La Ciudad de México atraviesa un proceso crucial para los próximos veinte años: la elaboración del Plan General de Desarrollo que regirá los planes, programas, políticas y presupuesto que permitan estructurar las condiciones para garantizar el derecho a la Ciudad para todas las personas que la habitamos.
Este proceso tenía que ser fundamentalmente participativo, como se señala en la Constitución de la CDMX y como se espera que sea la deliberación de un documento tan importante para todas las visiones que confluyen en la Ciudad. Sin embargo, lo que ha caracterizado a la consulta pública de este documento ha sido la opacidad, la centralización y la falta de incidencia real para modificar el proyecto. Esto ha llevado a la inconformidad y movilización por parte de organizaciones civiles, vecinales e integrantes de las Comisiones de Participación Ciudadana (Copacos), que han cuestionado la forma en la que se ha conducido el proceso y su preocupación por algunas propuestas que se consideran regresivas.
Esta consulta no logró involucrar a la mayoría de las y los capitalinos. De acuerdo con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la CDMX, se recabaron apenas 12 822 propuestas a través de la plataforma virtual Plaza Pública; mientras que los propios diputados de Morena en la Ciudad presentaron una memoria con 1 257 opiniones, que representan apenas al 0.08% de la población capitalina.
Lo atropellado de este proceso levanta cuestionamientos sobre si el Programa General de Desarrollo CDMX logrará ser un documento legítimo, representativo de la pluralidad de la ciudad o si más bien, será impuesto y obedecerá a una sola visión planteada por el actual Gobierno de Morena en la Ciudad de México.
Desde noviembre de 2024 y hasta la fecha, la Ciudad de México atraviesa por uno de los procesos de mayor relevancia para la construcción de su futuro: la elaboración de su Plan General de Desarrollo (PGD) 2025-2040. Este será un instrumento fundamental de la planeación, que estará vigente por los próximos veinte años y que regirá la elaboración de planes, programas, políticas, así como la asignación presupuestal con miras al desarrollo social y económico, el crecimiento sostenido y la garantía de derechos.
El PGD debe ser, ante todo, una hoja de ruta en la que se plantea la visión de la Ciudad que queremos habitar. Por ello, cubre una gran variedad de temas, desde su movilidad, la gestión de sus recursos, la construcción de relaciones sociales igualitarias entre hombres y mujeres, la distribución equitativa de los cuidados. Hasta llegar a mecanismos más formales como el fomento a una sociedad democrática, incluyente, con mecanismos de participación ciudadana sólidos.
La Constitución de la Ciudad de México reconoce que “la planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversal y con deliberación pública para impulsar la transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza”.
Si estos son los principios que rigen la planeación de la CDMX, es preocupante cómo se ha llevado a cabo la formulación de este plan y particularmente, su consulta pública. Diversos actores como los integrantes de Copacos, de pueblos y barrios originarios, organizaciones de sociedad civil, han manifestado falta de transparencia en el proceso, participación acotada, falta de pluralidad en los espacios y foros de deliberación. Además, denunciaron que el documento que se sometió a consulta, plantea cuestiones regresivas, como aumentos al poder del Gobierno central y que incluso, son perjudiciales para el uso correcto del suelo y pueden generar incentivos para la corrupción inmobiliaria.
Recuento del proceso de elaboración y consulta pública del Plan General de Desarrollo de la CDMX 2025-2045
El Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Clara Brugada, inició el proceso de elaboración del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2045 el 10 de noviembre de 2024. Anunció que este proceso se llevaría a cabo conforme a la Ley del Sistema de Planeación y Desarrollo, con enfoque de derechos humanos, desarrollo sustentable y gestión integral de riesgos. Asimismo, hizo énfasis en que se consultaría a la mayoría de sectores de la población, poniendo particular atención en los pueblos y barrios originarios.
Después de este anuncio, vino un periodo de impasse en las consultas, aunque sucedió la designación de la titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México (IPDP) por el Congreso de la CDMX el 1 de marzo de 2025, que resultó fundamental para este proceso. Era necesario que el Instituto contará con una cabeza porque es la instancia encargada de dirigir el proceso de elaboración del Plan General de Desarrollo.
Ocho meses después, el 9 de noviembre de 2025, el IPDP CDMX encabezado por la Dra. Patricia Ramírez Kuri, presentó el proyecto de Plan General de Desarrollo 2025-20245. Las primeras suspicacias surgieron por la premura con la que se presentó un documento de 505 páginas en el que se afirma que se “realizaron reuniones con académicas, sociales y privadas; con organizaciones de la sociedad civil, pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes”.
