Las contrataciones públicas son los procesos por los cuales los gobiernos y las agencias públicas gastan dinero público en bienes, servicios y arrendamientos y, por lo tanto, cumplen un rol fundamental en la economía de cualquier país. Deben garantizar bienes y servicios de la mejor calidad al menor precio posible. Así, están obligadas a ser planeadas y ejecutadas priorizando el beneficio de los ciudadanos y no el de intereses privados.
Las compras públicas son un área particularmente vulnerable a la corrupción, donde políticos y funcionarios públicos subvierten el proceso para adjudicar contratos, no en función de la calidad o el precio, sino en beneficio de ellos mismos, sus aliados o sus partidos políticos. Las consecuencias pueden ser muy costosas y peligrosas. La corrupción en las contrataciones públicas es distinta de la que existe en otras funciones gubernamentales por la participación de diferentes actores, la regulación específica y el amplio margen de discreción en la toma de decisiones. A menudo implica transacciones complejas y de alto valor que ofrecen oportunidades lucrativas. Pero, incluso para contratos más pequeños, este tipo de gasto suele ser muy vulnerable a la corrupción, el favoritismo y el soborno directo.
Fazekas y Tóth proponen una metodología para evaluar los riesgos de corrupción existentes en compras públicas a través de datos cuantitativos y cualitativos para obtener métricas que detecten posibles actos de corrupción. Las métricas derivan de estudios de las técnicas de corrupción más comunes en este ámbito; pueden ir desde contrataciones exclusivas injustificadas, adjudicaciones directas de contratos, favorecer a un determinado licitador mediante la adaptación de las especificaciones, hasta el intercambio de información privilegiada o hacer que la competencia por un contrato público parezca justa y abierta mientras que el ganador y el valor del contrato ya estaban acordados desde antes que iniciara del proceso de licitación (Fazekas y Tóth, 2014).
A partir de esta metodología sobre corrupción en procesos de contrataciones públicas, en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) desarrollamos una calificación, con base en métodos cuantitativos, del riesgo de corrupción para cada transacción de Pemex y sus empresas filiales de diciembre de 2018 a octubre de 2020. Buscamos identificar y cuantificar conductas de riesgo asociadas a actos corrupción en los procesos de contratación de Pemex.
Así, determinamos que las conductas de mayor riesgo se refieren a las relacionadas con la empresa proveedora. Particularmente, si esta empresa ha sido clasificada como fantasma, ha sido sancionada por la SFP o si es de reciente creación. De diciembre 2018 a octubre 2020, identificamos tres transacciones con una empresa fantasma por casi 12 millones de pesos, 23 transacciones con empresas sancionadas o inhabilitadas por más de 900 millones de pesos, y 32 transacciones con empresas de reciente creación por un monto de más de 11 millones de pesos.
Ilustración: Víctor Solís
Además, usamos métricas que buscan identificar una falta de competencia: casos en los que la empresa ganadora se enfrenta a los mismos participantes y su tasa de éxito es alta, casos donde se analizó una única cotización al momento de realizar una adjudicación directa o que sólo se haya recibido una oferta pese a que fue un concurso abierto o una invitación. Encontramos una preferencia por los procesos discrecionales frente a los procesos competitivos, particularmente para las transacciones más elevadas. Los cinco contratos más grandes de Pemex y sus empresas productivas fueron otorgados a través de invitaciones restringidas o adjudicaciones directas. También identificamos 260 transacciones, asociadas a 37 empresas proveedoras, donde el proveedor compite en repetidas ocasiones contra las mismas empresas y tiene una tasa de éxito alta.
Los resultados, presentados en el estudio Riesgo de corrupción en los procedimientos de contratación de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas, muestran que hay muchas oportunidades de mejora. Del total de 2,860 transacciones evaluadas, únicamente 284 no presentan una conducta de riesgo, lo que es muy alarmante. De igual forma, el 10% de las transacciones muestra conductas de riesgo muy elevadas.
Sí existen diferencias, tanto en el proceso como en el resultado, que permiten detectar riesgos de corrupción dentro de los procedimientos. Por lo tanto, estos resultados son una herramienta útil para priorizar los esfuerzos de auditoría de las autoridades. El tipo de análisis presentado se podría implementar en tiempo real si se cuenta con las bases de datos en formatos manejables. Sería posible con esta información y este tipo de metodologías crear un tablero de control en tiempo real que permita actuar de forma preventiva y no reactiva frente a transacciones con alto riesgo de corrupción.
Leonor Ortiz Monasterio
Integrante del equipo de investigación aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es internacionalista por el ITAM y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago.
Jorge Andrés Castañeda Morales
Analista económico, académico y director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Bibliografía
Fazekas, M. y János Tóth, I. (2014). “New ways to measure institutionalised grand corruption in public procurement”. U4 BRIEF.
MCCI (2020). “Riesgo de corrupción en los procedimientos de contratación de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas”.