Obradorismo y Trumpismo recibieron en 2024 un segundo mandato al frente de México y Estados Unidos, respectivamente. Ambas corrientes políticas habían hecho de la austeridad uno de sus ejes clave en su primer mandato. Ya en este espacio, Raquel López-Portillo Maltos exploró cómo esta austeridad se tradujo en estos países, y en Argentina, en una herramienta de control político y reducción de las capacidades del Estado. En los siguientes párrafos exploraremos un nuevo paralelo, novedoso en estos segundos periodos, que se da a través de la incorporación de la agenda de digitalización de los trámites y operación gubernamental en pos de la eficiencia. En México, prometiendo una vez más eliminar la corrupción; y, en Estados Unidos, acabar con el “gasto despilfarrador”. Ambas agencias, lideradas por un ‘gurú’ digital propio: en el caso mexicano por el ex activista que ya tuviera un rol similar en el Gobierno de la Ciudad de México, José Antonio Peña Merino —conocido por su alias de redes sociales Pepe Merino— y en el caso estadounidense, por el multimillonario Elon Musk.
La digitalización gubernamental, en sí misma, puede ser parte de una agenda democratizadora. El recién salido gobierno alemán de la coalición semáforo —Socialistas, verdes, liberales— cuyo eslogan era “Atrévete a innovar” incorporó un ministerio de digitalización bajo el liderazgo de los liberales, partido tradicionalmente bisagra en las formaciones de coalición de ese país. Dicho ministerio continúa en la nueva coalición de gobierno para 2025. Quizás la mayor distinción de la digitalización alemana es que es reconocida como un proceso social complejo que integra aristas como la economía, la educación e incluso la agricultura. La digitalización alemana tiene base en el proceso de preparar a la sociedad en su totalidad para los nuevos retos de una economía cada vez más integrada, así como el rol de ciudadanos y empresas en el mismo, mientras que reconoce y prepara a la población para los riesgos de ataques digitales.
El proceso de la creación de la Agencia de Eficiencia Gubernamental —DOGE, por sus siglas en inglés— y de la Agencia de Transformación Digital —ADTD— se distingue en ambos casos por centrarse en un discurso de eficiencia y simplificación de los trámites gubernamentales. Es decir, es una organización top-down, sin la inclusión de otras fuerzas políticas en su configuración, como en la experiencia alemana, sino de la sociedad en general a través de la formación necesaria para adaptarse a estos procesos de manera que los cambios implementados no traigan problemas de acceso a las tecnologías y sean en beneficio de las mayorías
A la par que ambas agencias impulsan la simplificación gubernamental, esta es instrumentalizada para desmontar los controles sobre el abuso de poder. Por un lado, Trump se encargó de despedir a 17 inspectores generales y 25 agencias de vigilancia a nivel federal. En México, Morena impulsó una nueva ley general de transparencia regresiva que dificulta el acceso a la información pública.
El llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental ha impulsado la digitalización de trámites y la redirección del gasto público. Estas medidas pueden acarrear una evidente complicación para muchas personas de grupos de edad avanzada, quienes tendrán dificultad de manejar sus trámites de manera digital, en lugar de como lo han hecho a lo largo de su vida. A eso, hay que agregar la dificultad del acceso a plataformas electrónicas en muchos lugares del país. En Estados Unidos, la digitalización impulsada por DOGE ha sido criticada por poner en riesgo los datos personales de los ciudadanos y dificultar el acceso a los trámites más básicos.
En México, la Red por la Defensa de los Derechos Digitales ya señaló problemas con este mismo tipo de procesos, como el reciente hackeo de la plataforma trabajaen.gob.mx. Asimismo, medidas como la Llave CDMX, que vulneraron la información pública de los habitantes de la capital durante la gestión de Sheinbaum, ahora será replicada a nivel federal.
