La violencia generalizada contra la prensa ha sido un problema en México desde hace más de diez años. Los números de homicidios y desapariciones lo demuestran. Hoy, sin embargo, nos enfrentamos a un nuevo elemento que no hace sino empeorar el contexto para el periodismo independiente: el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El presidente usa constantemente la tribuna presidencial para atacar y calumniar a periodistas y medios de comunicación que no son aplaudidores profesionales. Hasta el 22 de febrero de 2022, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha sido atacado en 112 ocasiones desde el megáfono presidencial. Otras organizaciones y publicaciones han sufrido un tratamiento similar.
La narrativa polarizante de López Obrador ha colocado al papel del periodismo en México en el centro de la discusión pública. Las embestidas presidenciales vienen acompañadas de feroces ataques por parte de los seguidores del presidente. Por el otro lado, los actores anti-gobierno pregonan constantes insultos del mismo calibre. Lo preocupante es que hoy vivimos en un país partido a la mitad y sin puentes de diálogo o debate sano entre las partes, situación que no ayuda a nadie.
El presidente López Obrador se equivoca en su cálculo cuando decide atacar a los medios de comunicación. Siendo tan buen y hábil comunicólogo, no necesitaría referirse peyorativamente a periodistas que —guste o no guste— tienen todo el derecho de ejercer su profesión con libertad y conforme su propia línea editorial.
Quizás en un intento de contrarrestar esta libertad, el presidente decidió faltar a su promesa de campaña de modificar la regulación de la publicidad oficial (es decir: el dinero que el gobierno gasta en espacios en medios de comunicación). El ejemplo más representativo es el diario La Jornada, el cual recibió 81 contratos en 2021 por un monto de poco más de 185 millones de pesos. Pareciera que el presidente, como sus predecesores en el priismo, tiene claro que hay que inyectar dinero a sus medios aliados.
Desde antes de la llegada de López Obrador, afirmó que el ecosistema de medios mexicano requería de una profunda transformación. La cercanía al poder político siempre distorsionó el quehacer periodístico real. Aún tenemos grandes pendientes: la profesionalización del gremio, mejoras en las condiciones laborales, nuevas facilidades para modelos de negocios, mayor cercanía con la audiencia y el fortalecimiento de los medios públicos, entre muchos otros aspectos que se deben reformar urgentemente.
Con los ataques del presidente contra Carlos Loret de Mola —luego de la publicación de la investigación periodística de MCCI y Latinus “Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO”— constituyen una pésima señal para el ya de por sí precario contexto de seguridad para hacer periodismo en México. Puede uno estar de acuerdo o no con la trayectoria de Loret de Mola, pero aplaudir los ataques presidenciales contra un periodista es un síntoma de lo resquebrajado que está el gremio en México.
El periodismo no es infalible. Todos los medios, aún en los de mayor prestigio, cometen errores que deben rectificarse. En el caso de la “Casa Gris” —como se conoce a la residencia de Houston en el centro de la investigación de MCCI y Latinus— el gobierno y la familia de López Obrador hasta la fecha no han desmentido de manera creíble el posible conflicto de interés entre el hijo del presidente y la empresa petrolera Baker Hughes descrito en el reportaje. Los reporteros que firmaron la investigación en ningún momento aseguraron con certeza legal que exista tal conflicto de intereses o algún otro delito, pues esa competencia es exclusiva del ministerio público. Lo que sí hicieron estos periodistas fue reunir la información disponible —la cual confirma que el hijo del presidente vivió en la casa de un empleado de Baker Hughes mientras los contratos entre esa empresa y Pemex crecían— y, a partir de esa información, señalar que existe la apariencia de un conflicto de interés.
Una vez más: el reportaje no ha sido desmentido. Ha sido, en todo caso, descalificado con una lista larga de adjetivos por los defensores del presidente. Pero estos defensores no han demostrado que lo que parece ser un conflicto de interés en realidad no lo es.
López Obrador, además, no es un ciudadano común y corriente. Su ejercicio de la libertad de expresión no puede ser otro que el del presidente de la república. Sus palabras, dichos, ideas y expresiones tienen un efecto directo entre sus gobernados. La Corte Interamericana de Derecho Humanos ha confirmado que el umbral de libertad de expresión de los servidores públicos es diferente al resto de la población.
En un país de estridencias es difícil escuchar a alguien que sostenga una idea diferente a la nuestra. En ese punto estamos en México. Gritos por doquier y nulo diálogo y debate que ayude a construir un mejor México. La legitimidad del presidente y el apoyo del que goza entre un amplio sector de la población son innegables, y eso es digno de celebrarse. Sin embargo, criticar al presidente también es parte importante de la democracia. La opinión de los millones de electores que no están de acuerdo con su política es igual de importante que aquella de quienes sí están de acuerdo con ella.
