Desarmar la corrupción

Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana con reducción presupuestal

El financiamiento de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIA), una de las pocas políticas destinadas a estos grupos vulnerados, ha tenido una reducción de 30% entre 2019 y 2022. A pesar de los recortes, o incluso la completa falta de recursos, las trabajadoras de las CAMIA realizan labores de ayuda en sus comunidades, trabajando gratis y usando la red de apoyo de la comunidad. Esto incrementa la violencia económica que sufren y refuerza la idea patriarcal del trabajo no remunerado.


Desarmar la corrupción

¿Transparencia omisa o abuso de derechos?
Las solicitudes de información en la Lotería Nacional

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece tener dos políticas de transparencia. Una de buenas intenciones, basada en declaraciones emotivas que señalan que nada es secreto. La otra busca esconder la información del gobierno. El caso de la Lotería Nacional, que terminó con un funcionario público presentando una denuncia ante la Fiscalía por un “exceso” de solicitudes de información, es un ejemplo que muestra la tensión entre los dichos y los hechos en materia de transparencia en este sexenio.


Desarmar la corrupción

Política de datos abiertos:
¿Información para todos o sólo para unos cuantos?
El caso de los salarios mínimos

Una política de datos abiertos parte de un principio muy básico: la información que tiene y utiliza el gobierno es de todos. Esa información se recopiló, se obtuvo y se procesó gracias a los impuestos de las personas. Esos datos son fundamentales para evaluar el desempeño de las instituciones y de los gobiernos.


Desarmar la corrupción

Lo que perdemos todos con la parálisis del INAI

Basta con saber que a raíz de la deliberada omisión legislativa ese organismo se encuentra inoperante. Esta parálisis se traduce, por lo tanto, en la afectación directa de los derechos tutelados por el INAI. A la fecha, suman más de 6300 recursos pendientes de resolución. El objetivo en este artículo es dar cuenta de las afectaciones —directas e indirectas— a los derechos de las personas con motivo de la parálisis de la institución.