El gobierno de Andrés Manuel López Obrador parece tener dos políticas de transparencia. Una de buenas intenciones, basada en declaraciones emotivas que señalan que nada es secreto. La otra busca esconder la información del gobierno. El caso de la Lotería Nacional, que terminó con un funcionario público presentando una denuncia ante la Fiscalía por un “exceso” de solicitudes de información, es un ejemplo que muestra la tensión entre los dichos y los hechos en materia de transparencia en este sexenio.

Una política de datos abiertos parte de un principio muy básico: la información que tiene y utiliza el gobierno es de todos. Esa información se recopiló, se obtuvo y se procesó gracias a los impuestos de las personas. Esos datos son fundamentales para evaluar el desempeño de las instituciones y de los gobiernos.

Basta con saber que a raíz de la deliberada omisión legislativa ese organismo se encuentra inoperante. Esta parálisis se traduce, por lo tanto, en la afectación directa de los derechos tutelados por el INAI. A la fecha, suman más de 6300 recursos pendientes de resolución. El objetivo en este artículo es dar cuenta de las afectaciones —directas e indirectas— a los derechos de las personas con motivo de la parálisis de la institución.

En Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, así como en Causa en Común, hemos hecho un recuento de las ilegalidades en las que ha incurrido el actual gobierno desde 2019. Durante 2023, el gobierno federal ha mantenido una política de actuación por encima de la ley. Hasta el final de mayo de 2023, contamos 48 ilegalidades.

La investigación de los actos de corrupción es fundamental para atender y prevenir este problema. Permite, entre otros aspectos, reconocer a las víctimas, sancionar a las personas responsables y disuadir a otras de cometer esos mismos actos. En general, se trata de hacer ajustes para mejorar las medidas que previenen este tipo de conductas. En este artículo exploro en cuáles entidades federativas se investiga más este delito y en cuáles menos.