administración Trump mandó una carta a Sheinbaum denunciando que los resultados en materia de seguridad fronteriza y binacional no habían sido suficientes y a partir del 1° de agosto, entraría un arancel generalizado del 30 por ciento. Sin embargo, un día antes de que entrara en vigor, Trump y Sheinbaum tuvieron una llamada telefónica y anunciaron una nueva prórroga de 90 días.
Los aranceles como herramienta de seguridad nacional
El 16 de julio, Trump firmó un nuevo paquete de funciones establecidas en la ley HALT Fentanyl, al tiempo que declaraba que los carteles mantenían un “tremendo control” sobre el Gobierno de México. Esto ocurrió en medio del escándalo de las acusaciones en contra de un cercano colaborador del coordinador de los senadores de Morena. Adán Augusto López, durante su gubernatura de Tabasco por narcotráfico. Las acusaciones de Trump ganan fuerza política y se ejecutan a través de una estrategia comercial que ha generado incertidumbre en los mercados mexicanos.
La banca en México ya resentía la volatilidad de los aranceles; no obstante, el golpe de las sanciones del Departamento del Tesoro ponía el dedo sobre la llaga de un tema urgente, que parecía no haber sido el centro de atención en el combate al crimen organización: el rol del sistema financiero en la facilitación de las actividades del narcotráfico en México.
El presidente entrante de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, fue un elemento crucial en la negociación con las autoridades estadounidenses para suspender temporalmente las medidas contra los bancos mexicanos. En su posicionamiento, Romano enfatizó la fortaleza del sistema financiero y rechazó que hubiera otros bancos involucrados, al mismo tiempo, que confío en las medidas adoptadas por el Gobierno de México para el fortalecimiento de las medidas contra el lavado de dinero.
Sin embargo, en este punto es pertinente preguntarse si las autoridades estadounidenses considerarán que estas nuevas actividades son suficiente para atender el tráfico de fentanilo.Es innegable que la actual administración estadounidense es voluble, inconsistente y desorganizada. Pero, dejando de lado su postura centrada en la falta de cooperación para un frente común de acción, los reflectores apuntan hacia los nuevos puntos de la lucha contra el crimen organizado de la administración Sheinbaum.
¿Abrazos, no balazos?
La expresión popularizada por el presidente López Obrador haciendo referencia al fin de la guerra contra el narco para “atender la violencia desde las causas” es el punto más alto de referencia sobre la estrategia de seguridad y pacificación de la Cuarta Transformación. Pero en términos prácticos, las fuerzas armadas no regresaron a los cuarteles y la Guardia Nacional se mantiene como un cuerpo militarizado.
Claudia Sheinbaum ha cambiado la estrategia de seguridad de López Obrador, para enfocarse en la generación y uso de inteligencia para desarticular redes criminales. Un ejemplo es la Operación Enjambre en el Estado de México de noviembre del año pasado, dirigida a frenar la expansión del crimen organizado a nivel local. Un esquema con mayor énfasis en la inteligencia, la investigación y las “intervenciones quirúrgicas” sugieren un enfoque frontal hacia la desarticulación del crimen organizado que puede traducirse en la supervisión del sistema financiero.
La expansión de las drogas sintéticas, como el fentanilo, se debe a su alta rentabilidad. Según la DEA, su producción y tráfico generan mayores ganancias que la heroína. Las operaciones del crimen organizado sólo han sido posibles a través del lavado de dinero y de la incorporación de flujos de dinero ilícito en los canales del comercio internacional para acceder a los insumos necesarios para la producción.
¿Cómo hacer frente a una problemática global?
Las acciones del Gobierno de México merecen ser analizadas desde una perspectiva internacional, donde existe una responsabilidad compartida sobre la supervisión de transacciones y el tráfico de precursores creadas a partir de una compleja red logística y financiera. Las obligaciones del sector privado en materia de prevención de lavado de dinero siguen siendo centrales. En este marco, las políticas globales de cumplimiento son centrales para asegurar el combate al terrorismo y al crimen organizado. La naturaleza integrada del sistema financiero global, en el que participan los bancos mexicanos, vuelve necesario un mayor esfuerzo colectivo de acción sobre el combate al lavado de dinero.
Frente a un escenario complejo donde los carteles no responden únicamente a una designación territorial limitada, la respuesta obvia podría apuntar a los mecanismos de gobernanza global. Esto quiere decir ofrecer una resolución de acuerdos para acción conjunta. Paradójicamente, aunque Trump promete combatir a los cárteles, su administración debilita los consensos internacionales necesarios para enfrentar problemas globales. La única medida que pareciera considerar ahora el gobierno estadunidense es la amenaza de aranceles para la coerción.
La administración Sheinbaum busca un acuerdo con Trump para reducir las tensiones económicas y de seguridad. Aunque los términos aún no están claros, existe la oportunidad de tomar medidas efectivas contra las redes del crimen organizado. Aún está por definirse qué acuerdos se alcanzarán con respecto al sector financiero y las instituciones bancarias, pero es posible implementar acciones efectivas que rompan las cadenas que sostienen al crimen organizado.
El combate al crimen organizado y al lavado de dinero requiere no solo medidas nacionales efectivas, sino también una cooperación internacional sólida. Sin embargo, mientras prevalezcan estrategias unilaterales y tensiones diplomáticas, el camino hacia una solución integral seguirá siendo incierto.
Alberto Moreno Carmona
Consultor de Asuntos Públicos en Burson México para los sectores financieros, industria pesada y sostenibilidad. Miembro del Comité Directivo de la Red Latinoamericana y Caribeña por un Sistema Financiero Sostenible. Asesor en Finanzas Sostenibles para YounGO.
Este texto forma parte de una colaboración entre Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (PJCOMEXI) para el blog Desarmar la Corrupción.