Viveros de Coyoacán: el gobierno haciendo leña del árbol plantado

El presente artículo tiene el objetivo de señalar y analizar las causas del deterioro en que actualmente se encuentra el parque nacional Viveros de Coyoacán. Las causas obedecen a múltiples prácticas de negligencia y corrupción institucional que, históricamente, han perpetrado autoridades federales y locales. La mayor parte de ellas están vinculadas con la administración y preservación del medio ambiente y los recursos naturales del parque nacional.

En este artículo haré una breve cronología sobre los atropellos de los que ha sido objeto el parque por parte de diversos actores, principalmente gubernamentales. A continuación, explicaré el modus operandi que ha permitido no solo la subsistencia, sino el agravamiento de las prácticas de corrupción en el manejo del recinto a través de los años. Posteriormente, quiero desarrollar la condición de abandono y deterioro en que se encuentra actualmente el Vivero. Finalmente, ofreceré algunas soluciones viables para detener este menoscabo, desde mi perspectiva, al insistir con el plan original de conservación y producción forestal del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, sobre el cual el Plan de Restauración Ambiental 2025-2030 del gobierno actual debe partir.

Tras un largo rastro de corrupción

Desde su fundación —que tiene como origen la magnificente donación de 19,478 m² por parte del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo para su creación^[1]— la historia del vivero forestal de Coyoacán corre a la par de numerosos intentos por minar su patrimonio. El primero de ellos data de 1913. Seis años después de su fundación y tras el golpe de Estado por Victoriano Huerta, éste ordenó a sus subordinados la sustracción de una “[…] gran cantidad de árboles, unos para vender y otros para colocarlos en sus casas”, la apropiación de bienes muebles de transporte del Vivero, así como que “se le entregara el fondo de dicha institución forestal.”^[2]

A pesar de haber gozado del reconocimiento y del apoyo de las presidencias de Porfirio Díaz y de Venustiano Carranza, no fue hasta 1938 que, gracias a las habilidades diplomáticas de Miguel Ángel de Quevedo, se logró que el presidente Lázaro Cárdenas emitiera un decreto que declaró Parque Nacional «El Histórico Coyoacán» los terrenos de esa población.^[3]

Hasta 1946, año de la muerte de De Quevedo, la única construcción que había sido autorizada dentro del recinto fueron sus oficinas administrativas en 1910, las cuales ocuparon 2,095 m² de un total de las casi 43 hectáreas^[4] que llegó a comprender el Vivero. Es indudable que las desincorporaciones de territorio y las construcciones, así como el paulatino abandono de la misión original del Vivero, coinciden precisamente con la ausencia de “El apóstol del árbol” de la escena pública.

A continuación se hace un registro cronológico, aunque no exhaustivo, de este rastro de corrupción y negligencia de las autoridades:

Fotografías capturadas por el autor.

La imagen de la izquierda muestra la vista desde la calle Pérez Valenzuela de las dos casas ubicadas en la calle Retama. Ambos predios se encuentran bajo el registro catastral 052-372. De acuerdo con datos actualizados del INEGI, habría un registro de hasta tres viviendas dentro de los Viveros con un total de 12 habitantes. Estas y otras evidencias, como la remodelación entre 2014 y 2017 del primer domicilio de acuerdo con fotografías de Google Maps, con la cual se le añadió un tercer piso y una terraza, constatan que este espacio es ocupado con un uso de suelo contrario a lo que dispone el artículo 46 fracción Ill de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que considera a los parques nacionales como áreas naturales protegidas; además, desde luego, de ser ésta zona federal y jamás haberse cedido legalmente en calidad de propiedad privada. Mientras que la imagen de la derecha muestra el Concejo de la alcaldía Coyoacán, actualmente rehabilitado y apropiado ilegalmente por la alcaldía.

Esta imagen satelital (2024) capturada con Google Earth, muestra el estacionamiento del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Mientras que en la parte inferior se observa, de izquierda a derecha, un edificio gubernamental, una superficie verde “no acreditada” de 377m² —según términos empleados en un plano de 2014 obtenido del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN)— y las dos casas de Retama, una con patio trasero y otra al fondo del callejón, mostradas en la imagen anterior. A pesar de estar remarcada de manera separada, la superficie de ambas casas no viene especificada por uso de suelo o dependencia gubernamental en el plano mencionado. Este se remite a señalar que se trata de una de varias escrituras originales del Vivero a nombre del gobierno federal.

