La semana pasada, Transparencia Internacional publicó su revisión anual del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Esta medición se ha convertido en lo más parecido a un marcador global de la corrupción. Sus resultados ocupan espacios importantes en los medios de comunicación, son una referencia en la percepción global sobre los países y son sin duda un incómodo reflejo para los gobiernos sobre su desempeño. En 2025, el índice reveló una tendencia preocupante: los esfuerzos contra la corrupción están perdiendo impulso en todo el mundo y son más los países que retroceden que los que avanzan.
México es un claro ejemplo. No sólo está entre los países con las puntuaciones más bajas, también está estancado. No ha logrado romper con la trayectoria descendente que persiste desde 2012. En sus informes particulares sobre el país, Transparencia Internacional ha destacado en repetidas ocasiones las debilidades estructurales del esfuerzo anticorrupción de México y este año no es una excepción. Las acciones tomadas desde el gobierno en el último año parecen apuntar en la dirección contraria de las recomendaciones publicadas por Transparencia Internacional.
Metodología: qué mide el IPC
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es considerado como el punto de referencia mundial para medir la corrupción en el sector público. Recopila hasta 13 evaluaciones independientes entre sí que encuestan a personas expertas y líderes empresariales sobre su percepción de la corrupción en el sector público de su país. Luego, estandariza estos resultados en una escala de 0 a 100, donde 0 indica “muy corrupto” y 100 indica “muy limpio”. En 2025, la lista incluyó a 182 países y territorios. El criterio para incluir un país es que existan al menos tres fuentes de datos independientes.
Dado que la metodología se ha mantenido constante desde 2012, es posible realizar comparaciones significativas entre países y a lo largo del tiempo. Sin embargo, pequeños cambios de un año a otro difícilmente explican alguna diferencia, por las mismas restricciones metodológicas del Índice.
El IPC no mide la corrupción, sino la percepción. Esta distinción es importante. En primer lugar, está centrado estrictamente en la corrupción del sector público de cada país. No tiene en cuenta las conductas indebidas del sector privado ni las redes financieras mundiales que permiten el soborno, el lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos. En consecuencia, un país puede tener una evaluación alta y funcionar como centro financiero para el dinero sucio generado en otros lugares. Una puntuación alta no implica necesariamente una huella global limpia.
En segundo lugar, el IPC mide la percepción y no los incidentes probados. Debido a la naturaleza oculta de la corrupción, los datos concretos son intrínsecamente limitados, por lo que las encuestas basadas en la percepción son una solución pragmática. Sin embargo, están condicionadas por la cobertura de los medios de comunicación, los discursos políticos y el debate público. Por ejemplo, una oleada de detenciones de personajes políticos de alto perfil podría indicar una corrupción rampante o una eficaz campaña gubernamental contra la misma. Paradójicamente, una aplicación más estricta de la ley puede empeorar temporalmente la puntuación de un país al amplificar la sensación de que la corrupción está muy extendida.
Nada de esto hace que el IPC sea irrelevante. Todo lo contrario. Sigue siendo una de las herramientas comparativas más útiles que existen. Pero debe interpretarse de forma crítica como un indicador de cómo se vive la corrupción y la discusión pública a su alrededor, más que como una medida definitiva de cuánta corrupción existe realmente.
Evaluación de México
México obtuvo una puntuación de 27 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, lo que supone un aumento insignificante de un punto con respecto al año anterior. El cambio es tan pequeño que se encuentra dentro del margen de error. Es decir, no es significativo.
Este resultado es siete puntos inferior al que obtuvo el país en 2012, cuando alcanzó 34 puntos. Esa diferencia sí es significativa. La tendencia a largo plazo es claramente negativa. Con 27 puntos, México se sitúa muy por debajo del promedio regional de 42 en América. Además, es el miembro de la OCDE con la puntuación más baja y el segundo más bajo del G20, solo por encima de Rusia. A nivel mundial, ocupa el puesto 141 de 182 países, lo que supone un descenso sensible con respecto al puesto 105 de 176 que ocupaba en 2012.
En América, Canadá (75) y Uruguay (73) encabezan la lista, seguidos de Estados Unidos (64). Mientras que Uruguay y Estados Unidos perdieron puntos este año, Canadá mantuvo su puntuación. En el otro extremo del espectro, Venezuela obtuvo apenas 10 puntos y ocupó el último lugar de la región y el antepenúltimo a nivel mundial. República Dominicana y Guyana fueron los únicos países de América que mejoraron sus puntuaciones este año, mientras que doce descendieron y diecinueve se quedaron igual. Transparencia Internacional argumentó que este descenso regional se debe al aumento de la actividad de las organizaciones criminales y al giro de los gobiernos hacia métodos autoritarios y la represión del espacio cívico.
El reporte de este año también compara los resultados por sistema político, a partir de la evaluación hecha por la unidad de inteligencia de The Economist. Esta comparación resalta el vínculo estructural entre la democracia y el control de la corrupción. Las democracias que funcionan bien tienen un promedio de 71 puntos. México, con 27 puntos, se sitúa por debajo incluso del promedio de 31 puntos de los regímenes no democráticos. Esta comparación sugiere que las instituciones democráticas son más eficientes en la lucha contra la corrupción.
