Mientras que hay quienes luchan por subsistir a través del arte, otros se benefician mediante costos inflados, simulación de inversiones y tráfico de influencias. En la industria cinematográfica mexicana, donde confluyen la precariedad laboral y los grandes flujos de recursos públicos, los incentivos fiscales han sido durante años un terreno fértil tanto para el fomento cultural como para riesgos de corrupción.
En 2020, bajo el discurso de la llamada austeridad republicana, sus principales promotores defendieron la extinción de los fideicomisos Fidecine y Foprocine. El argumento era que se manejaban con opacidad y corrupción. A partir de entonces, el EFICINE (Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional) como una de las principales estrategias de apoyo a la industria cinematográfica del país. Para 2024, el presupuesto para este mecanismo creció 16.43 % y representó alrededor de 115 millones de pesos del presupuesto del IMCINE, según datos de la Secretaría de Cultura federal.
Con el fin de atraer mayor inversión en las producciones cinematográficas nacionales se instauró un nuevo incentivo fiscal llamativo que seguramente tendrá un alto costo para el erario. En febrero de 2026, rodeada de actores, productores, directores y técnicos, la presidenta Claudia Sheibaum anunció un proyecto que presenta también riesgos de corrupción.
Este nuevo incentivo fiscal pretende impulsar la competitividad en el cine mexicano, pero no escapa a un esquema que combina discrecionalidad y estructuras opacas. Las redes de influencia en la industria, la simulación de inversiones, los gastos inflados en los costos de producción y distribución, los conflictos de interés entre evaluadores y beneficiarios, así como débiles mecanismos de rendición de cuentas son riesgos históricamente asociados al otorgamiento de estímulos fiscales en industrias creativas.
Desde el 17 de febrero entró en vigor este instrumento que busca impactar positivamente en beneficio de proveedores nacionales relacionados con la cadena de producción cinematográfica y audiovisual. El incentivo consiste en un crédito fiscal del 30 % para los contribuyentes que realicen erogaciones en territorio nacional para ejecutar proyectos o procesos de producción cinematográfica o audiovisual.
Para recibir este beneficio las producciones cinematográficas y audiovisuales deberán contar con al menos 70 % de proveeduría nacional en las actividades que la integran. Esto pretende fortalecer las cadenas de valor locales, pero no mitiga en realidad la simulación de servicios, la triangulación de operaciones y el uso de empresas fachada, prácticas que han sido documentadas en otros esquemas de estímulos fiscales como EFICINE.
Uno de los riesgos que corre esta nueva medida descansa en la discrecionalidad en la selección de los beneficiados de este estímulo. Los reportes publicados apuntan favoritismo y vínculos cercanos de productores y cineastas con el Comité interinstitucional integrado por las Secretarías de Hacienda y Cultura, IMCINE y SAT. El riesgo es mayor al incluir criterios artísticos y técnicos que resultan subjetivos en un área creativa, que se traducen en límites de acceso para nuevos creadores.
De esta forma, el dilema está en cómo apoyar a la industria creativa y la cultura sin reproducir los mismos mecanismos opacos que en el pasado justificaron la eliminación de los fideicomisos. El éxito del nuevo programa radica en evitar que los apoyos para el cine se conviertan nuevamente en una forma de captar recursos públicos para intereses privados.
¿Qué cambia con este nuevo incentivo fiscal?
Otro de los riesgos está en las empresas que facturan operaciones simuladas. Al ser empresas sin actividad real pero que emiten facturas para simular gastos, éstas pueden generar un uso indebido de estos incentivos fiscales. El nuevo proyecto de estímulo requerirá establecer criterios adicionales, especializados en el rubro de producción cinematográfica que garanticen la participación de los proveedores nacionales, pues podría resultar fácil constituir empresas o servicios sólo para cumplir el requisito.
En tanto, ciertas actividades utilizadas en proyectos cinematográficos o audiovisuales tienen vulnerabilidades que pueden llevar a esquemas de lavado de dinero. Esto sucede en parte porque el valor de los productos suele ser subjetivo.
