Cuando el Congreso de la Unión discute una reforma electoral federal que contempla la reducción en el número de regidurías en los ayuntamientos del país, es inevitable preguntarse si estamos ante una reforma valiente o ante una reforma cómoda. Reducir curules municipales es, sin duda, una medida que se vende bien ante la opinión pública: suena a austeridad, a eficiencia, a modernización del gasto. Pero si esa reducción no viene acompañada de una discusión seria sobre cómo se eligen esos cargos, estaremos recortando la forma sin tocar el fondo. Estaremos atendiendo el síntoma e ignorando la enfermedad.
La pregunta verdaderamente incómoda —la que los partidos políticos prefieren no formular— no es cuántos regidores debe tener un ayuntamiento, sino para quién trabajan realmente los regidores que hoy tenemos.
El modelo de planilla: una mayoría a modo, no una representación real
En México, con la única excepción del estado de Nayarit, la totalidad de las entidades federativas elige a sus regidores mediante el sistema de planillas. Este modelo, heredado de una lógica electoral centralista y partidocéntrica, garantiza que la planilla ganadora obtenga automáticamente una mayoría de regidores en el cabildo. El resultado es predecible y, a estas alturas, inocultable: esa mayoría no representa a los vecinos; representa al partido o grupo político que les dio la candidatura, representa a quienes negociaron los lugares en la lista, a quienes controlan la estructura interna. El ciudadano, en este esquema, es convocado cada tres años únicamente para refrendar un arreglo que ya fue cocinado sin él.
La consecuencia más grave de este modelo no es la ineficiencia burocrática, aunque también existe. En realidad, el problema está en la legitimidad de origen: un regidor de planilla no le debe su cargo a los vecinos de su colonia o demarcación, se lo debe al dirigente partidista que lo acomodó en un lugar favorable de la lista. Esa deuda define su comportamiento una vez en funciones. Así, el Cabildo —que debería ser el espacio más cercano a la ciudadanía en toda la estructura del Estado mexicano— se convierte en una cámara de resonancia de los intereses partidistas, no en un foro de representación comunitaria y contrapesos políticos en la toma de decisiones.
Los costos de este modelo no son abstractos. Se expresan en contratos de obra pública asignados con opacidad, en servicios públicos deficientes, en presupuestos municipales que no responden a las prioridades de las colonias, en rezagos acumulados durante décadas. Esos costos —difíciles de cuantificar pero brutalmente presentes en la vida cotidiana de millones de mexicanos— superan con creces cualquier ahorro que pudiera derivarse de eliminar dos, tres o más regidurías por ayuntamiento.
Lo que la reforma federal omite decir
La propuesta de reforma electoral federal en materia de regidurías pone el acento en la reducción numérica. Es una conversación sobre cantidad. Lo que necesita México es una conversación sobre calidad democrática en los ayuntamientos.
¿De qué sirve tener menos regidores si siguen siendo designados en la trastienda de los partidos, si siguen votando en bloque según la instrucción del presidente municipal o del dirigente estatal, si no tienen ningún vínculo territorial real con las comunidades que supuestamente representan? La reducción en el número de regidurías sin un rediseño que fortalezca la efectividad de la representación popular de las distintas comunidades en los municipios puede incluso agravar el problema: menos actores con los mismos incentivos perversos, menos voces disidentes, mayor concentración del poder municipal en manos de la planilla ganadora.
Una reforma electoral que se precie de ser verdaderamente transformadora debe atreverse a abrir el debate sobre el modelo de elección. Y ese debate ya existe, ya tiene propuestas concretas, ya tiene respaldo ciudadano documentado. Lo que ha faltado es voluntad política para hacerlo realidad.
#YoElijoRegidor: una iniciativa que lleva más de una década esperando
Desde hace más de diez años, el Plan Estratégico de Juárez y la Alianza Nacional RegidorMX, junto con organizaciones empresariales, sociales y vecinales del estado de Chihuahua, han impulsado una propuesta que apunta exactamente al nudo del problema: transitar del modelo de planilla a la elección individual, directa y por demarcaciones territoriales de las y los regidores.