Mientras el presidente ataca a los medios y sus periodistas, la violencia sistémica y generalizada contra la prensa se afianza en nuestro país. La crisis no comenzó con AMLO, pero ha empeorado en los años recientes. Ahora le toca a él, como jefe del gobierno federal, atender las causas de esta añeja violencia. El problema es que el gobierno federal no puede detener la violencia contra la prensa, pues esta es parte de la crisis de seguridad pública e impunidad generalizada que afecta a toda la sociedad. Ahora bien, ¿podría el gobierno federal llevar a cabo mayores esfuerzos para garantizar un mejor clima para hacer periodismo? Sí, sí podría. Pero vamos por partes.
La actual ola de violencia sistémica contra la prensa comenzó en 2006 con la declaración de una “guerra contra el narco” por parte del presidente Felipe Calderón. Durante varios años muchas organizaciones de la sociedad civil y algunos grupos de periodistas buscamos la creación de instituciones especializadas para la protección de comunicadores. En ese momento volteamos a revisar lo que se hacía en Colombia en la materia. Pensamos que se podía aprender mucho del país sudamericano, toda vez que la crisis de violencia contra la prensa que los colombianos padecieron por mucho tiempo tenía mucho en común con nuestra realidad nacional.
Estos esfuerzos resultaron en la creación en junio de 2012 del Mecanismo de Protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Este mecanismo representó un gran logro para la sociedad civil, pues contaba incluso con presupuesto para ejecutar medidas a favor de periodistas en riesgo. Pocos años después, sin embargo, quedó claro que el mecanismo había fracasado. Esto se explica por dos razones: 1) las medidas de protección contempladas —por ejemplo: el botón de pánico— no sirven; y 2) la burocracia ha demostrado ser incapaz de actuar rápidamente ante una urgencia en cualquier parte del país. Está claro que las medidas de protección solo podrían ser temporales y que una solución duradera sería castigar a los perpetradores.
Por otra parte, el 5 de julio de 2010 se creó la Fiscalía para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). La idea detrás de esta fiscalía especializada era que dotarla de un marco jurídico amplio —a través de una reforma al artículo 73 de la Constitución— que le permitiera investigar los homicidios de periodistas en todo el país ayudaría a cambiar el paradigma de la impunidad. La FEADLE, sin embargo, resuelve apenas el 1% de los casos de violencia grave contra la prensa. A pesar de que cuesta millones de pesos al año, dicha fiscalía —a cargo de Ricardo Sánchez Pérez del Pozo— es una institución que indirectamente afianza la impunidad en los casos de homicidio y desaparición de periodistas. Su inacción tiene graves consecuencias, pero al fiscal Alejandro Gertz Manero y al presidente López Obrador parece tenerlos sin cuidado.
Hoy podemos afirmar que nos equivocamos. Las instituciones creadas no cumplieron sus propósitos y tendrían que ser modificadas de manera profunda para atender una realidad lacerante para el periodismo en México. El gobierno federal y los locales tienen una importante responsabilidad para proveer un contexto de seguridad favorable para ejercer el periodismo. Sin embargo, la responsabilidad es compartida y los otros elementos necesarios también están ausentes. Veamos:
• Si bien es cierto que los recientes asesinatos de periodistas han provocado marchas y protestas por parte de muchos integrantes del gremio, los medios de comunicación parecen incapaces de hacer un frente común para defender el periodismo. Esta incapacidad descansa en que sus intereses meta-periodísticos toman prioridad. Si el presidente ataca a Reforma de manera constante, lo óptimo sería un frente de medios de comunicación que demande respeto y seguridad, no por defender a Reforma, sino porque hoy es Reforma y después puede ser otro.
• Esa desunión baja hasta los reporteros, reporteras, camarógrafos y fotógrafos, quienes, a pesar de estar en la primera línea y en un alto grado de vulnerabilidad, parecen incapaces de demandar como un frente firme mejores condiciones laborales ante sus empleadores y de seguridad ante las autoridades.
• A pesar de que los homicidios de periodistas van en aumento, parecería que esta situación no afecta de ninguna manera el derecho a la información de la población en general. Esto es completamente falso. Mientras esta actitud no cambie, será difícil crear una sociedad que defienda a quienes nos informan diariamente.
La crisis de violencia en el país y la perorata de descalificación por parte del presidente son dos elementos que dibujan un futuro sombrío para el periodismo mexicano. Se equivoca López Obrador cuando cree que los periodistas deben estar en algún bando del espectro político. No dudo que los haya, pero el periodismo de calidad que este país necesita —y que al gobierno le incomoda— es necesariamente independiente. Sugerir desde la tribuna presidencial que un periodista o un medio está en contra de un movimiento o de un grupo amplio de la sociedad coloca al periodista en un mayor grado de vulnerabilidad.
Darío Ramírez
Director durante diez años de Artículo 19 en México. Actualmente director de Comunicación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.