Meses previos a dejar el gobierno, Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de iniciativas para reformar diversos artículos de la Constitución. La agenda legislativa que pretende desplegar es vasta, en tanto que se pretenden hacer cambios a los derechos de los pueblos indígenas, al sistema de pensiones, a la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional, a las reglas electorales, a la conformación del Poder Judicial de la Federación, entre otras. Además, se plantea la extinción de algunos organismos constitucionalmente autónomos entre los que está el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La iniciativa de reforma judicial presentada por Andrés Manuel López Obrador tiene como eje la elección mediante voto popular de los ministros y las ministras de la Suprema Corte, así como de jueces y magistrados de distrito y de circuito. Si bien la atención de muchos comentaristas se ha centrado en el máximo tribunal, en realidad el aspecto más preocupante de la propuesta es el que atañe a estos últimos.

Ojalá la siguiente administración comprenda que para realmente combatir la corrupción requerimos de personas servidoras públicas que sólo le deban el cargo a sus propios méritos, conocimientos, y experiencia profesional.

No cabe duda que hay muchas cosas que hacer para que la ciudadanía tenga mayor cercanía a la Corte. Sin embargo, el voto popular para nombrar a sus integrantes no es la solución.

Usualmente, cuando se estudian a las entidades superiores de fiscalización de las entidades federativas, el principal enfoque es revisar los procedimientos y resultados de las auditorías. No obstante, estos análisis suelen omitir aspectos importantes de la organización: su estructura, mecanismos de toma de decisiones, autonomía, recursos, lógicas de información, por mencionar algunas.