El magnate Musk se ha beneficiado de la introducción de estas herramientas tecnológicas en el gobierno de Estados Unidos a través de contratos públicos. Al 29 de abril, el Washington Post estimaba que al menos ¡38 mil millones de dólares! en contratos públicos estaban en manos de alguna de sus distintas compañías. Ante este hecho, la asociación civil Ciudadanos por la responsabilidad y la ética —CREW por sus siglas en inglés— presentó una demanda ante la Suprema Corte de Estados Unidos para establecer el rol de DOGE como una agencia oficial de gobierno y someterla a las leyes y códigos de conducta propios del servicio público. Estos cuestionamientos sumados a las limitaciones legales para empleados especiales del gobierno a trabajar solo durante un periodo limitado, así como la desavenencia de intereses —en particular el impulso de a acabar con los créditos a los automóviles eléctricos—, entre otros desencuentros con el presidente Trump, finalmente provocaron la salida de Elon Musk del gobierno.
El divorcio entre Trump y Musk develó muchos de los problemas de este modelo de relación entre magnates y los líderes de regímenes populistas. Estados Unidos permite el financiamiento privado de campañas y desde la sentencia Citizens United, a través de organizaciones conocidas como Comités de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) ha crecido de manera desmedida la capacidad de los ciudadanos más acaudalados para financiar carreras políticas. Por eso es que un afligido Musk reclama a Trump la inversión multimillonaria en su campaña: “Sin mi, no habrías perdido la elección”. Trump respondió con la amenaza de cancelar los millones de dólares de contratos públicos a Space X y Tesla. Esto, sin embargo, es mucho más grave que una simple desavenencia tradicional entre dos hombres de poder.
Los próximos proyectos de exploración espacial de la NASA se ven amenazados, así como la infraestructura de seguridad del Pentágono. La privatización de la exploración espacial ha hecho depender a la mítica agencia estadounidense de los vehículos y cohetes propiedad de Musk. Lo mismo sucede con la defensa militar de Estados Unidos de su infraestructura satelital. Para bien o mal, el pleito llegó rápidamente a su fin: tras una llamada telefónica, Musk se retracta de todas sus críticas contra Trump y parece que el asunto llega a su fin. Queda a la ciudadanía preguntarse si el acceso de Musk a información privilegiada, la dependencia de la administración a los servicios de sus empresas, influyeron en frenar cualquier vendetta del mandatario estadounidense contra el multimillonario de origen sudafricano.
De vuelta a la comparación con México, la situación prende las alarmas para la manera en que nuestra administración conduce sus relaciones con el sector empresarial. Ya antes, Leonardo Núñez Gonzalez advertía en el Plan México más que una congruente política industrial, un mecanismo para controlar e institucionalizar la corrupción.
Si bien el titular de la ATDT mexicana se distingue de Musk por no ser un magnate y no haber invertido en la campaña de la presidenta Sheinbaum, lo que sí resulta cuestionable es la concentración de poder en esta agencia. Esto es particularmente cierto después de la aprobación de las nuevas leyes en materia de telecomunicaciones, de eliminación de trámites burocráticos y de desaparición forzada. Nuestra información está en las manos de un titular, Peña Merino, que no pasó por el escrutinio del Senado de la República como lo hacen funcionarios como el titular de Seguridad Pública o el Fiscal General.
Es innegable que a ambos lados de la frontera, en nombre de la eficiencia y una supuesta simplificación digital, los gobiernos están erosionando al Estado, al dificultar el ejercicio de derechos y vulnerar la seguridad digital de la ciudadanía. La digitalización es parte inaplazable del progreso, pero tiene que darse de mano de la sociedad. Para ello, es necesario implementar modelos de capacitación e integración, integración de la iniciativa privada y establecer fuertes mecanismos de fiscalización, como sucede en el caso alemán. De otro modo, la tecnología se convierte en una herramienta al servicio discrecional del poder.
Saul Vazquez Torres
Licenciado en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, miembro de la red de norteamericanistas del CISAN – UNAM, Integrante del Consejo Estatal del PRD Estado de México y Asociado de COMEXI.
Este texto forma parte de una colaboración entre Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (PJCOMEXI) para el blog Desarmar la Corrupción.