México tiene hambre y sed de justicia; a eso se reduce bien vista, la historia de México. En esos dos renglones quedan descritos, aclarados y explicados los siglos que pasaron, la época presente y la etapa de reparación que reclama de modo imperioso el porvenir.
—Justo Sierra, Debates sobre la Reforma Judicial. Congreso de la Unión, 1893.
Para hablar de justicia en México es necesario reflexionar sobre la realidad que enfrentamos en el presente, pero también es indispensable revisar nuestra historia como nación, que no es ajena a las injusticias; por el contrario, se ha forjado a partir de ellas. Ante el cambio de régimen que representa la autodenominada —y ahora consolidada— Cuarta Transformación, resurgen añejos debates sobre la justicia en nuestro país y la posibilidad de construir un futuro distinto.
La propuesta presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador contiene un diagnóstico certero sobre varios de los problemas y retos del Estado mexicano en términos de cómo se imparte justicia y respecto a la estructura del sistema que se ha diseñado durante los últimos treinta años. No obstante, lejos de ofrecer alternativas para atender la exigencia de acceso a la justicia de millones de víctimas, la propuesta se limita a ser una reforma política al Poder Judicial que modifica el proceso para designar juzgadores, pero que no cambia de fondo la manera de hacer justicia.
Esta distinción es importante, pues las estructuras que hoy existen no son necesariamente el único obstáculo, sino una parte de un problema mucho más amplio que encuentra su raíz en un Estado debilitado y deslegitimado frente a la desbordada violencia, inseguridad, corrupción, sufrimiento y deshumanización que ocurre todos los días en nuestro país.
Es necesario destacar que, en estos últimos 30 años, el marco jurídico nacional ha vivido una reingeniería tanto en su estructura como en su espíritu. Las reformas a la Constitución trazan y mantienen viva la ruta de nación que aspiramos a seguir y que hoy asume como obligación indisoluble respetar y garantizar los derechos reconocidos en la Constitución misma y en los Tratados Internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Esta evolución hacia una concepción de la justicia centrada en la dignidad de las personas es un avance innegable y ha posicionado a México en la vanguardia del ámbito legal.
Con todo, reconocer los avances logrados a partir de la apertura democrática y política de finales del siglo XX no exime a los tribunales de su lentitud a la hora de resolver casos ni de su tendencia a privilegiar lo legal sobre lo justo. Pero la iniciativa del Ejecutivo pretende centrarse en la legitimidad de los órganos jurisdiccionales como el punto central del debate, aún cuando el problema no proviene del método de designación de sus jueces, sino de los fallos de estos últimos. La legitimidad no se otorga, sino que se gana.
La exposición de motivos de la iniciativa presidencial cita el caso de Suiza como un ejemplo para justificar la votación directa de juzgadores. Pero su descripción del caso suizo simplifica uno de los sistemas políticos más complejos y democráticos del mundo (la cita de la exposición de motivos es equivocada, pero el texto al que refiere vale la pena ser revisado). En Suiza los jueces federales no son electos por votación popular, como pretende señalar el texto de la iniciativa. Sólo algunas cortes de primera instancia a nivel cantón —equivalente en México a los jueces estatales de primera instancia— funcionan con jueces electos de entre candidatos propuestos por la ciudadanía.
En otros puntos, la exposición de motivos ofrece argumentos contra su propia propuesta. Existe, por ejemplo, una referencia al caso de Estados Unidos, aludida por Fernando Escobar y Alfio Russo en el texto citado arriba:
En la mayoría de los casos los jueces son reelegibles, lo que puede generar problemas de independencia, pues muchas veces, con miras a ser reelegidos, toman decisiones sesgadas que coadyuven a su reelección. De hecho, los estudios han demostrado que los jueces tienden a ser más severos en sus sentencias penales -incluida la imposición de pena de muerte con mayor frecuencia- en el año anterior a su reelección, a fin de satisfacer las expectativas de la opinión pública.
Uno de los principales argumentos de la reforma es democratizar al Poder Judicial para dotarlo de legitimidad. Sin embargo, el modelo planteado por la iniciativa deja de lado a la ciudadanía. Nos obligaría a elegir entre candidatos propuestos por el poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados, el Senado y la Suprema Corte. Esto deja al arbitrio de los partidos y de la actual judicatura la elección de candidaturas. El resultado apunta a que solo profundizará la ya lamentable partidización de la impartición de justicia en el país.
En el proceso de selección de las candidaturas, la propuesta de reforma convierte al Senado en juez y parte. Esta Cámara podrá verificar que los candidatos cumplan con los requisitos de elegibilidad y, además, se encargará de publicar los resultados de la elección. Esta situación resultará a mediano plazo problemática pues genera un desbalance en la distribución equitativa entre poderes.
No se puede dejar de subrayar que los tribunales federales conocen exclusivamente una determinada lista de asuntos señalados en los artículos 104 y 105 de la Constitución. En contraste, el mayor volumen de asuntos que afectan la vida diaria de las personas los revisa la justicia estatal. Por ello, la reforma que se plantea no tendrá ni el impacto ni los beneficios esperados y, por el contrario, retrasará aún más las posibles soluciones a los grandes problemas que nos aquejan como sociedad.
Desde luego es necesario revisar los filtros y candados constitucionales establecidos actualmente para la elección de muchas posiciones jurisdiccionales. No obstante, estos mecanismos no se han desvirtuado exclusivamente por el actuar de los jueces y juezas, sino primordialmente se ha debilitado porque tanto el Ejecutivo como el Senado han privilegiado perfiles ligados a actores e intereses políticos cuando era su obligación elegir a los perfiles más aptos del país.
La discusión que debemos tener en el país trasciende al Poder Judicial, pues no es secreto que México requiere cambios profundos para aspirar a ser el país que todas y todos sabemos que puede ser. Disolver materialmente un poder para sustituirlo por otro sin atender las bases del problema será cambiar todo para no cambiar nada.
La justicia mexicana necesita revalorar la Constitución a través de un verdadero acuerdo social que sea respetado, respaldado y protegido por la ciudadanía, de modo que se evite ser cooptado por agendas partidistas o de otros grupos de poder. Ojalá que la nueva administración, ante la consolidación de este nuevo modelo democrático que pretende impulsar la coalición mayoritaria, estructure una propuesta integral, sensata y posible que nos acerque al país que queremos. Que considere lo que somos hoy, recordando quienes fuimos ayer y que nos permita visualizar nuevos futuros posibles.
Jesús A. Alonso Olamendi
Abogado por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y Maestro en Teoría Legal y Política por la Universidad de York en Reino Unido.