La construcción de un marco jurídico que responda a la urgente necesidad de erradicar la corrupción es una demanda ciudadana emprendida desde hace varias décadas en México.
Esta demanda se encuentra acompañada por las diversas obligaciones que ha asumido el Estado mexicano ante la comunidad internacional para prevenir, investigar y combatir la corrupción. Un ejemplo de ello son los compromisos que el Estado mexicano suscribió en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Como antecedente directo al T-MEC, Estados Unidos, México y Canadá crearon la región de libre comercio más grande del mundo a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994. El 30 de noviembre de 2018, las tres naciones firmaron un nuevo acuerdo para comenzar con el proceso de actualización del Tratado. Estas negociaciones permitieron retener los elementos clave de la relación comercial, e incorporaron disposiciones nuevas y actualizadas, como las obligaciones claras para la cooperación en el combate a la corrupción.
Lo anterior trajo consigo tres grandes compromisos generales para el Estado mexicano. En primer lugar, contar con un marco jurídico congruente y armónico. En segundo lugar, crear y fortalecer las instancias administrativas y jurisdiccionales, e impulsar políticas públicas dirigidas a la prevención, investigación o sanción de la corrupción. En tercer y último lugar, contar con medidas que garanticen la cooperación y coordinación internacional. A través de estos compromisos, pueden categorizarse las dieciocho obligaciones específicas que emanan del capítulo 27 del T-MEC en materia anticorrupción.
Ilustración: Raquel Moreno
El 13.33 % de estas dieciocho obligaciones no requieren ser integradas a la normativa, mientras que el 40 % no han sido homologadas o lo fueron de forma parcial. Entre estas obligaciones pendientes se encuentran temas relevantes como soborno y delincuencia transnacional, la tipificación de la complicidad en actos de cohecho de un servidor público extranjero, el establecimiento de una jurisdicción especial para casos que involucren a estos servidores y la definición de responsabilidad para personas jurídicas.
A la par de la armonización en el marco jurídico nacional, las normas requieren traducirse en acciones concretas de gobierno mediante la implementación de políticas públicas. Al analizar el T-MEC, destaca que el 86.66 % de las obligaciones contenidas en el tratado se encuentran pendientes o han sido implementadas de forma parcial. Estas obligaciones incluyen la eliminación de beneficios tributarios, el beneficio indebido por abuso de influencias, obstrucción de la justicia, sistemas de denuncia eficientes para funcionarios, procedimientos para selección y capacitación para ocupar cargos públicos, fomento de participación activa de personas y grupos fuera del sector público en la prevención y la lucha contra la corrupción.
Por otro lado, resulta importante reconocer que, a la par de los compromisos internacionales, existen avances en materia anticorrupción que se han gestado en los últimos años. Entre estos destacan las nuevas reglas para las declaraciones patrimonial y de posibles conflictos de intereses; políticas, reglas e instrumentos para promover acciones a favor de la integridad, así como distintas acciones en materia de austeridad aplicables al ejercicio del gasto público federal. Sin embargo, el cumplimiento parcial de las obligaciones suscritas por el Estado mexicano repercute en los esfuerzos en la lucha anticorrupción de todas las administraciones. Desmantela políticas y acciones coordinadas en la materia sin proponer acciones nuevas o complementarias, e impacta la respuesta del Estado frente a la corrupción.
Se esperaba que durante un gobierno que afirma que uno de sus pilares principales es acabar con la corrupción, existiera menos ambigüedad sobre las políticas para combatirla en documentos públicos como el Plan Nacional de Desarrollo, el programa sectorial o el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. Existe información de diversas fuentes y evidencia que le permite al gobierno federal elaborar un diagnóstico certero, insumos técnicos y programáticos para facilitar la toma de decisiones y orientaciones institucionales. Al revisar estos documentos, puede concluirse que, para esta administración, la austeridad es el principal eje rector en el combate a la corrupción.
Para México, adoptar políticas más estrictas en la gestión de los recursos públicos es una idea apropiada. Sin embargo, la austeridad se ha traducido en recortes arbitrarios y sin un enfoque estratégico, lo que podría llegar a ser un foco de nuevos actos de corrupción. En este sentido, lejos de ser un instrumento que genere ahorros, mejore la calidad de los servicios gubernamentales y combata la corrupción, la austeridad puede generar inconformidad y malestar social. Aunado a eso, y de manera contradictoria, las áreas anticorrupción del gobierno también se ven afectadas por los recortes, lo que debilita su capacidad de seguimiento e investigación.
Ante este contexto, seguir el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano resulta de la mayor trascendencia, pues permite tener más claridad de la ruta que las acciones gubernamentales deberían tomar para prevenir, combatir y eliminar la corrupción. Con esta claridad sería posible también evaluar dichas acciones.
Para conocer más sobre este tema, puede consultarse el documento de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad Análisis de la normativa internacional en materia de anticorrupción y su cumplimiento en México. Que el Estado Mexicano asuma obligaciones frente al mundo y se sume a los esfuerzos por combatir la corrupción es un paso adelante hacia una democracia real, sin embargo, el cumplimiento de éstas aún está pendiente.
Vianey Galindo Cano
Abogada feminista, maestra en derechos humanos por Queen Mary University of London y Directora del Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos S. C.
Viviana Arce
Feminista, licenciada en derecho por el ITESO. Representante legal de UDJ A. C.; Asistente de Investigación en Xenia Consultoras S.C. y Asesora Global de la región de A. L. y el C. en FRIDA The Young Feminist Fund.