En este texto pretendo brindar un nuevo acercamiento hacia la figura de la prisión y exhortar a quien lo lee a pensar en distintas formas de justicia. En primer lugar, presento algunos datos sobre la prisión en México y un razonamiento sobre por qué se comenzó a abusar de esta figura. En segundo lugar, reviso los casos de la exsecretaria Rosario Robles y el exprocurador Jesús Murillo Karam. Finalmente, presento algunas reflexiones como conclusión.

El abandono actual de los campos migratorios, la reducción de presupuesto a instituciones claves para el bienestar de los migrantes y la militarización de la administración migratoria han dejado en el aire el destino de cientos de miles de personas obligadas a salir de sus países.

Las mujeres privadas de su libertad han sido abandonadas en todos los ámbitos. No hay perspectiva de género en las detenciones; miles de mujeres se ven obligadas a permanecer en la cárcel por no poder pagar fianzas mínimas; y no existe la suficiente infraestructura para poder vivir un proceso digno dentro de la cárcel.

Al país le urge una reforma fiscal integral, pero también repensar los esquemas locales de recaudación. Algunas propuestas que cada vez toman más relevancia son mayores impuestos a las herencias, a las grandes fortunas y a quienes hacen de la inversión inmobiliaria un negocio millonario a costa del derecho a la vivienda digna. Es posible que antes de que llegue una gran reforma en la materia, tengamos que ganarle pequeños espacios a la corrupción y a la discrecionalidad de los gobiernos para condonar pagos a quienes tienen más recursos.

En 2019 sólo el 20 % de los feminicidios obtuvo una sentencia condenatoria, lo que se traduce en un nivel de impunidad del 80 %. Los números nos incitan a plantear algunas preguntas: ¿qué pasa después de un feminicidio? ¿Cómo viven esta experiencia las segundas víctimas, los familiares, quienes se enfrentarán al laberinto tramposo del sistema de justicia mexicano?