Quintana Roo destacó en la última administración por sus sofisticados sistemas de desfalco al erario y a la sociedad. La mayor fama que alcanzó Roberto Borge fue producto no sólo de los niveles de impunidad y corrupción que se vivieron en el estado, la cooptación de la prensa —que incluyó millones en pagos— sino también por ejemplos increíbles como la clonación de ejemplares de la revista Luces del siglo, que colocaron nuestra realidad a nivel de novela surrealista.
Ilustración: Víctor Solís
La implementación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) va retrasada con relación a muchos estados del país; sin embargo, no deja de ser un logro para el estado estar a un mes de que se complete la instalación pública del SEA. Quintana Roo en los dos últimos años ha estado saliendo de una de las administraciones más corruptas del país, con una transición todavía compleja que ha detonado una gran cantidad de violencia, y está a punto de entrar a otro proceso electoral que puede golpear la precaria estabilidad del estado y la esperanza de los ciudadanos.
La coyuntura electoral de 2016 retrasó todos los trabajos de armonización de las leyes del SEA. El estado vivió su crisis política más crítica que terminó en la alternancia de partidos. En un intento desesperado por proteger a los suyos, la XIV legislatura realizó un paquete de reformas y nombramientos que aseguraban tapaderas para cubrir los saqueos.
Antes de irse, y en ocasiones bajo resguardo de la gendarmería, se ratificó la presidencia del Instituto de Acceso a la Información; se nombraron magistrados —uno de ellos, el mismo que redactó los documentos jurídicos conocidos como el paquete de impunidad—; se entregaron notarías; se aprobaron leyes “anticorrupción”; se aprobó nueva deuda, y se consolidó un paquete de protección para las administraciones pasadas y sus miembros.
Revertir este paquete fue prioridad para la XV legislatura, así como los procesos de entrega recepción y aprobación de cuentas municipales. Durante ese periodo, la armonización del SEA pasó a segundo plano, ya que medir el tamaño el boquete y prevenir el colapso del estado era prioritario.
Fue hasta el 15 de diciembre de 2016 cuando se instaló la comisión anticorrupción y se tuvieron trabajos aislados con la sociedad civil, con apertura por parte de los integrantes de la comisión, pero sin una metodología que permitiera saber qué pasaba con las propuestas ciudadanas. Las leyes modelo emitidas en el seno de la CONAGO y con apoyo de organizaciones de la sociedad civil nacionales sirvieron de excusa para prevenir muchas discusiones locales. Así mismo, el pretexto de que se pudiera emitir un recurso de inconstitucionalidad evitó que el diálogo fuera profundo.
Ciudadan@s por la Transparencia, junto con la legislatura, convocó a un taller de parlamento abierto impartido por Fundar, donde participaron también asociaciones locales como el Observatorio Legislativo de Quintana Roo y Coparmex Chetumal.
La legislatura hizo un esfuerzo por implementar procesos de parlamento abierto, creó un micrositio, subió la información y convocó varias veces a la ciudadanía, sin embargo, no hubo una sistematización estructurada de las inquietudes. Aunque algunas fueron mencionadas en los trabajos previos a la aprobación en pleno, faltaron reuniones de trabajo para revisar los dictámenes antes de su aprobación.
La última ley que la ciudadanía demandaba como parte de las leyes anticorrupción era la de participación ciudadana, ya que, en lo local, ésta permitiría una incidencia real en la creación de las políticas públicas y decisiones que afectan directamente nuestras vidas, así como su monitoreo para prevenir las fugas de recursos. Sin embargo, no se incluyó y se discutió al vapor en abril, sin incluir temas fundamentales para prevenir la corrupción local, como la apertura total del cabildo.
Iniciar una consulta en lo municipal es crucial para la prevención de abusos en el manejo del suelo, que para Quintana Roo es importantísimo por el valor de su tierra que atrae inversiones millonarias. Así mismo, aun habiendo señalado la importancia de simplificar los procesos, la legislatura optó por poner candados para que la sociedad lleve temas a la agenda pública, con requisitos que la tecnología podría sustituir fácilmente.
