Desarmar la corrupción

Si se aprueba el proyecto del ministro Aguilar, la Corte no habrá impedido que se juzgue a los expresidentes, sino todo lo contrario: la SCJN le recordará a las autoridades que tienen la obligación de investigar y perseguir cualquier posible delito.

En México todos coincidimos en que la corrupción es un problema urgente pero, ¿cómo estamos aprovechando la tecnología para controlarla de manera diferente y eficiente?

La promesa de que el pueblo mexicano sea el que decida si debe enjuiciarse a los expresidentes no es más que una buena intención política, pues no tiene fundamento jurídico alguno, y es contraria a la obligación jurídica de denunciar actos que pudieran ser constitutivos de delitos.

Un gobierno que cree que la lucha contra la corrupción es un asunto de mandato, de moralidad o de buenas intenciones se engaña a sí mismo y engaña a los ciudadanos. A final de cuentas, un esfuerzo de lucha contra la corrupción no puede dejar de ser un acto político donde diferentes actores intentan ganar puntos y legitimidad.

Acabar con la corrupción fue una de las promesas de campaña de López Obrador, pero los avances han sido acotados: las expectativas de que la corrupción pueda resolverse han bajado; en la materia, la evaluación ciudadana del gobierno ha caído. Sin embargo, esto no implica una derrota electoral en 2024: los votantes tienden a ser más tolerantes ante la presencia de corrupción y castigar menos que en rubros como la economía y la inseguridad.