Qué pasó con México: las reformas contra los contrapesos
El informe de este año de Transparencia Internacional va más allá de las clasificaciones y señala un patrón estructural más profundo: la corrupción y la pérdida de libertades civiles tienden a ir de la mano. Los países con mayor apertura cívica obtienen, en promedio, 68 puntos en el IPC, mientras que los que tienen menos libertades civiles o, incluso, medidas de represión obtienen entre 30 y 32 puntos.
México, con 27 puntos, está incluso por debajo del promedio de países con libertades civiles restringidas. Además, 36 de los 50 países cuyas puntuaciones han descendido también han restringido las libertades cívicas. El mensaje es claro: cuando se debilita el escrutinio público, la corrupción tiende a agravarse.
El reporte de Transparencia Internacional señala que 90 % de los asesinatos de periodistas se producen en países con una puntuación inferior a 50, un umbral muy por encima del que se encuentra México, que sobresale como uno de los países más peligrosos para las personas periodistas No se trata de una coincidencia estadística, sino que ilustra una dinámica sistémica: la corrupción prospera en entornos en los que se intimida a los periodistas, se restringe a la sociedad civil y la supervisión pública conlleva riesgos personales. Las evaluaciones externas refuerzan este diagnóstico. El Índice Mundial de Libertad de Prensa y el CIVICUS Monitor clasifican a México como un entorno altamente peligroso para los periodistas y describen su espacio cívico como reprimido.
En este contexto, los malos resultados de México en el IPC parecen menos un dato aislado y más el resultado de una erosión institucional sostenida. Entre 2024 y 2025, el gobierno emprendió reformas trascendentes a las instituciones que servían como contrapesos en el sistema de rendición de cuentas.
Uno de los más claros retrocesos fue la desaparición del INAI, la autoridad nacional responsable de gestionar la información generada por las autoridades. México pasó de tener una autoridad nacional y autónoma que garantizaba acceso a los archivos públicos a una responsabilidad dispersa y subordinada. Las acciones que servían como un insumo fundamental para el periodismo de investigación y las exigencias de organizaciones civiles hoy está en incertidumbre.
Otra reforma trascendental fue la reestructuración del poder judicial, a nivel federal y en los estados. Quienes integraban los principales órganos jurisdiccionales se enfrentaron a la disyuntiva de someterse a una elección general apresurada o renunciar a sus cargos. Ministros, magistrados y jueces dejaron sus responsabilidades en pocos meses. A esto, se sumó una elección judicial hecha con prisas y tropiezos, severamente cuestionada en su proceso y en el involucramiento de las autoridades.
Las consecuencias institucionales de la reforma judicial aún están en desarrollo. Sin embargo, más allá de la doctrina constitucional y los debates sobre la separación de poderes, estos cambios también se están poniendo a prueba en el ámbito de la opinión pública.
Si bien los resultados del IPC para México son severos, es poco probable que sorprendan a la mayoría de los mexicanos. La opinión pública parece reflejar una ambivalencia similar. Según una encuesta realizada por El Financiero en enero de 2026, 69 % de los encuestados aprobaba la actuación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, solo 17 % cree que su gobierno está haciendo un buen trabajo en la lucha contra la corrupción. La discrepancia entre la aprobación presidencial y la confianza en los esfuerzos anticorrupción es sorprendente.
Aún más revelador es el cambio de prioridades. En enero de 2025, apenas 5 % de los encuestados identificaba la corrupción como uno de los problemas más acuciantes del país. Un año más tarde, esta cifra había aumentado hasta 24 %, lo que convierte a la corrupción en el segundo problema más importante después de la inseguridad pública y por delante de la situación económica. Una explicación posible de la mayor atención pública sobre este problema puede ser el surgimiento de varios casos de corrupción de la administración federal pasada y la que empezó en 2024.
Conclusión
El IPC 2025 no presenta una nueva realidad para México, sino que confirma una trayectoria evidente durante años. Pese al discurso gubernamental, la corrupción sigue estando profundamente arraigada en las instituciones públicas. La percepción de corrupción en México hoy es considerablemente mayor que al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Pero no todo pueden ser malas noticias. El índice también permite registrar los esfuerzos de los países que han revertido las tendencias negativas mediante reformas institucionales sostenidas. República Dominicana, por ejemplo, ha mejorado constantemente su puntuación desde 2019, lo que demuestra que es posible avanzar cuando el compromiso político va acompañado de salvaguardias estructurales.
Los elementos comunes de países que han mejorado su puntaje son espacios civiles abiertos, controles y contrapesos eficaces, libertad de prensa e instituciones de supervisión autónomas que pueden funcionar independientemente de la política. No se trata de ideales democráticos, sino de medidas empíricamente relacionadas con niveles más bajos de corrupción percibida.
En México, las recientes reformas han ido en la dirección opuesta, pero esto no implica que esté predeterminado a seguir una trayectoria de declive continuo. Es posible tomar medidas que fortalezcan la rendición de cuentas, garanticen las libertades civiles y sujeten la acción política al escrutinio ciudadano.
Paul Busse
Estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencias Sociales de la Universidad de Erfurt. Está haciendo prácticas profesionales en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
Ricardo Alvarado Andalón
Integrante de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y coeditor del blog Desarmar la Corrupción