En México, hablar del combate a la corrupción implica, inevitablemente, hablar de resistencia. No sólo porque persisten prácticas indebidas en el ejercicio del poder, sino por las condiciones cada vez más adversas en las que operan quienes buscan combatirlas desde la sociedad civil. Hoy, las organizaciones dedicadas a promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana enfrentan un panorama particularmente complejo, marcado por la reducción de financiamiento internacional, presiones fiscales, violencia e instituciones debilitadas.
Uno de los golpes más significativos a este ecosistema ocurrió en 2025 con la desaparición de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Durante décadas, esta agencia fue una importante fuente de financiamiento para proyectos de fortalecimiento democrático, combate a la corrupción y promoción de la transparencia en México. Su desaparición no sólo dejó un vacío financiero inmediato, sino que también desarticuló redes de colaboración, capacidades técnicas y proyectos de largo aliento que habían crecido durante años.
Las consecuencias han sido tangibles. Por ejemplo, en Jalisco, la organización ProSociedad se vio obligada a reducir su personal tras quedarse sin proyectos financiados. Lo que antes era una agenda activa de vigilancia ciudadana y fortalecimiento institucional ahora se ha visto drásticamente limitada por la falta de recursos. Un caso similar ocurrió en Sonora, donde EnIgualdad tuvo que cerrar su agenda de transparencia y participación ciudadana. En ambos casos, la eliminación de USAID trajo consigo una pérdida económica, pero también representó un punto de quiebre en su capacidad de incidir.
A este escenario se suma otro factor que ha generado incertidumbre y, en muchos casos, parálisis: la actuación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en torno a las donatarias autorizadas. En los últimos meses, diversas organizaciones han enfrentado procesos de revisión que han derivado en la revocación de su capacidad para emitir donativos deducibles de impuestos, una herramienta esencial para su sostenibilidad financiera.
El caso de Morelos Rinde Cuentas es particularmente ilustrativo. Esta organización, reconocida por su trabajo en investigación y denuncia de actos de corrupción, perdió su autorización como donataria, lo que limitaría en el futuro cercano sus posibilidades de financiamiento. Más allá de las razones administrativas que puedan esgrimirse, el efecto agregado de estas decisiones es preocupante: restringe el espacio de acción de quienes ejercen contrapesos desde la sociedad civil.
La presión no es únicamente institucional o financiera. La violencia y la inseguridad también han comenzado a cobrar factura en este sector. En Sinaloa, el Observatorio Ciudadano de Mazatlán ha enfrentado serias dificultades derivadas del contexto de violencia que atraviesa el estado. La inseguridad pone en riesgo a quienes integran estas organizaciones y además desincentiva la participación ciudadana y complica la obtención de recursos, tanto locales como internacionales.
A este entramado de dificultades se suma el debilitamiento de los mecanismos institucionales diseñados precisamente para combatir la corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales atraviesan una etapa crítica, caracterizada por la falta de nombramientos clave, recortes presupuestales y, en algunos casos, la captura política de sus integrantes. En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil no sólo enfrentan menos apoyos, sino que también ven reducidos los espacios formales de incidencia que fueron construidos en los últimos diez años.
El caso de Ligalab en Chiapas es revelador. En los últimos meses, esta organización ha tenido que luchar contracorriente para mantener viva la red anticorrupción estatal y dar seguimiento a la implementación de la política estatal en la materia. Lo que debería ser un esfuerzo compartido entre gobierno y sociedad se ha convertido, en la práctica, en una tarea sostenida casi en exclusiva por actores ciudadanos.
Frente a este panorama, diversas organizaciones han comenzado a articularse de manera más estrecha. Las organizaciones mencionadas hasta ahora forman parte de la Fuerza Ciudadana Anticorrupción, un colectivo de organizaciones anticorrupción que por años se han concentrado en incidir en la construcción de gobiernos más íntegros y transparentes, desde una agenda local.
El desafío para las organizaciones de la sociedad civil es mayúsculo. La sostenibilidad financiera de estos esfuerzos no puede depender exclusivamente de su capacidad de adaptación. Requiere, también, de un entorno que reconozca su importancia y facilite su operación. En un país donde la corrupción sigue siendo uno de los principales problemas públicos, debilitar a quienes la combaten resulta, cuando menos, contradictorio.
La discusión de fondo no es únicamente sobre financiamiento o regulaciones fiscales. Es, en esencia, sobre el tipo de democracia que queremos construir. Las organizaciones de la sociedad civil han sido, históricamente, un pilar de la rendición de cuentas, en la generación de evidencia y en la apertura de espacios de participación. Su debilitamiento no es un problema sectorial, sino un síntoma de un deterioro democrático más amplio.
Resulta urgente abrir una conversación pública sobre el papel de la sociedad civil organizada y las condiciones en las que opera. No se trata ni de idealizarlas ni de eximirlas de sus obligaciones, sino simplemente de reconocer que su trabajo es indispensable para el equilibrio democrático. Sin ellas, la vigilancia ciudadana se reduce, la denuncia se debilita y la corrupción encuentra menos obstáculos.
El panorama es, sin duda, adverso. Pero también es un momento definitorio. La forma en que respondamos como sociedad a estos desafíos marcará el futuro de la agenda anticorrupción en México. Si permitimos que estas organizaciones se asfixien, el costo no será únicamente para ellas, sino para toda la sociedad.
Daniela Ramírez
Activista promotora de participación ciudadana. Directora de Operaciones de Vigilancia Ciudadana de Baja California AC, y Coordinadora del colectivo Fuerza Ciudadana Anticorrupción.