El verdadero reto de la gobernanza eficiente radica en equilibrar la optimización del gasto con la protección de los derechos sociales y el fortalecimiento de las instituciones. Sin este enfoque integral, las políticas de austeridad no sólo fracasan en sus objetivos, sino que amplifican las desigualdades y erosionan la confianza pública, dejando tras de sí un legado de fragmentación social y debilitamiento institucional.

¿Estaremos encaminandonos a la estrategia autoritaria de Singapur para combatir la corrupción? ¿Será esta la apuesta del actual partido en el poder?

La evidencia que permitiría revelar muchos actos de corrupción, es obvio, está en los archivos del gobierno. Tal es el meollo del asunto: resulta que el vigilado es el dueño de los archivos que podrían demostrar que hizo algo mal, mientras que el vigilante (que lo mismo puede ser un periodista que un ciudadano de a pie) tiene que encontrar la manera de darle la vuelta a este problema.

De acuerdo con la Constitución Política de Ciudad de México, las alcaldías son el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía; sin embargo, son pocas las personas que conocen cómo atienden los problemas públicos en su demarcación y qué resultados alcanzan. Aunado a ello, los mecanismos de control y vigilancia enfocados a monitorear la eficiencia del gasto público en este nivel de gobierno son mínimos y poco útiles. El resultado es que existen importantes ineficiencias presupuestales.

Como buen soldado caído, reconociendo que la guerra en defensa del Poder Judicial está perdida, escribo estas líneas para que quede constancia de lo que vivimos en los últimos meses los humildes combatientes de esta batalla en defensa de la Constitución.