Esta aseveración lleva a un primer cuestionamiento, que apuntan a la opacidad con la que se redactó el documento inicial. Estas supuestas reuniones de las que salieron las conclusiones para elaborarlo, no se realizaron de forma abierta y transparente; hasta la fecha, no se sabe quiénes son las personas que participaron en ellas.
Una vez presentado el documento, dio inicio la consulta pública y se habilitó un sitio de internet para dar a conocer detalles sobre este proceso de planeación, consultar el proyecto, así como para difundir los diversos foros o talleres que se llevarían a cabo. En esta página también era posible encontrar una pestaña para que la ciudadanía llenara y enviara su cédula de opinión y propuestas.
La consulta pública del PGD originalmente se planteó del 14 de noviembre de 2025 y el 10 de enero del 2026. Sin embargo, se extendió inicialmente hasta el 28 de febrero y días antes de concluir este plazo, la Jefa de Gobierno anunció una segunda ampliación del periodo de consulta hasta el 10 de abril.
Luego de cerrarse la consulta pública el pasado 10 de abril, la Directora del IPDP CDMX, Patricia Kuri, y el Secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Pablo Yanes, presentaron los resultado y hablaron de la reformulación del proyecto sometido a consulta a partir de los planteamientos que se hicieron a través de los foros.
Ante una consulta pública cuestionada, la movilización de social y vecinal
Tanto el proyecto del PGD como su proceso de consulta están cimentados bajo la premisa de que la Ciudad de México debe ser democrática e incluyente y un espacio en donde se valore la participación ciudadana como un derecho humano que establece legitima la toma de decisiones. Pero en la práctica, la participación ciudadana que se promueve desde el Gobierno de la Ciudad de México para este proceso, ha sido a modo, acotada y sin considerar principios que permitirían la incidencia real de la opinión, observaciones e ideas de las y los habitantes de la CDMX, sobre todo cuando dichas voces son discordantes con los planteamientos del documento elaborado por el gobierno.
El apartado de Metodología del proyecto de PGD planteó la realización de una Consulta Pública que incluyera a pueblos y comunidades indígenas, así como a todas las personas sin distinción. Pero ¿estos criterios realmente se siguieron durante la consulta pública? Las notas periodísticas que le han dado seguimiento al tema, así como la difusión que han realizado las personas integrantes de Copacos de diversas alcaldías de la Ciudad, permitieron conocer la realidad de este proceso de consulta, cuáles han sido sus deficiencias y en qué tónica se ha dado la discusión del PGD.
Resalta el hecho de que al menos cinco foros fueron llevados a juicio electoral por integrantes de Copacos de algunas colonias de Álvaro Obregón y Benito Juárez, debido a que no contaban con las condiciones para ser considerados ejercicios abiertos, transparentes y apegados a la Ley de Participación Ciudadana local. Estos foros de consulta revelaron la resistencia del gobierno capitalino a generar un diálogo real que tuviera efectos e incidencia en ajustes al Plan General de Desarrollo. Además, contaron únicamente con la presencia de diputadas y diputados locales de Morena pero no de otras fuerzas partidistas; es decir, parecía que estos espacios estaban diseñados para aquellas personas que respaldaran el proyecto en sus términos y no para quienes lo cuestionaron y manifestaron su inconformidad con algunas propuestas.
Esto es un indicativo de que los foros de consulta resultaron más un ejercicio de validación de los planteamientos hechos desde el gobierno capitalino, que un espacio para el cuestionamiento, el contraste de ideas e incluso un posible rechazo a ciertas líneas o ejes del PGD.
Integrantes de pueblos y barrios originarios también manifestaron su inconformidad ante el proceso de consulta, denunciando que “de los 190 barrios y pueblos originarios que existen en toda la ciudad, apenas 10 fueron consultados, pero con una asistencia de menos de cinco personas, muestra que no son representativas para cada comunidad”. Además señalaron que los documentos que se sometieron a consulta no resultaron accesibles porque no fueron traducidos a las lenguas originarias.
En suma, tanto integrantes de Copacos, organizaciones civiles e integrantes de pueblos y barrios originarios plantearon que, más allá de una ampliación del periodo de consulta, el proyecto se retirara para volver a iniciar de cero, bajo condiciones que sí garanticen la certeza, la transparencia, la participación y la incidencia real. El saldo de la consulta pública fue de marchas y manifestaciones de los sectores que se oponen al proyecto de PGD, la posibilidad de que los grupos inconformes presenten amparos y 9 mil 828 firmas ciudadanas exigiendo a la Jefa de Gobierno y al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva la reposición de la consulta sobre el PGD.
