El cierre arbitrario de Palacio Nacional para fines personales revela una deriva patrimonialista del poder: los gobernantes tratan lo público como propio, subordinando el interés ciudadano a su conveniencia.

La evidencia es clara: un gobierno capaz no se construye sólo reduciendo costos y mucho menos subordinando la administración pública a intereses sectarios. La ruta más eficaz pasa por garantizar que los servidores públicos sean seleccionados por su competencia, estén capacitados y cuenten con condiciones laborales que fomenten su profesionalismo.

No hay procedimientos de designación que puedan sustituir la falta de participación. Se puede tener los mejores instrumentos y recursos, pero la calidad de todo el proceso depende directamente de la calidad de los perfiles a evaluar. Sin ciudadanos capaces, con experiencia y compromiso y, sobre todo, que estén dispuestos a participar, el proceso pierde su principal materia prima.