Las reformas electorales son, en esencia, disputas por el poder. Cambiar las reglas del juego equivale a redefinir quién puede competir, en qué condiciones y con qué probabilidades de imponerse (Boix, 1999).
Por eso, estas reformas suelen surgir en contextos de tensión. Cuando una fuerza política llega al gobierno, tarde o temprano enfrenta una pregunta decisiva: si las reglas existentes le permiten consolidar su proyecto con suficiente margen de maniobra. Cuando la respuesta es incierta, aparecen incentivos para modificar el sistema. Es ahí donde se revela el carácter de estas discusiones. Lo que en apariencia se presenta como una deliberación técnica suele ser, en realidad, una disputa entre actores que calculan costos, beneficios y posibilidades de supervivencia. Los partidos suelen apoyar o bloquear reformas electorales no en función de principios ideológicos, sino según el impacto que éstas puedan tener sobre su representación futura y su permanencia en el sistema político (Negretto, 2013).
La iniciativa de reforma electoral presentada en 2026 por el gobierno de Claudia Sheinbaum debe entenderse en ese marco. La discusión giró, al menos en el discurso, en torno a la austeridad o la eficiencia administrativa. En el fondo, lo que estaba en juego era la posibilidad de que una modificación de las reglas electorales alterara la correlación de fuerzas en el Congreso, reordenara los incentivos de los partidos aliados al oficialismo y condicionara la competencia política en los años siguientes.
La reforma original
La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral enviada por la Presidencia el 4 de marzo de 2026 propuso modificar 11 artículos de la Constitución (35, 41, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 115, 116 y 134) fue presentada como un esfuerzo de austeridad y simplificación institucional. El debate político, sin embargo, dejó ver que no se trataba únicamente de reducir costos administrativos, sino de modificar componentes sensibles del sistema electoral mexicano.
En principio, la propuesta parecía orientada a poner orden en el sistema. Mantenía el financiamiento público a los partidos con la fórmula ya conocida y conservaba el criterio de reparto que combina una parte igualitaria con otra vinculada a la representación electoral de cada partido. Sin embargo, esa continuidad iba acompañada de un endurecimiento importante en el control del dinero: se prohibía recursos provenientes del extranjero, fondos ilícitos y aportaciones en efectivo. Todo tendría que pasar por el sistema financiero. Por otro lado, la modificación no sólo pretendía cerrar ciertas fuentes de financiamiento, sino ampliar de manera importante la capacidad de vigilancia del Estado.
La obligación de reportes cotidianos al INE por parte de instituciones financieras y de actores vinculados con actividades vulnerables modifica de manera sustancial la lógica de la fiscalización. No sólo sería revisar, una vez terminada la elección, qué recursos entraron y cuáles salieron, sino de monitorear casi en tiempo real el flujo del dinero dentro del sistema político. Eso, por supuesto, fortalecía a la autoridad electoral. Pero también la convertía en depositaria de información extraordinariamente sensible. Cualquier concentración de información de esta naturaleza amerita una lectura cuidadosa.
Dentro de esa misma lógica había otro cambio que aparentaba ser administrativo, aunque en realidad tenía implicaciones políticas claras. Permitir que los cómputos arranquen desde la recepción del primer paquete electoral buscaba reducir tiempos muertos y acelerar la entrega de resultados. En política, el procedimiento también importa. Por eso, la incertidumbre suele convertirse en sospecha, especialmente cuando cambian los tiempos del conteo, pues ello incide directamente en la narrativa pública sobre la legitimidad de la elección.
Más novedosa es la incorporación de reglas sobre inteligencia artificial. La obligación de etiquetar contenido electoral alterado y la responsabilidad que se asignaba a plataformas e intermediarios para identificar, advertir o inhibir material no marcado responde a un problema que ya está aquí: la manipulación digital se ha convertido en un instrumento real de competencia política. El reto, sin embargo, no es menor. Una cosa es combatir la falsificación deliberada y otra muy distinta abrir un espacio ambiguo donde autoridades, plataformas o concesionarios terminen definiendo qué puede circular, qué debe limitarse y con base en qué criterio. El remedio puede derivar en discrecionalidad.
Ahora bien, donde la reforma mostraba con mayor claridad su alcance político era en la representación. Eliminar la lista nacional plurinominal y reducir el número de integrantes de 128 a 96 concentraba su integración en la lógica estatal de mayoría relativa y primera minoría. Al mismo tiempo, la reconfiguración de las diputaciones de representación proporcional modificaba el mecanismo correctivo que durante años permitió introducir pluralidad, compensar asimetrías y abrir espacio a fuerzas con menor capacidad territorial. Alterar esa fórmula implica modificar incentivos de competencia, redefine quién puede llegar al Congreso y estrecha o amplía las posibilidades de supervivencia de las minorías políticas.
La apertura de consultas, referéndums y plebiscitos en entidades y municipios termina de completar el cuadro. Presentada como una ampliación de derechos ciudadanos, también puede convertirse en un instrumento de presión política y de legitimación plebiscitaria desde el poder local, cuyas ventajas y problemas ya fueron advertidas en este espacio. Los umbrales de solicitud y de vinculatoriedad buscan darle seriedad al mecanismo, pero no eliminan el riesgo de que la democracia directa deje de operar como complemento institucional y empiece a utilizarse como atajo para evadir mediaciones, contrapesos o resistencias.