La premura en esta última ley tiene que ver con la necesidad de destrabar de una forma legítima el conflicto entre taxistas y plataformas que ofrecen el servicio, y no la necesidad de promover espacios de participación ciudadana que permitan la reducción de la corrupción. Lo que explica la falta de interés de ir a profundidad para mejorar nuestro sistema democrático y fomentar realmente la apertura gubernamental y parlamentaria.
De igual manera, no hubo rendición de cuentas sobre lo que sí se incluyó o no en la ley. Estos ejercicios son fundamentales para prevenir la frustración y apatía de la sociedad civil, cuyos miembros no vieron sus propuestas reflejadas. Más allá de los cambios que podrían haber tenido las leyes, lo que se perdió en la armonización del SEA fue la posibilidad de socializar el tema con mayor número de actores, permitiendo así que el proceso de creación y negociación de las leyes se volviera un ejercicio colectivo de aprendizaje y consenso, y no sólo un documento que a la mayoría le es ajeno.
En las leyes, quitar la prerrogativa de nombramientos por parte del estado fue algo que no se incluyó, a pesar de la solicitud de la sociedad civil organizada. Se pidió que fuera el Comité de Participación Ciudadana (CPC) o la comisión de selección quienes diseñaran los procesos de selección de miembros del SEA, como los magistrados, la fiscal anticorrupción y el auditor. Como resultado de esta omisión, cada uno de los nombramientos ha sido denunciado por su falta de apertura o transparencia en el proceso. Además, que algunos miembros del SEA hayan sido parte de las administraciones anteriores levanta sospechas sobre su integración.
También preocupa la simulación y la no adopción del sistema por parte de las autoridades. Algunos parecen insensibles a la necesidad de cambio. Por ejemplo, la elección de la fiscal se hizo en tiempos mucho menores a los que preveía la ley y sin haber socializado a los contendientes. Una abogada postulada por varias fracciones parlamentarias no llegó a la terna del gobernador sin explicación a la sociedad. Se eligió a quien fuese vicefiscal del actual fiscal poniendo en duda su autonomía.
Si bien los designados no son necesariamente malos perfiles, la falta de compromiso en modificar los procesos para asegurar transparencia y apertura no ayudan ni remotamente a cambiar la percepción de corrupción. La forma, a veces, también es fondo.
En cambio, la comisión de selección mostró voluntad al abrir la convocatoria a todos los municipios, visitando todos, y con una extensa difusión en medios y participación en asociaciones y grupos de interés para fomentar la inscripción. Con ello, se inscribieron cuarenta personas de las que quince fueron entrevistadas y cinco seleccionadas en votación ante medios de comunicación y los postulantes que asistieron.
La misma comisión también gestionó una partida en la ley de egresos, de seis millones de pesos, pensados para la cobertura de honorarios y costos de arranque, la creación de una página web, viáticos —los integrantes son de diferentes regiones del estado—. Queda por verse si los recursos serán entregados y si pueden ampliarse para cubrir las necesidades de la Secretaría Ejecutiva.
El CPC, conformado por dos mujeres y tres hombres, apenas arrancó labores hace dos días y está a la expectativa de la apertura que existirá por parte de esta administración. Uno de los grandes retos será establecer el diálogo, entre nosotros, con las autoridades y con miembros de sociedad civil. El comité coordinador tiene perfiles fuertes, algunos de ellos han mostrado voluntad de trabajar con la ciudadanía y que podrían ser grandes aliados para asegurar un buen arranque.
Quintana Roo está construyendo una sociedad. En el CPC confiamos en que la sociedad civil nos apoyará y creemos este podrá ser uno de los pilares que construya nuestra identidad como estado. Creemos que entre todas y todos podremos recuperar nuestras instituciones, que juntos podemos transformar nuestra forma de relacionarnos para convertirnos en un país donde la honestidad y sentido de comunidad nos regrese el derecho a soñar y construir esos sueños sin que nos roben los recursos en el camino.
Cynthia Dehesa
Directora de Ciudadan@s por la Transparencia y miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo
Twitter: @CynthiaDehesa