La evidencia que permitiría revelar muchos actos de corrupción, es obvio, está en los archivos del gobierno. Tal es el meollo del asunto: resulta que el vigilado es el dueño de los archivos que podrían demostrar que hizo algo mal, mientras que el vigilante (que lo mismo puede ser un periodista que un ciudadano de a pie) tiene que encontrar la manera de darle la vuelta a este problema.

De acuerdo con la Constitución Política de Ciudad de México, las alcaldías son el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía; sin embargo, son pocas las personas que conocen cómo atienden los problemas públicos en su demarcación y qué resultados alcanzan. Aunado a ello, los mecanismos de control y vigilancia enfocados a monitorear la eficiencia del gasto público en este nivel de gobierno son mínimos y poco útiles. El resultado es que existen importantes ineficiencias presupuestales.

Como buen soldado caído, reconociendo que la guerra en defensa del Poder Judicial está perdida, escribo estas líneas para que quede constancia de lo que vivimos en los últimos meses los humildes combatientes de esta batalla en defensa de la Constitución.

Si bien la flexibilidad constitucional puede ser una ventaja en momentos de necesidad política, las recientes reformas han revelado el otro lado de la moneda: una Constitución que es demasiado fácil de modificar se convierte en un instrumento vulnerable a los intereses particulares, a la erosión de los principios democráticos y, peor aún, a un posible retroceso autoritario.

La propuesta para desaparecer al INAI no solo destruiría a los 33 institutos de transparencia de todo el país, sino también a la Plataforma Nacional de Transparencia. Esto representa un retroceso de muchas décadas en materia de derecho a la información, transparencia, derecho a la protección de datos personales y rendición de cuentas en nuestro país.