Decretos presidenciales: falsa conservación y corrupción ambiental

Como se mencionó con anterioridad, no fue sino hasta después de la muerte de Miguel Ángel De Quevedo que el Vivero empezó a ser objeto de permutas, desincorporaciones, comodatos y privatizaciones a pesar de que el vivero es un parque nacional protegido. Conviene recordar que, al tratarse de un inmueble perteneciente al patrimonio de la federación, la administración del Vivero recae en el poder ejecutivo federal. Por ello, el momento clave que no debe perderse de vista en este análisis es el decreto presidencial de 1976, emitido por Luis Echeverría Álvarez, mediante el cual se incorporó el Vivero a los bienes del dominio público de la Federación, al mismo tiempo que se destinó su administración a la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

El decreto de Echeverría permitió que, una vez que el Vivero se encontrara al servicio de esta secretaría —misma que había sido autorizada para instalarse dentro del Vivero en 1954 por Ruiz Cortinez—, los demás traslados de dependencias gubernamentales, así como cualquier construcción o movimiento importante dentro del Vivero, no requirieran nuevas autorizaciones. De hecho, la evidencia apunta a que todas las demás construcciones y movimientos a partir de 1974 fueron autorizadas desde la misma secretaría –sin pasar por nuevos decretos presidenciales o cambios de uso de suelo– por la figura del comodato, tal y como lo indican los artículos 30 y 67 de la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN).

De igual manera, no hay que descartar que haya sucedido algo semejante con la construcción del helipuerto o el parque deportivo José Gorostiza. En el caso de las casas habitación de Retama, así como de las instalaciones del Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía de Coyoacán, se trata de inscripciones de propiedad de carácter local que han sacado provecho de la opacidad y corrupción que reina dentro del Vivero. Esto porque las inscripciones no podrían tener ninguna validez legal frente al estatuto federal del predio en el que se encuentran.

Luego del decreto de traspaso y administración, las operaciones sobre el vivero que siguieron quedaron prácticamente en la opacidad y a merced de la discrecionalidad de la secretaría al mando, primero la SAG y finalmente la SEMARNAT. Fue así que el traslado de nuevas instituciones, según la demanda del proyecto sexenal en turno, se hizo posible siempre y cuando la misma secretaría argumentara, aunque no sin dolo, que dichas medidas serían complementarias a la conservación ambiental del Vivero. El resultado es que las autoridades involucradas, siendo responsables de la conservación de las áreas verdes protegidas, han tomado medidas que van en el sentido contrario.

Como muestra de lo anterior, está el acuerdo secretarial emitido por Arsenio Farell Cubillas, titular de la extinta Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), publicado en 1997. Según este acuerdo, se destina a la entonces SEMARNAP el servicio del inmueble ubicado dentro del Vivero, en la calle de Progreso número 3, “a efecto de que continúe utilizándolo con instalaciones de un centro para actividades en materia de educación y capacitación”. Más adelante, el secretario justifica que dicho acuerdo se da en razón de dar un “óptimo aprovechamiento” al Vivero, «dotando en la medida de lo posible a las dependencias de la Administración Pública Federal, con los elementos que les permiten el mejor desempeño de sus funciones».

Es importante distinguir que la intervención de la SECODAM fue necesaria ya que la custodia de la propiedad del Vivero recaía en ese momento en su jurisdicción, aunque ahora lo está en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del INDAABIN. Mientras que la regulación y administración del uso de suelo del Vivero estaban en manos de la SEMARNAP.

Es precisamente en este caso en donde se revela el conflicto de intereses generalizado, ya que como asegura Farell Cubillas, el interés histórico de la burocracia federal y local en la zona en cuestión, ha sido el de expandir su dominio material sin considerar el uso de suelo conservacionista que le da razón de ser a aquella. Ciertamente, fue el propio Miguel Ángel de Quevedo el que en 1923 condicionó ante el notario José de Jesús Arce la donación del predio en donde actualmente se localiza la SEMARNAT: “si alguna vez el Gobierno Federal resolviere no aprovecharlos para Vivero de Árboles del Sevicio Forestal, volverán dichos terrenos al dominio de los propios donantes o al de sus herederos.”

Además, dicha cláusula notarial es secundada por diversas disposiciones legales, también vigentes, que protegen al sitio de prácticas invasivas en su interior, entre ellas: el artículo constitucional 27; el decreto presidencial de 1938; la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) de 1988; y el Programa Parcial del Desarrollo Urbano (PPDU) de la Colonia del Carmen de 1994; y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) de 2003.

Lamentablemente, a pesar de la promulgación de estas disposiciones legales, han sido estas cuestionables decisiones por parte de las autoridades federales y locales, así como la falta de supervisión externa, tanto ciudadana como de auditorías independientes, los factores que han contribuido a que la corrupción haya proliferado dentro del Vivero. Particularmente, resalta el ejercicio del poder presidencial, que a través de sus facultades puede influir en el respaldo de la conservación del vivero para su aprovechamiento público, o para que la administración bajo su mando se apropien de este espacio como si se tratase de un patrimonio de disfrute personal.

Esta discrecionalidad de las autoridades sobre el patrimonio, así como la dependencia de la SEMARNAT (la misma secretaría responsable de permitir u ocasionar directamente daños al Vivero) en materia de evaluaciones y resoluciones de impacto ambiental, han creado un ambiente idóneo para que el uso arbitrario e ilegal del suelo del Vivero se perpetúe sistemáticamente, al grado de normalizarse y pasar desapercibido.

Agradezco a Luz Emilia Aguilar Zinser por su apoyo, asesoría y tiempo, indispensables para la realización de este artículo.

