Hace unas semanas intenté hacer algo sencillo pero significativo con mis estudiantes del curso “Estado y administración pública”, que doy en El Colegio de México cada dos años: llevarlos al Palacio Nacional para ver los murales de Diego Rivera. Mi intención era pedagógica antes que turística. Quería mostrarles que el arte público, sobre todo aquel concebido para ocupar los muros de un edificio del Estado, es una puerta de entrada a la imaginación política y administrativa de un país. En esos muros se condensan narrativas sobre quiénes somos, qué heroísmos celebramos, qué eventos condenamos y qué futuro pretendemos. Verlos en su ubicación original es parte relevante de la lección: entender que el arte es también un dispositivo ordenador, un modo de contar la nación desde el centro mismo del Estado.
Como suele ocurrir con instalaciones federales, la visita requirió toda una tramitología: oficios a oficinas poco visibles, listas con datos personales, responsables designados, autorizaciones encadenadas. Que un ciudadano deba cumplir tanto trámite para acceder a un recinto público ya es, por sí solo, una señal de alarma. Sin embargo, cuando llegamos al lugar, descubrimos que nada de eso importaba. Las puertas estaban cerradas. La visita acordada meses atrás debía cancelarse sin más. ¿La razón? La presidenta Claudia Sheinbaum estaba grabando un video para mostrar la ofrenda de Día de Muertos montada en el Palacio.
La ironía era difícil de ignorar: la ofrenda que luego sería presumida en redes sociales no podía ser visitada por nadie. La actividad oficial quedó subordinada a la personal; la pedagogía, al marketing político. Y los murales, concebidos como patrimonio de todos, quedaron fuera del alcance de quien quisiera verlos ese día. Para completar el cuadro, como me explicó el apenado funcionario de Hacienda que intentaba justificarse, ésta no era la primera vez que una visita programada al Palacio debía cancelarse: múltiples solicitudes semejantes han terminado en el mismo desenlace desde que el expresidente López Obrador decidió mudarse allí.
No fue un malentendido logístico ni un fallo de coordinación. Lo inquietante fue reconocer un patrón: en los espacios públicos, el poder político suele anteponer sus prioridades a las de la ciudadanía. ¿En qué momento normalizamos que los espacios públicos más simbólicos del país se cierren al uso privado o a la autopromoción de sus ocupantes temporales? ¿En qué momento aceptamos que el Palacio Nacional, que no es la casa de un líder o una representante, sino la sede del Estado, funcione como si fuera propiedad personal del gobernante en turno?
El problema trasciende el contratiempo. Revela una deriva patrimonialista: cuando un espacio como el Palacio Nacional se cierra arbitrariamente para fines personales o propagandísticos, el Estado es tratado como una extensión del liderazgo político. Esa apropiación material y simbólica es una forma de captura que desvía el interés público hacia fines particulares.
La gravedad del asunto radica justamente en esa sutileza. La captura naturaliza la idea de que el poder puede disponer del patrimonio común según convenga, muy a despecho de los procedimientos diseñados para que dicho patrimonio sea accesible, lo cual es incompatible con la cultura democrática que nuestros dirigentes dicen defender. Los espacios del Estado son, literalmente, escenarios públicos y, por ende, como dice la filósofa Nora Rabotnikof, habrían de caracterizarse por estar a la vista de todos, por ser de aprovechamiento común y de acceso para todas las personas.
En tiempos en los que la confianza democrática está bajo presión y las acusaciones de regresión autoritaria pululan en el debate nacional, estos gestos importan y mucho. No porque una visita escolar frustrada vaya a redefinir la política del país, sino porque añade una pieza de evidencia a un patrón más amplio: la frontera cada vez más borrosa entre lo público y lo personal; la tentación patrimonialista del poder; la disposición normalizada, casi rutinaria, entre nuestros líderes políticos a subordinar las funciones del Estado a las necesidades inmediatas de ellos o de los movimientos y facciones que representan. Está totalmente normalizado el cierre de avenidas, plazas y edificios públicos para eventos privados o partidistas. Son pequeñas señales de captura que, acumuladas, fomentan la idea de que el Estado es un instrumento al servicio de sus líderes, no una institución de todos.
Hace unos años se celebró la apertura de Los Pinos como gesto de reivindicación: devolver al pueblo un espacio antes reservado a los presidentes. Sin embargo, si ese gesto simbólico coincide con el cierre recurrente del Palacio Nacional —un edificio de Estado, no sólo de gobierno— para fines privados o propagandísticos, el balance final es dudoso. Abrimos la residencia, pero cerramos el recinto republicano. Francamente, no estoy seguro de que hayamos ganado algo particularmente valioso con ese intercambio.
Hay algo adicional que no conviene perder de vista: el sentido del arte público es, precisamente, ser público. Los murales de Rivera, la arquitectura virreinal y la iconografía republicana del antiguo recinto legislativo fueron concebidos para hablarle a la colectividad, para educar, interpelar y ofrecer una narrativa compartida. Su valor no radica únicamente en su existencia material o en su reconocimiento patrimonial, sino en la posibilidad de ser vistos, discutidos, interpretados y apropiados libremente por quienes conforman esa comunidad política. Un mural cerrado es, en cierto sentido, un mural amputado: pierde su propósito pedagógico y cívico. El arte público que no puede ser visto se convierte en una contradicción, un testimonio de lo común que es capturado y restringido.
Por eso, el cierre, episódico o no, de Palacio no es un detalle. Dice mucho sobre la relación que este régimen mantiene con la ciudadanía: exige trámites para acceder a lo público, pero reserva esos mismos espacios para usos privados cuando conviene. Dice mucho también sobre cuánto estamos dispuestos a tolerar cuando el Estado se comporta como si fuese propiedad de quienes temporalmente lo ocupan.
Fernando Nieto Morales
Profesor investigador de El Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.