Hoy, muchos medios buscan "por cielo, mar y tierra" una declaración de los familiares de los detenidos durante la manifestación del 15 de noviembre (15N). Han olido que el tema es viral, que genera clics. Pero la memoria periodística es corta: la noche del sábado y la madrugada del domingo 16, cuando la incertidumbre asfixiaba a madres y padres afuera de las agencias, la "industria" callaba. Se quedaron con la versión oficialista de la "provocación" e ignoraron la cacería que ocurría en las calles.
En esas horas de silencio cómplice, no fueron las filtraciones de supuestos "hacktivistas" —que después replicaron mi trabajo sin dar crédito— quienes dieron la cara. Fue el periodismo de a pie y una red inédita de 400 abogados quienes tuvimos que suplir la función del Estado.
Mi teléfono se convirtió en la caja negra de esa noche. Y la evidencia que guardo (chats, fotos de carpetas y expedientes judiciales) confirma que lo ocurrido no fue un operativo resultado de una labor de inteligencia, sino una redada indiscriminada.
1. La confesión: “A quién sea y cómo sea”
Entre los testimonios que recabé, destaca el de Mildre Giovana Zavala Jurado. Su relato contiene la “pistola humeante” que desmorona la narrativa oficial. Además de los golpes y el terror psicológico, Mildre me reveló que, durante su detención, un policía le susurró al oído la naturaleza real del operativo: "La orden es agarrar a quien sea y como sea".
Esa frase explica por qué las celdas no se llenaron de “anarquistas peligrosos” o integrantes del “bloque negro”, sino de perfiles que el sentido común no logra encuadrar en una conspiración. Sólo una orden de “pesca milagrosa” explica la detención de Sergio David Velasco, a quien la Fiscalía presentó como un criminal. La realidad, confirmada por su hermana Carol y amigos cercanos, es que Sergio es un misionero cristiano. No llevaba explosivos: llevaba una cartulina pidiendo medicinas para niños con cáncer.
En el primer amparo colectivo que fue promovido de madrugada (1117/2025), aparece mencionado Fernando Escobar Herrera, identificado en el expediente como "menor de edad". La policía no distinguió objetivos: barrió parejo. Fernando fue liberado en la madrugada, un reconocimiento tácito del error, pero el hecho de que un niño tuviera que ser amparado por abogados para no quedar atrapado en el sistema penal exhibe la peligrosidad del operativo.
Amparo 1117/2025 promovido por personas detenidas el 15N
2. La mentira médica: el juez federal lo notó
Mientras la autoridad filtraba que los detenidos estaban en “buen estado”, los mensajes que recibí contaban otra historia. “Tengo el corazón roto… lo encontramos VIVO, si es que se le puede llamar así… con la cabeza abierta y el rostro desfigurado”, me escribió un familiar de Eduardo Josafat Carreón.
Esta discrepancia no es una anécdota, es una prueba judicial. En el Juicio de Amparo 1134/2025, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito, el juez federal detectó que la autoridad ministerial no remitió las constancias relativas al certificado médico de Josafat. El juez tuvo que ordenar explícitamente que se remitiera el examen para verificar “su estado físico con motivo de su detención”. Intentaron ocultar las lesiones al Poder Judicial, pero el expediente no miente.
3. La defensa heroica y el chantaje
Ante el vacío de información, la sociedad civil actuó. Como señalé anteriormente, tengo en mi poder la evidencia del Amparo 1117/2025, presentado en la madrugada del 16 de noviembre. Este documento fue el primer escudo legal que evitó la desaparición burocrática de jóvenes como Daniela Toussaint. De hecho, en otro Amparo, identificado con el expediente 1143/2025, el juez concedió una suspensión de plano para que cesara de inmediato la incomunicación y la tortura. Esta decisión es un reconocimiento legal de la situación y el riesgo que corrían.
Sin embargo, la presión del Estado fue brutal. Tengo los mensajes donde las familias aterradas me piden eliminar las publicaciones que ayudaron a localizar a sus hijos: “Desafortunadamente ya nos pidieron eliminar todo. La viralidad del caso perjudicó el proceso”. La autoridad utilizó la libertad de los jóvenes como moneda de cambio: silencio mediático y desistimiento de las acciones legales a cambio de clemencia procesal. Esto se vio reflejado en que varios detenidos ya no ratificaron el Amparo 1179/2025.