Mauricio Aguilar Madrueño

Estudiante del doctorado en Ciencia Política de la UNAM

^[1] Según lo constatan dos documentos suscritos por el ilustre ingeniero: un memorándum de 1911 del Departamento de Bosques que menciona la donación de una hectárea del Rancho Panzacola en 1901 y un acta notarial de donación de la familia De Quevedo de 1923, que ratifica la primera donación y añade otros 9478 m² al Vivero.

^[2]México Forestal, vol. 24, núms. 7–9, (1946): 49.

^[3] Gracias a su liderazgo en instituciones clave como la Junta Central de Bosques, la Sociedad Forestal Mexicana y el Departamento Autónomo de Caza y Pesca, el Ing. De Quevedo logró la creación de más de treinta parques nacionales. México Forestal, op. cit., 33.

^[4] Esta cifra oscila entre las 42.6 y 42.97 hectáreas, según la fuente que se consulte. En la actualidad, según INDAABIN, el Vivero tiene una superficie total de 40 hectáreas; según SEMARNAT, de 39. Esta disminución de entre 3 y 4 hectáreas corresponde a los terrenos desincorporados en la parte sur para la construcción de la calle Pérez Valenzuela y de viviendas particulares.

^[5] Parece más bien una medida oportunista para adornar de legalidad y utilidad pública el acaparamiento arbitrario de dicha superficie.

^[6] Esto es cuestionable solamente en aquella que se encuentra en la parte que da hacia la calle Pérez Valenzuela se construyeron casas populares. Mientras que la que se encuentra sobre la calle Progreso hasta la plaza de Santa Catarina, a excepción de la Escuela Primaria República de Argentina, son viviendas de un nivel socioeconómico alto.

^[7] Los datos sobre ambas propiedades varían según la fuente. Según las fichas catastrales de la Secretaría de Movilidad la construcción del #40 es de 1966. Por otro lado, en un oficio dirigido al Departamento del Distrito Federal por parte de la Dirección General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica del 19 de septiembre de 1989, archivado en el Centro de Documentación e Información del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal (CEDOC), se reveló que la propiedad data de 1984. Es probable que este cambio se deba a la fecha en que ésta fue dada de alta en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México.

^[8] Planos de la colonia Del Carmen que datan de 1929 y 1937 ya muestran la existencia de esta calle cerrada, una suerte de continuación de una del mismo nombre que empieza desde el otro lado de la avenida G. Pérez Valenzuela y termina cortando parcialmente el frente sur del Vivero. Algo similar ocurre con el caso del callejón Torresco, que rodeaba un predio incorporado al Vivero y terminó por desaparecer. Es probable que los predios que dan hacia la parte centro-sur hayan sido los más vulnerables a invasiones, en tanto no alcanzaron el mismo nivel de producción y aclimatación que el resto por ser los últimos en incorporarse a la superficie total (1934).

^[9] Hasta 1995 el Vivero fue administrado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería. A partir de ese año pasan a depender de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). Desde su traslado a los Viveros, el gobierno federal ha incorporado numerosas instituciones a sus instalaciones burocráticas en distintos momentos.

^[10] De acuerdo con información reciente del registro de inmuebles del INDAABIN, la Dirección de Patrimonio Inmobiliario de la CDMX y el Sistema Nacional de Transparencia, no existe evidencia de que el parque José Gorostiza —así como el predio en donde se ubica el Concejo de Coyoacán—, sea parte de los bienes inmuebles de esa alcaldía. En realidad, ni un solo metro cuadrado de todo el predio del Vivero le pertenece a la alcaldía. Todo indica que este terreno, tras ser reacondicionado como parque deportivo, fue reabsorbido como parte del total del Vivero, no obstante que originalmente no figura entre las donaciones y adquisiciones originales realizadas por Miguel Ángel de Quevedo, que van desde 1901 hasta 1934. Tanto este parque, como una fracción del frente centro-sur del Vivero, han terminado siendo espacios multiusos para aulas provisionales, comercio informal, estudios de grabación, bodega, oficinas, etc.

^[11] Una vez que el helipuerto cesó de operar, esa propiedad quedó en desuso. Sin embargo, nunca se regularizó para restablecer su uso original de vivero. Esta negligencia provocó que el DDF se apropiara de ella, turnando su uso, hasta la fecha, con la alcaldía de Coyoacán, como si se tratase de un terreno baldío de usos múltiples.

^[12] Este predio no ha dejado de ser, en ningún momento, propiedad federal. Originalmente, al igual que las casas habitación ubicadas en la calle Retama, comprendía “El Mezquite”, “El Robles” y una parte de “Fernández”, predios particulares adquiridos por el gobierno federal entre 1922 y 1934 por encomienda de Miguel Ángel de Quevedo. Es común encontrarse con muchas variaciones en los datos según los documentos y planos oficiales que se consulten. Un compendio de las donaciones y compras con las que se conformó todo el predio del Vivero pueden hallarse aquí.