Parece ser que la Suprema Corte ha optado por favorecer la falta de transparencia de la Fiscalía General de la República y del Ejecutivo federal. Es lamentable que estas resoluciones incentiven un sistema opaco donde ni la ciudadanía, ni los órganos que han funcionado como contrapesos —como el INAI y el INE— puedan contar con la información necesaria para evaluar su actuación.

Si policías o militares asesinan a una persona en México, las probabilidades de que sean procesados y sancionados son casi nulas. Lo mismo sucede cuando torturan, desaparecen, lesionan o abusan de su fuerza contra la población civil.

La iniciativa de López Obrador que busca centralizar muchas funciones en la SFP debe dar pie a una discusión sobre las dificultades presentadas en el ejercicio del servicio público y sus alternativas de solución. Por ello, se hace necesario un ejercicio amplio de deliberación pública que permita analizar y proponer respuestas coordinadas a problemas comunes con el objetivo de mejorar la iniciativa.

La desaparición de Debanhi forma parte de una violencia sistémica: Nuevo León se ha colocado como el quinto estado con más feminicidios a nivel nacional; sólo en lo que va de 2022, la entidad ha registrado 47 mujeres desaparecidas.

La impunidad, entendida como la ausencia de consecuencias ante faltas o delitos tipificados, no solo existe en aquellos grandes casos con flagrantes violaciones a los derechos humanos. La impunidad también se da en el día a día, en decisiones menores que podrían parecer irrelevantes pero que en el agregado terminan por vulnerar los derechos de las personas; además, también destruyen la confianza entre ciudadanos y gobierno.