El contenido polémico del proyecto de PGD CDMX 2025-2045
Las inconformidades tienen fundamentos en aspectos puntuales del proyecto de PGD. Respecto a las propuestas sobre democracia y fortalecimiento a los mecanismos de participación, se incluyen estrategias como:
- Consolidar un modelo de cercanía entre instituciones y ciudadanía, orientado a fortalecer el tejido social y garantizar la atención directa en los territorios. La creación de Casas de Gobierno en cada demarcación, las audiencias ciudadanas y las visitas comunitarias “Casa por Casa” se constituirán como mecanismos inmediatos de diálogo, rendición de cuentas y construcción de confianza, al tiempo que permitirán atender de manera puntual las necesidades de la población.
- El rediseño del modelo de representación comunitaria, transitando de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) hacia la conformación de Asambleas Vecinales más abiertas y deliberativas.
Estas fueron las propuestas más cuestionadas. Las Casas de Gobierno, por ejemplo, tienen una perspectiva de centralización del poder y de los recursos por parte del gobierno de la CDMX. Esto acota tanto el poder de las Alcaldías como la injerencia de los Copacos.
En tanto, rediseñar a los Copacos y restarles facultades va en contrasentido a los mecanismos de participación ciudadana que se han logrado alcanzar en la Ciudad. Ante la propuesta de rediseñar los Copacos, la presión y movilización social tuvo resultados favorables, ya que el gobierno capitalino anunció que su intención no es eliminarlos y que reformulará una parte de la propuesta de plan general de desarrollo para evitar confusiones sobre su desaparición.
En el caso de la política de vivienda, el proyecto plantea uso de suelo mixto y procesos de redensificación. Esto podría incrementar los desarrollos inmobiliarios y, con ello, generar un incentivo para la corrupción y discrecionalidad en la asignación de uso de suelo; además de aumentar la demanda de servicios públicos, principalmente de agua, con lo que se fomenta la inequidad en la distribución de los mismos servicios.
Aunque la consulta pública del PGD ha concluido y el proceso ha sido ampliamente cuestionado por parte de organizaciones vecinales, activistas e integrantes de pueblos y barrios originarios, es un hecho que el proceso no se repondrá y seguirá su curso. Ahora viene la etapa de sistematización de las propuestas recabadas por la vía institucional y un posible ajuste del documento original.
Pero la realidad es innegable, los foros de consulta resultaron más un ejercicio de validación de los planteamientos hechos desde el gobierno capitalino, que un espacio para el cuestionamiento, el contraste de ideas e incluso un posible rechazo a ciertas líneas o ejes. El involucramiento y la participación de los habitantes de la CDMX fue mínima, el proceso no alcanzó la máxima difusión. Los resultados que presentó el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la CDMX lo dejan ver, pues de 7 mil 500 asistentes a 36 foros, se recabaron 1 257 opiniones, lo cual representa solo al 0.08% de la población de la CDMX.
Por su parte, la titular del IPDP CDMX presentó la numeralia de este proceso, señalando que se realizaron:
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- 486 talleres participativos
- 301 Foros y conversatorios, divididos en 158 del sector público, 31 por el Congreso capitalino, 49 por sectores académicos empresariales y comunitarios y 63 asambleas territoriales
- 98 500 encuestas realizadas a infancias en escuelas públicas y privadas
- 12 822 propuestas recibidas a través de la plataforma virtual Plaza Pública
- 258 foros comunitarios realizados con pueblos y barrios originarios y 106 actas de diálogos y acuerdos.
La elaboración del proyecto de PGD y su consulta pública, hace que se cuestione si logrará ser un documento legítimo y que represente la pluralidad de la ciudad o si más bien, será impuesto y obedecerá a una sola visión planteada por el actual Gobierno de Morena en la CDMX.
El Gobierno de la CDMX se queda sin tiempo, pues de acuerdo a la Constitución, este plan debe aprobarse dentro de los seis meses siguientes al inicio del proceso, pero esta premura puede ser perjudicial para el futuro de la Ciudad. De aprobarse el documento sin mayores modificaciones, corremos el riesgo de que las y los chilangos nos enfrentemos a un desarrollo inequitativo, con un crecimiento de desarrollos inmobiliarios sin control que afecten el acceso a recursos y servicios públicos, con derechos acotados y el debilitamiento de los mecanismos de participación ciudadana.
Amaranta Villa Sánchez
Politóloga y administradora pública por la UNAM; investigadora en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.