La desafortunada realidad es que en México sigue habiendo altísimos niveles de impunidad y de corrupción: lo mismo en los delitos que sufre la ciudadanía de manera cotidiana, como en los grandes casos y escándalos de los últimos años, los del sexenio de Enrique Peña Nieto y los del actual gobierno.

El gobierno de la Ciudad de México ha sido reconocido debido a las medidas de transparencia en su sistema de contrataciones públicas. Una de estas medidas es el sitio Tianguis Digital, en el que se deberían transparentar los datos de todas las compras hechas por el gobierno capitalino. Han pasado más de cuatro años sin que publique en este sitio información sobre las contrataciones.

La corrupción es un problema que se origina en diversos factores. Por ello, la toma de decisiones automáticamente apunta al Estado, a los políticos, a nuestros representantes, ya que históricamente hemos visto al Estado como el único responsable de la corrupción. Sin embargo, los ojos de la sociedad deben enfocarse también en el sector privado. Son los empresarios y las empresarias quienes, a través de medidas de autorregulación, pueden impulsar una batalla eficaz contra la corrupción.

Hace dos semanas, la Cámara de Diputados pretendía discutir una reforma que modificaba algunas facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Este organismo ha sido fundamental para la promoción de los derechos político electorales. En el siguiente artículo, revisó su historia, los distintos criterios que han impulsado para que México sea uno de los países con mayor paridad del género en el mundo y, finalmente, las implicaciones de que se hubiera aprobado la propuesta.

Las acciones deliberadas que el presidente y su partido han emprendido contra la maquinaria institucional de la transparencia para detenerla nos remiten a una época en la que el gobierno escondía la mayor parte de la información y no había forma alguna de saber qué es lo que realmente hacían.