El incentivo económico es claro: entre más gasto nacional acreditado habrá mayor crédito fiscal, pero sin costos objetivos ni valores estándares, hay un alto riesgo de discrecionalidad sobre qué y cuánto facturar. En este proceso aplicarán las erogaciones indispensables para la realización material, técnica, creativa y logística del proyecto, pudiendo consistir en asesorías creativas, renta de equipo, especializado o procesos de post producción cuyos costos son variables.
Otro de los elementos de riesgo del nuevo incentivo es la transferencia total o parcial a favor de los proveedores nacionales relacionados con la producción o con el proceso de producción a cambio de una contraprestación económica. Aquí hallamos una de las principales preocupaciones.
Con la transferibilidad de beneficios fiscales se vuelve más difícil comprobar la veracidad de las operaciones e identificar quiénes fueron los beneficiarios reales. La opacidad generada a través de este diseño institucional facilita esquemas de triangulación de recursos y el encubrimiento de operaciones con recursos de procedencia ilícita; además. obstaculiza al Estado en su capacidad para rastrear el uso efectivo del beneficio tributario.
Para la aplicación del estímulo fiscal se estableció la creación de un Comité Técnico integrado por una persona representante del IMCINE, una de la Secretaría de Cultura y una de la Secretaría de Hacienda. Este comité tiene la facultad de determinar el monto o porcentaje máximo del estímulo fiscal que los solicitantes podrán aplicar. El monto total del estímulo fiscal será de hasta 400 millones de pesos en un año.
El Comité deberá establecer criterios adecuados, objetivos y homogéneos para evitar decisiones arbitrarias y conflictos de interés. Esto busca evitar que se beneficien sólo a algunas productoras y directores con redes de influencia en el ámbito público y queden de lado quienes apenas incursionan en la industria. Además, la evaluación y el seguimiento por parte de los órganos fiscalizadores y de evaluación puede mitigar los riesgos de corrupción del diseño institucional de este nuevo estímulo.
Uno de los lineamientos que deberán contemplarse dentro de la normativa técnica son las auditorías técnicas y aunque resulte difícil homogeneizar costos sí pueden implementarse mecanismos de prevención de lavado de activos y solicitar políticas de integridad a las empresas y productores cinematográficos y audiovisuales a los que los contribuyentes financien.
Integridad institucional en el fomento al cine
Una vez advertidos los riesgos, es importante mencionar algunas políticas de integridad como propuesta para los lineamientos que garantizarán el buen ejercicio del estímulo fiscal que apoya al cine en México.
El IMCINE debe establecer mecanismos eficaces para denunciar irregularidades de forma confidencial. Solicitar una política de integridad como requisito para los proyectos cinematográficos y audiovisuales que reciban financiamiento público sería efectivo para mitigar los riesgos de corrupción del rubro.
La presentación de un manual o declaración de políticas de integridad, que incluya código de conducta para quienes producen y distribuyen aseguran que el incentivo fiscal corresponde al financiamiento de proyectos éticos y responsables. Así, antes de que los contribuyentes se beneficien de este incentivo deberán comprobar que quienes desarrollaron el proyecto que apoyaron cuentan con políticas internas capaces de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción y conflictos de interés al interior.
No deben dejarse de lado los informes y revisiones periódicas que fiscalicen las inversiones de contribuyentes a proyectos cinematográficos. Éstos deben hacerse del conocimiento público y transparentados para revisar el cumplimiento de las políticas de integridad, legalidad, eficacia y rendición de cuentas.
Conclusiones
El estímulo fiscal anunciado recientemente por el Gobierno Federal es una oportunidad para impulsar la producción cultural y fortalecer la industria audiovisual. Este instrumento utilizado en diversos países también conlleva riesgos de corrupción por su diseño. Por ello requiere que el Estado despliegue todos los medios a su alcance para mitigar estos riesgos y promover relaciones comerciales íntegras en la industria.
En este contexto, exigir una política de integridad como requisito para que los contribuyentes comprueben su inversión en proyectos cinematográficos puede funcionar como un mecanismo eficaz para fomentar al mismo tiempo, la responsabilidad social, la cultura y la transparencia.
Marisol Díaz Olivares
Egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM y actualmente impulsa iniciativas de participación juvenil desde el Gobierno Municipal de Huauchinango, Puebla.