Un desfalco de 29 mil millones de pesos revela una escala de corrupción tan desproporcionada que rebasa referentes históricos y cotidianos, haciendo casi imposible dimensionar su impacto real. El huachicol fiscal exhibe un cambio de paradigma: menos actores, mayores montos y una red de complicidades que permitió operar con niveles inéditos de impunidad.

El conflicto de interés ha sido ignorado por los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum, a pesar de múltiples casos documentados.

No es posible saber cuánto gana “Andy” López Beltrán y otros dirigentes de partidos políticos, a pesar de que están obligados a hacerlo público. Luego de que se revelara cuánto gastó el hijo del expresidente en su viaje a Tokio, Japón, se ha puesto sobre la mesa una conversación necesaria al respecto de qué hacen con nuestro dinero aquellos funcionarios públicos.

Para muchos analistas económicos, la pata floja del Plan México es que la incertidumbre jurídica que se avecina con el Poder Judicial, sumada con la crisis de violencia y la tormenta que vendrá con el gobierno de Donald Trump, harán que los ambiciosos planes del gobierno no den los frutos que esperan.

La evidencia que permitiría revelar muchos actos de corrupción, es obvio, está en los archivos del gobierno. Tal es el meollo del asunto: resulta que el vigilado es el dueño de los archivos que podrían demostrar que hizo algo mal, mientras que el vigilante (que lo mismo puede ser un periodista que un ciudadano de a pie) tiene que encontrar la manera de darle la vuelta a este problema.