El conflicto político
El núcleo del conflicto político estuvo en la posibilidad de que estos cambios alteraran los incentivos y la distribución del poder dentro del sistema electoral mexicano. Desde el punto de vista constitucional, la iniciativa enfrentó desde el inicio una barrera institucional importante. Al tratarse de una modificación a la Constitución, requería una mayoría calificada de dos terceras partes en el Congreso de la Unión, además de la ratificación de al menos diecisiete congresos estatales, como establece el artículo 135 constitucional.
Aunque la coalición gobernante encabezada por Morena contaba con una mayoría legislativa considerable, el partido no tenía por sí solo los votos necesarios para alcanzar ese umbral. La aprobación de la reforma dependía, de mantener cohesionados a sus aliados en una iniciativa que afectaba directamente sus intereses. La propuesta obtuvo 259 votos a favor y 234 en contra, muy lejos de los más de 330 requeridos. Lo relevante es que el rechazo no provino únicamente de la oposición, sino de las tensiones dentro de la propia coalición gobernante.
Partidos que habían acompañado al gobierno en otras iniciativas, particularmente el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), terminaron convirtiéndose en un veto decisivo. La razón parece ser de cálculo político ya que para fuerzas medianas o pequeñas, los mecanismos de representación proporcional constituyen una garantía práctica de presencia legislativa y capacidad de negociación. A diferencia de los partidos dominantes, que pueden ganar distritos uninominales con mayor facilidad, estas fuerzas dependen en buena medida de los espacios plurinominales para sostenerse dentro del Congreso.
Visto así, respaldar la reforma implicaba aceptar un rediseño institucional que podía reducir sus oportunidades futuras de representación parlamentaria. En este punto, la observación de Carles Boix resulta útil: los partidos tienden a promover o bloquear reformas electorales según el efecto que éstas tienen sobre sus probabilidades de supervivencia política. El rechazo del PT y del PVEM fue una reacción racional frente a una propuesta que podía fortalecer a Morena a costa de sus propios márgenes de autonomía.
Plan B de la Reforma
El fracaso de la primera reforma abrió una segunda ruta. El llamado Plan B, lanzado el 17 de marzo, desplazó la discusión hacia mecanismos que pueden reordenar la relación entre gobierno, competencia electoral y participación ciudadana. En sentido estricto, conviene entender este plan como una reforma política más que electoral, cuyos riesgos principales se mueven en cuatro frentes.
El primero es la consulta popular como vía para discutir temas o para empujar cambios que no lograron pasar por el Congreso. El problema es que busca una vía alterna de presión frente a los cauces institucionales ordinarios y sustituir la mediación constitucional por una mayoría coyuntural movilizada desde el poder.
El segundo riesgo es la revocación de mandato vinculada a la elección intermedia de 2027. Si la presidenta aparece en la boleta en ese contexto, la separación entre gobierno y competencia electoral se debilita de forma evidente. Al mismo tiempo, el oficialismo gana un mecanismo adicional de movilización en la renovación de la Cámara de Diputados y de varias gubernaturas, inclinando “la cancha” a favor de Morena.
El tercer frente tiene que ver con el árbitro electoral. La sustitución de consejeros y la posibilidad de intervenir en el servicio profesional de carrera abren dudas sobre la imparcialidad y la fortaleza del órgano encargado de hacer cumplir las reglas. Eso afectaría una de las condiciones básicas de legitimidad del proceso electoral: el principio de igualdad en la contienda, ya de por sí erosionado por la creciente intervención del gobierno en los últimos procesos electorales.
El cuarto riesgo es político. Al profundizar la fractura entre Morena y sus aliados, el PT y el PVEM empiezan a ver con particular recelo la revocación de mandato. Al colocar a la presidenta en el centro de los próximos comicios fortalecería aún más a Morena, al tiempo que reduciría su propio margen de votación, de negociación y, en última instancia, de supervivencia política.
Al final, la reforma fue aprobada en el Senado pero sin las modificaciones a la consulta de revocación de mandato y así fue ratificada por la Cámara de Diputados, esta vez con el apoyo de MC también. Doce horas después —en un nuevo récord para una reforma constitucional—, la reforma había logrado la aprobación de 17 congresos locales. La capacidad política de la coalición gobernante mostró en este último tramo la eficiencia que no estuvo presente al principio.
Conclusión
Lo ocurrido con esta reforma confirma una verdad incómoda: en democracia, las reglas electorales son también un campo de combate por el poder. La propuesta no fue derrotada sólo por la oposición, sino por los límites internos de una coalición que descubrió que fortalecer al centro podía significar debilitar a sus márgenes. En ese sentido, el fracaso de la reforma no clausura la pretensión de reordenar la competencia política, sino que revela que esa pretensión seguirá avanzando por vías distintas, menos frontales y posiblemente más graduales. El verdadero desafío para la democracia mexicana no es únicamente frenar una reforma fallida, sino resistir la normalización de cambios que, bajo el lenguaje de la eficiencia o la participación, terminan inclinando de manera duradera “la cancha” del poder.
El futuro de la democracia mexicana dependerá, en buena medida, de la capacidad de sus instituciones para resistir intentos de reforma orientados a concentrar el poder, así como de preservar las reglas y oportunidades que en su momento permitieron a la antigua oposición llegar al gobierno, pero que hoy percibe como una amenaza ante la posibilidad de perderlo.
David Gallegos Rubio
Analista de política pública y asuntos internacionales. Maestro en Economía y Ciencia Política por ESEADE y licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM.
Este texto forma parte de una colaboración entre Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (PJCOMEXI) para el blog Desarmar la Corrupción.