4. El saldo oficial: la legitimación del abuso
En un comunicado posterior, el 19 de noviembre, la Fiscalía de la Ciudad de México intentó cubrir la imagen del operativo bajo un barniz de legalidad. Informó que ocho personas —incluidos Eduardo Josafat y Francisco— se quedaban en prisión preventiva justificada, mientras que diez enfrentarían su proceso en libertad, como Daniela Toussaint. La institución presume que a los detenidos “se les practicó valoración médica” y “se mantuvo comunicación con sus familiares”. Estas afirmaciones chocan frontalmente con los chats de auxilio y los amparos por incomunicación que tengo en mi poder.
Es revelador que la propia Fiscalía admita que tuvo que reclasificar seis casos inicialmente señalados como “tentativa de homicidio” a delitos menores. Es la confirmación tácita de que fabricaron acusaciones insostenibles para justificar la violencia de la detención. Hoy, mantienen en la cárcel a ocho personas bajo el argumento de “riesgo de evasión”, cuando lo único que documentamos esa noche fue el riesgo de desaparición forzada por parte del Estado.
5. El vacío legal: desaparecidos del sistema
La ilegalidad técnica de las detenciones fue flagrante. Mientras las familias buscaban desesperadas, confirmamos un vacío aterrador: detenidos como el misionero Sergio David Velasco no aparecían en el Registro Nacional de Detenciones (RND). Durante horas críticas, Sergio no existía en los registros del Estado mexicano a pesar de estar en sus manos. La información se fue actualizando a destiempo, pero ese lapso, un "limbo", constituye técnicamente una desaparición forzada temporal.
“El hecho de que se genere una detención y no se haga el Registro Nacional de Detenciones, significa que la persona estuvo incomunicada y con riesgo de desaparición porque justo para eso son las audiencias de control de detención, para verificar que estuvo acorde a la ley. Estos perros no habían hecho nada de eso”, me dijo una de las litigantes del bloque de los 400 abogados.
6. La incógnita médica
El caso de José Ángel Paz Hernández es donde la versión oficial hace agua. Testigos presenciales aseguran que, tras la detención, "no dejaba de vomitar sangre", un signo de daño interno grave. Sin embargo, en el informe del Amparo 1170/2025, la Fiscalía aseguró al juez que José Ángel solo presentaba "lesiones que tardan en sanar menos de 15 días" y que por ello fue enviado al Juez Cívico el 17 de noviembre. La contradicción es alarmante: nadie con rasguños menores vomita sangre. Si bien el expediente menciona una visita de su padre, el silencio mediático de la familia y su salida del radar penal sugieren que el caso fue "enfriado" administrativamente para evitar que un dictamen de tortura manchara el proceso, dejándolo en un limbo donde la gravedad de su salud real sigue siendo un misterio.
7. La libertad condicionada: La firma de Carlos Cruz
En el mismo expediente, la Fiscalía afirmó que a Carlos Cruz Guillén se le concedió libertad condicional desde el 18 de noviembre. Sin embargo, un día después, el actuario judicial certificó haberlo encontrado todavía al interior del Reclusorio Norte, momento en el cual Carlos “se reservó el derecho a ratificar su amparo”. Si el juez ordenó su libertad el día anterior, ¿por qué seguía bajo custodia física horas después? La cronología sugiere que los trámites finales de liberación coincidieron sospechosamente con su renuncia a la protección federal. La lectura es inquietante: para que la puerta del penal se terminara de abrir, primero tuvo que cerrarse la puerta de la defensa de derechos humanos.
El futuro: la CIDH
La batalla del 15N no terminó con las audiencias del 19 de noviembre. He confirmado que el doctor Víctor Hugo Gutiérrez Yañez, junto con el bloque de activistas de la organización Defensorxs, llevarán este expediente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Publicar las listas, los videos y los números de amparo no fue un acto en búsqueda de "viralidad", fue un seguro de vida. Al final, aparecieron. Y aunque hoy el gobierno intente borrar la historia chantajeando a las víctimas, los documentos judiciales y los mensajes ahora públicos son la prueba imborrable de que esa noche la orden fue cazar inocentes y la ciudadanía tuvo que rescatarlos.
Periodista especializado en temas de ciberseguridad, política y corrupción
https://drive.google.com/file/d/1TD4iShy6RSGxJAkUlQ8V20mDdKoKHs-V/view?usp=drive_link
Que asco es la 4T,gobierno stalinista,miedo justificado.