La mañana del 5 de junio del 2007, una noticia en la primera plana de Excélsior sacudió a los senadores de la LX Legislatura: “Un lavabo: 16 mil 800 pesos. Una mesa de manicure: 5 mil 800 pesos. La renovación de cinco sillones: 68 mil 600 pesos… Que puedas trabajar en el Senado con confort y belleza no tiene precio”. Así iniciaba la nota informativa que por primera vez generó un cambio en la forma en que el Senado hacía públicos sus reportes de gastos sobre contrataciones en materia de obra pública.
No era la primera vez que los gastos suntuosos del Congreso eran noticia. Unos años antes fue público que la entonces coordinadora de los diputados federales del PRI, Elba Esther Gordillo, regaló fistoles con chapa de oro a sus compañeros de bancada.
Por décadas, el Congreso de la Unión parecía un ente aislado de la población, ajeno a la vida cotidiana y lejos del ojo público en materia del gasto público. Hasta la existencia de leyes que lo obligaron a rendir cuentas de cómo se gastaba. Aunque la clase política legislativa, que no sabía cómo reaccionar, porque solía ir por el camino de la transparencia simulada, la censura y hasta el ataque a periodistas.
La información de viajes internacionales, compra de artículos personales de belleza –como tintes para el cabello o shampoo contra la calvicie–; chambritas; adquisición de computadoras personales a precios inexplicables; camionetas de un millón de pesos; investigaciones “académicas” sobre el corte de carne arrachera para justificar gastos de un instituto de investigación; los millonarios gastos en comida y la entrega de contratos a amigos y familiares fueron constantes durante al menos once años.
Pero esa creciente rendición de cuentas y transparencia que sacó a la luz excesos y amiguismos en la entrega de contratos durante los primeros años de este siglo, y que pretendió convertir al Congreso de la Unión en una caja de cristal para los ciudadanos, perdió la batalla. Ahora las nuevas leyes permitirán a los entes públicos tener una caja de cristal empañado, sin que existan mecanismos efectivos para contenerlo.
En este umbral de opacidad con un Congreso dominado por Morena, Mexicanos contra la Corrupción aporta un documento que será indispensable para entender la realidad política y administrativa del país: “Las contrataciones públicas. Poder, Opacidad y Discrecionalidad en la Cámara de Diputados y de Senadores 2018 a 2024”. Contiene información que muestra cómo la transparencia lograda en el Poder Legislativo federal se limitó de manera paulatina a lo largo de seis años de dominio morenista.
Las cifras impactan: en esos seis años, la Cámara de Diputados erogó 17 mil 507 millones de pesos en 39 mil 208 contratos, mientras que el Senado canalizó 17 mil 866.6 millones de pesos en 31 mil 628 contratos. Para dimensionar de lo que se trata, Mexicanos contra la Corrupción es aún más ilustrativo: la Cámara de Diputados gastó 6.8 millones de pesos diarios en un promedio de 15 contratos cada día, mientras que el Senado gastó siete millones diarios en 12 contratos promedio al día.
Más allá de las cifras, que en sí mismas son impactantes, resulta que 25 % de esos contratos quedaron en la opacidad, porque no fueron difundidos en su página web, como obligaba la ley. Además, 81.2 % de esos contratos fueron por adjudicación directa. Para el caso del Senado, el tema se agrava, porque si bien este cumplió con entregar a la Plataforma Nacional de Transparencia todos sus contratos, en su página web sólo transparentó 3.5 % de ellos, a pesar de la obligación de ley que tenía.
“En el Portal de Transparencia del Senado sólo existe información para los contratos de servicio, arrendamiento y obras públicas de 2018 a 2024; sin embargo, no hay información sobre ningún contrato de comunicación social, honorarios, ni de asignaciones, convenios y concesiones”, dice la investigación de Mexicanos contra la Corrupción.
Hablamos de transparencia ante la sociedad, que fue quien los llevó a los puestos que ocupan en el Congreso de la Unión. Y claro que los senadores y diputados federales pueden comprobar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no encontró evidencia de gastos no justificados o incorrectos, pero México ya iba por un buen camino en lograr que los representantes populares fueran transparentes en esos gastos.
“Quien lea este reporte podrá encontrar evidencias concretas que sustentan nuestras afirmaciones, así como críticas y recomendaciones que buscan volver a poner el foco de atención en el Poder Legislativo en donde, a pesar de las décadas, sigue siendo materia pendiente la vigilancia sistemática de sus recursos y la exigencia de total transparencia y rendición de cuentas”
“La lucha por la información y por limitar los abusos de poder, así como el uso irregular de nuestro dinero, nunca termina. Se trata de una batalla constante en la que la ciudadanía no puede quedarse atrás, sin importar que el poder político tenga la voluntad y los medios para ocultar la información y escapar del control ciudadano”, dice la investigación de Mexicanos contra la Corrupción.
Sin mencionarla, hay una arista que el trabajo deja ver con su investigación: el deficiente trabajo que hicieron los comisionados del extinto INAI, al entregar “certificados” de cumplimiento de transparencia al Congreso de la Unión, cuando es evidente que no cumplió con sus obligaciones de ley y eso también debe analizarse al amparo de los hallazgos de esta investigación.
Leticia Robles de la Rosa
Articulista y reportera del diario Excélsior, asignada a la cobertura de las actividades del Senado de la República desde 2006.