El conflicto de interés era un tema que al menos causaba un poco de pudor entre la clase política. Tanto así que la investigación periodística que inició el derrumbe de Enrique Peña Nieto —el caso conocido como La Casa Blanca— fue un posible conflicto de interés porque la residencia personal del presidente era propiedad y había sido construida por Grupo Higa, una empresa contratista del gobierno federal y del Estado de México.
La definición legal de conflicto de interés es “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”. Cuando un funcionario participa en una decisión que involucra a alguna persona o empresa con la que tiene una relación, comete la falta administrativa grave de “actuación bajo conflicto de interés”. Si, además, esta relación no fue reportada en su declaración patrimonial o de intereses, es responsable de enriquecimiento oculto.
Hoy se acumulan por destajo los casos de políticos y funcionarios de la autodenominada 4T que deberían ser investigados por los señalamientos y evidencias de cómo usan y abusan de su poder para enriquecerse a ellos mismos y sus cercanos. Pero la autoridad parece haber decidido mirar hacia otro lado y normalizar esta falta administrativa grave. Durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, de entre las 158 mil 349 denuncias ciudadanas que recibió, la autoridad dice haber identificado únicamente 23 casos de conflicto de interés.
La administración de Claudia Sheinbaum parece que mantiene el mismo desinterés por atender este problema. En las 158 páginas del primer informe de labores de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el conflicto de interés se menciona sólo una vez, en un párrafo sin importancia sobre los objetivos de los comités de ética. Al revisar las estadísticas específicas, sólo señala que de las 27 mil denuncias que recibieron durante el primer año, 357 se turnaron a las autoridades substanciadoras, sin saber cuántas fueron por conflicto de interés.
Ya ni siquiera se acude a la simulación de una investigación, como la que hizo Peña Nieto cuando fue exonerado por su propio subalterno en la entonces Secretaría de la Función Pública (SFP). Hoy parece bastar con que un político “aclare” su situación diciendo cualquier ocurrencia ante los medios para dar por concluido el asunto, sin que las autoridades abran un expediente para analizar el caso.
La última vez que recuerdo que la autoridad abrió una investigación y declaró que no había encontrado elementos para sancionar el conflicto de interés fue con los 25 inmuebles y 12 empresas de los familiares de Manuel Bartlett que no fueron declaradas por el entonces titular de la Comisión Federal de Electricidad. Durante la pandemia de COVID, el hijo de Bartlett vendió ventiladores con sobreprecio al gobierno. La empresa fue inhabilitada en agosto de 2020, pero en cuestión de meses la sanción fue suspendida y tan sólo en 2024 recibió 181 millones de pesos en contratos públicos.
Algo similar sucedió con el que puede ser el primer caso de conflicto de interés documentado al inicio del sexenio de López Obrador: el emporio farmacéutico de Carlos Lomelí, antes superdelegado de programas del Bienestar en Jalisco y hoy senador de la República.
En mayo de 2019, las investigaciones periodísticas mostraron una compleja red de al menos nueve empresas —en las que participaban Lomelí, sus familiares y colaboradores— que fueron usadas para simular competencia, así como vender medicamentos falsos y a sobreprecios, siempre mediante contratos con gobiernos de Morena. La entonces Secretaría de la Función Pública inhabilitó a las empresas y hasta presentó una denuncia por enriquecimiento oculto y ocultamiento de conflicto de interés, pero unos meses después perdió el caso. Las empresas superaron la sanción y en el proceso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la SFP ni siquiera acudió a la audiencia inicial ni presentó pruebas. Las mismas empresas siguieron obteniendo contratos públicos durante el resto del sexenio y todavía lo hacen: han recibido al menos 420 millones de pesos del gobierno de Claudia Sheinbaum. En el colmo, Carlos Lomelí hoy preside la Comisión de Marina en el Senado, cuando la Secretaría de Marina es una de las instituciones que le compra a sus empresas.
El punto de inflexión en el que el conflicto de interés se convirtió en un tema vedado para el gobierno fue en el caso conocido como “La Casa Gris”. Se trataba de una casa en Houston, habitaba por uno de los hijos del presidente López Obrador y propiedad de un alto ejecutivo de una empresa que recibía contratos de Pemex en el extranjero.
Si bien la atención pública se concentró en la lujosa vivienda de 447 metros cuadrados, el verdadero meollo del asunto estaba en que esos contratos (que en un primer momento el gobierno negó que existían) fueron entregados por Pemex Procurement International, que estaba bajo la dirección de Carmelina Esquer, hija del secretario particular del presidente, Alejandro Esquer. El problema no era el estilo de vida de lujos del hijo del presidente, sino el posible beneficio derivado de las decisiones de otros hijos de funcionarios y amigos del presidente sobre los contratos del gobierno. La SFP ni siquiera tocó esta arista del caso, pues se declaró incompetente para investigar actos celebrados fuera del territorio nacional.
Hoy el conflicto de interés parece el menor de los problemas ante esquemas de corrupción que han superado todas las proporciones conocidas, como son los casi 200 mil millones de pesos que cada año se perdieron por el huachicol fiscal, pero sigue siendo el corazón sobre el que se asienta buena parte de la corrupción y la impunidad de ayer y hoy. Cada decisión pública en la que desde el poder se beneficia o protege a un amigo, un pariente o un socio sólo por el mero hecho de ser cercano al poder, carcome al Estado de derecho, pues lo que es de todos termina siendo usado para el beneficio de unos cuantos. Y ante cada revelación jamás deberíamos darnos por satisfechos con la salida fácil de que el señalado “ya lo aclaró”. Las autoridades deberían actuar de oficio para abrir las investigaciones correspondientes y explicarnos por qué sí o por qué no consideran que hubo conflicto de interés, sin importar quién sea y tope donde tope.
Leonardo Núñez González
Analista político y director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad