¿Se investiga más la corrupción donde más se necesita?

Quizás usted o sus conocidos saben cuáles son los lugares donde se presentan más casos de corrupción. Quizá, también, se han preguntado qué sucedió para dar pie a esa situación. Quizá, finalmente, se han planteado el problema central: ¿las autoridades lo han investigado? En un artículo anterior, presenté un análisis de las carpetas de investigación por actos de corrupción en México. Allí, identifiqué cuáles son las entidades federativas donde las fiscalías han llevado a cabo más investigaciones por este delito, y también en cuáles menos. En está ocasión, quisiera preguntar si las fiscalías han prestado especial atención a los sitios donde la ciudadanía reporta más casos de corrupción.

Para responder a esta pregunta, conviene considerar dos tipos de cifras. Primero: los datos de las carpetas de investigación por “delitos cometidos por servidores públicos” que reportan las fiscalías locales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Segundo: las cifras de las declaraciones de quienes reportaron haber sido víctimas de corrupción, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Me enfoqué únicamente en los datos de 2021.

Antes, sin embargo, hay que hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, las cifras de víctimas de corrupción podrían distar de la realidad: quizás algunas víctimas de este delito que fueron encuestadas no reportaron sus casos, o reportaron casos que no pasaron ese año. En segundo lugar, este texto se enfoca en las investigaciones por delitos de corrupción hechas por las fiscalías, pero no en las de otras autoridades. Esto significa que es posible que los órganos internos de control de algunas instituciones hayan recibido reportes de posibles actos corruptos que luego investigaron,  pero no los reportaron ante las fiscalías.

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Los casos de corrupción tienden a no ser investigados. En 2021, por ejemplo, las fiscalías locales abrieron aproximadamente 21 000 investigaciones por corrupción. En el mismo año, en contraste, la ciudadanía reportó 4.84 millones de casos en el mismo año. Esto quiere decir que las fiscalía investigaron sólo 0.4% de los presuntos casos de corrupción.

La proporción del total de casos reportados por la ciudadanía y el número de investigaciones no varía mucho de estado a estado.. Las entidades donde las fiscalías investigaron más actos de corrupción —en relación con el número de reportes ciudadanos— son Baja California, Zacatecas y Colima, donde se investigaron, respectivamente, 4.6%, 2.6% y 1.9% de los posibles casos. Si bien son los que mayor proporción de delitos investigaron, en los tres casos más del 95% quedó sin investigar. En contraste, las entidades en las que las fiscalías investigaron menos casos de corrupción en relación con las personas que enfrentaron este delito son Querétaro, Tlaxcala, Yucatán, Campeche, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit y Sonora. En las primeras tres entidades, hay que enfatizar, las fiscalías no investigaron 100% de los posibles casos de corrupción; en las demás, no investigaron 99.9%.

Además, hay que señalar que, en las entidades donde la ciudadanía reporta más actos de corrupción, las fiscalías investigan menos de 1%.  En específico, en el Estado de México, la Ciudad de México y Nuevo León se reportó el mayor número de casos de corrupción. En la primera entidad, se registraron poco más de un millón de casos; en la segunda, 684 000, y en la tercera, 217 000.  Estas tres entidades suman  42% de los casos de todo el país; sin embargo, si bien las autoridades judiciales abrieron más investigaciones por este delito en estos estados, en proporción, sólo investigaron entre el 0.4% y 0.8% de los casos. Es decir, dejaron de investigar 1.49 millones de casos en el Estado de México, 679 000 en Ciudad de México y 269 000 en Nuevo León. 

Fuente: elaborado por la autora de este artículo, con base en cifras del SESNSP y el INEGI.

A manera de conclusión, quisiera recalcar la importancia de fortalecer las capacidades de investigación de las instituciones de en todo el país, así como incentivar la denuncia por parte de la ciudadanía. En especial, es necesario que las entidades en las que más se reporta este delito —Estado de México, Ciudad de México y Nuevo León—  instauren medidas para realizar más investigaciones judiciales. Lo que no se investiga, no se castiga y menos aún, puede prevenirse.

Belem Barrera González
Politóloga por el CIDE y maestra por el IDS, de la Universidad de Sussex. Investigadora y activista enfocada en disminuir la corrupción y violencia, con experiencia en sociedad civil, universidades, gobierno y consultorías en esos temas.