La iniciativa ciudadana, promovida bajo la etiqueta #YoElijoRegidor y documentada en el micrositio yoelijoregidor.regidor.mx, plantea un rediseño profundo de la representación municipal con ejes tan sencillos como revolucionarios: Primero, que cada ciudadano pueda elegir entre sus propios vecinos a quien considere como el mejor representante en el cabildo; segundo, que esa elección rompa el monopolio partidista; tercero, que existan candidaturas independientes; cuarto, que haya revocación de mandato para estos cargos; y, quinto, que los regidores estén obligados a rendir cuentas mediante audiencias públicas periódicas y obligatorias.
Este modelo no es una utopía. Tiene sustento jurídico desde 2020, cuando el decreto LXVI/RFLEY/0732/2020 estableció que las regidurías serían electas de manera directa en el estado de Chihuahua. Sin embargo, en 2023 el Congreso local decidió posponer la entrada en vigor de esta reforma hasta el proceso electoral 2026-2027 y, más recientemente —el 13 de febrero 2026—, la bancada del PAN en el Congreso de Chihuahua presentó una iniciativa para derogar los artículos que permitirían avanzar en la elección directa. Una norma vigente, bloqueada por quienes debían instrumentarla.
Esa resistencia encontró hoy un límite institucional. Hace apenas unos días, el 31 de marzo de 2026, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua emitió una resolución histórica al declarar la “omisión legislativa absoluta” por parte del Congreso del Estado por no haber realizado las adecuaciones legales necesarias para garantizar la elección directa de regidurías por demarcación territorial para el proceso electoral 2026-2027. El Tribunal ordenó al Congreso cumplir lo que la ley ya le mandaba. Así terminaron seis años de omisión, con una resolución que la ciudadanía organizada conquistó desde los tribunales cuando el camino legislativo fue deliberadamente cerrado.
El argumento de fondo: representación territorial versus cuota partidista
La distinción entre ambos modelos no es técnica, es filosófica y política. El sistema de planillas parte de la premisa de que los partidos políticos son los intermediarios legítimos e insustituibles entre la ciudadanía y el gobierno. En cambio, la propuesta de elección directa por demarcaciones parte de una premisa radicalmente distinta: que la representación más genuina es la que surge del territorio, del barrio, de la comunidad concreta.
En un regidor elegido por demarcación territorial, la rendición de cuentas tiene una dirección clara: sus vecinos. Saben quién es, dónde vive, qué prometió, qué hizo. Pueden confrontarlo en la audiencia pública. Pueden iniciar su revocación si traiciona el mandato. Ese vínculo de proximidad y responsabilidad directa es lo que el sistema de planillas destruye estructuralmente.
No se trata de satanizar a los partidos políticos —que tienen un papel legítimo en la democracia representativa— sino de reconocer que en el ámbito municipal, la escala de gobierno más pequeña y más cercana a la gente, el peso excesivo de la lógica partidista ha producido cabildos poco representativos, poco eficaces y poco confiables para la ciudadanía. Las encuestas de confianza institucional lo confirman ciclo electoral tras ciclo electoral.
Una reforma urgente para México
Si el Congreso de la Unión aspira a que esta reforma electoral sea algo más que un ejercicio de imagen pública, debe ampliar el debate. La Cámara de Diputados aún está a tiempo de hacerlo. Reducir el número de regidurías puede ser parte de una solución, pero no resuelve el problema de fondo. La verdadera problemática —postergada por décadas, bloqueada por los mismos actores que se benefician del statu quo— es el modelo de elección.
La iniciativa ciudadana #YoElijoRegidor ofrece una hoja de ruta probada, ciudadana y jurídicamente viable. No nació en un think tank ni en las oficinas de un partido: nació en la sociedad civil organizada de uno de los municipios más complejos y más dinámicos del país, Ciudad Juárez, y ha crecido hasta articular una alianza nacional de municipalistas convencidos de que la democracia local se puede y se debe reinventar.
El momento es propicio. Sería un desperdicio histórico que la reforma propuesta no llegue al fondo y evite una transformación real y verdadera. México no necesita menos regidores en las planillas de los ayuntamientos; lo que urge es transformar de fondo el modelo de representación municipal para que las comunidades puedan elegir libre y directamente a las regidoras y los regidores que lleven la voz de sus intereses, necesidades y aspiraciones a los cabildos. Eso sí sería una reforma transformadora.
Abelamar Chacón Rodríguez
Coordinador de Contraloría Social en Plan Estratégico Juárez, A.C. y coordinador de la Alianza Nacional RegidorMX