Los programas de integridad pública de las empresas privadas son un tema de interés público, pues no sólo ayudan a crear un sistema de competencia, productividad y ganancias económicas, sino que también resultan en precios más justo para el consumidor. Se estima que el 14 % de los ingresos del mexicano promedio se van a actos de corrupción, ya sea directa o indirectamente. En total, según el Foro Económico Mundial, los mexicanos gastan 363 000 millones de pesos al año en corrupción, lo que equivale a la mitad del presupuesto anual del IMSS. Así, cuando una empresa tiene un programa de integridad, puede llegar a eliminar el 10 % del costo final del producto o servicio que vende. Además, disminuye su riesgo operativo (es decir: cuando las empresas o sus empleados son inhabilitados por las autoridades anticorrupción) y estratégico (cuando las empresas no avanzan por el curso planeado).
Ilustración: Oldemar González
Al participar en algún acto de corrupción, por más pequeño que sea, la empresa que da el soborno pasa de ser víctima a ser causante de la corrupción. Esto es grave, porque cuando incluso sólo una empresa participa en actos de corrupción, desnivela el terreno competitivo y le resta dinamismo y competitividad a toda la industria. En muchas ocasiones, es complicado para un empleado saber con exactitud qué califica como corrupción y qué es considerado “terreno justo”. Esta ambigüedad debe afrontarse a través de programas de integridad que sean claros y transparentes. El Programa de Mentoría de Políticas de Integridad de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) identifica algunos puntos de riesgo para las empresas y sus empleados que carecen de un programa de integridad son los siguientes. Estos puntos son los siguientes:
Conflictos de interés: Según la definición del Manual de Implementación del Código de Conducta para Pequeñas y Medianas Empresas de las Naciones Unidas, un conflicto de interés es cualquier decisión que beneficie a un tercero, sin ningún tipo de mérito profesional o con la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de servidores públicos o funcionarios de empresas, en razón de intereses personales, familiares o de negocio. Algunos ejemplos de este tipo de riesgo son:
• Contratar a un familiar de un funcionario público que trabaja en el organismo que regula a la empresa.
• Invitar a colaborar en algún proyecto a una persona que pueda influenciar a algún proveedor o cliente para beneficiar a la empresa.
• Dar algún donativo para obtener algún beneficio.
Regalos y entretenimiento: Recibir algún regalo o entretenimiento puede afectar directamente al juicio de una persona al tomar la decisión de contratar a un proveedor o darle beneficios a un cliente, lo que promueve la ineficiencia y afecta la capacidad de aprovechar la mejor propuesta. Algunos ejemplos de este tipo de riesgo son:
• Invitar a eventos a una persona con poder de decisión con el afán de obtener algún beneficio que no se pueda obtener de otra forma.
• Aceptar contratos de proveedores que no cumplan con los mejores estándares de precio y calidad.
Competencia desleal: La relación de una compañía con proveedores y clientes debe basarse en la Ley Federal de Competencia Económica, la cual promueve la libre competencia y evita la afectación a los consumidores y a otros proveedores. Algunos ejemplos de este tipo de riesgo son:
• Evitar la entrada al mercado de un competidor, ya sea con sobornos o un alza de precios artificial.
• Afectar las decisiones de otra empresa al imponer condiciones con el afán de evitar la competencia justa.
Contratación de terceros: El proceso de contratación de consultores, proveedores, intermediarios y agentes debe apegarse siempre a los principios, valores y políticas de la empresa. Algunos ejemplos de este tipo de riesgo son:
• No tener mecanismos de supervisión o evaluación de las actividades de terceros.
• No incluir una cláusula anticorrupción en todos los contratos con terceros.
• Permitir la participación de un tercero que no comulga con los principios, valores y políticas de la empresa.
Pagos de facilitación: Cuando una empresa tiene una “caja chica” para facilitar un trámite, está faltando al artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que las empresas deben establecer reglas estrictas que garanticen el cumplimiento de este artículo. Algunos ejemplos de este tipo de riesgo son:
• Pagar para que ciertos documentos se entreguen antes del tiempo establecido.
• Tener un presupuesto para la facilitación de documentos.
Lavado de dinero: La falta de una normativa interna y de procesos que identifiquen este tipo de actividades da pauta a que la empresa sea usada para lavar dinero que provenga de fuentes ilícitas. Algunos ejemplos de este tipo de riesgo son:
• Operaciones con grandes montos en efectivo.
• Poca o ninguna capacitación para colaboradores sobre conductas asociadas al lavado de dinero.
Privacidad y confidencialidad: Las empresas deben desarrollar una política de privacidad y confidencialidad de datos que esclarezca el uso de la empresa de la información proporcionada por terceros. Algunos ejemplos de este tipo de riesgo:
• Filtración de información privilegiada a clientes o proveedores.
• Falta de una política de confidencialidad en los contratos de empleados en la que se señale que se debe de tener privacidad de datos.
Para evitar la ambigüedad en los puntos mencionados, es importante que las empresas tengan un programa de integridad sólido y efectivo. Derivado de la experiencia del Programa de Mentorías, estas son algunas recomendaciones:
• Tener un sistema de indicadores que incluya métricas de impacto enfocado en las mejoras que el programa busca generar. Algunas de estas métricas son, por ejemplo: mejora en la reputación (esta se puede medir con nuevos contratos obtenidos); atracción y retención de talento (una persona permanece más tiempo en una empresa cuando se siente respetada y reconoce el respeto a la ley); mejora en la productividad; impacto en ingresos, etc. Es importante ver el programa de integridad como una inversión y no como un costo para ahorrarse problemas.
• El liderazgo es clave para implementar políticas de integridad y su ausencia es la causa número uno de la falla de estos programas. Todos, desde los directores hasta los colaboradores, deben seguir y respaldar el programa, ajustando todo tipo de beneficios y aplicando las mismas políticas a cada uno de los involucrados en la empresa.
• Tener un sistema de denuncia anónimo en el cual los colaboradores confíen sin temor a represalias. Se debe informar los resultados de las investigaciones y comparar a las diversas áreas de la empresa para incentivar el uso del sistema de denuncias, además de dar un seguimiento muy puntual a cada una de las denuncias. De acuerdo con un reporte reciente de la empresa consultora de riesgo Kroll, el 44 % de los fraudes al interior de las organizaciones fueron descubiertos gracias a un sistema de denuncia, mientras que apenas el 33 % fueron descubiertos por auditoría y el 32 % por proactividad de los directores.
Las empresas juegan un papel fundamental en los esfuerzos para disminuir la corrupción. Un sistema corrupto no puede sobrevivir si nos informamos y nos apegamos a la ley, incluso cuando los ciudadanos se ven en la penosa situación de tener que recordárselo a la autoridad. Somos responsables no solo cuando participamos directamente en la corrupción, sino también cuando no la prevenimos. Un buen punto de partida en el esfuerzo anticorrupción desde el sector privado es que las empresas implementen un programa de integridad. Esto no solo mejora su productividad y eficiencia, sino que también contribuye al control de la corrupción.
Gerrit Gentry Casas
Ingeniero Industrial y apasionado por un México justo y seguro
Fuentes consultadas
Imelda Álvarez, ¿Por qué Integridad Corporativa es una ventaja competitiva?, de Comply LATAM, 2020
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), USAID, Manual de implementación del Código de Conducta para Pymes, Ciudad de México, México.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), USAID, Modelo del Código de Conducta para Pymes, Ciudad de México, México, 2018.
Consejo Coordinador Empresarial, Manual de Integridad, México.