Los diputados que aprobaron la extinción de 109 fideicomisos saben cuáles serán las consecuencias. Entienden que están minando la capacidad del Estado para atender “a los más pobres del país” en caso de un desastre natural y saben muy bien que su acción tendrá un impacto devastador para la ciencia y la tecnología.

El proyecto de ley señala que los recursos se concentrarán en la Tesorería de la Federación, sin especificar a qué deben destinarse. Es una centralización notable. Aunque se toma la pandemia como justificación para eliminar los fideicomisos, no tenemos la certeza de que esos recursos no terminarán en otra parte o, simplemente, se añadirán al presupuesto de 2021.

Podría decirse que la corrupción en forma de compra de influencias en Estados Unidos es transparente. Parece un oxímoron, pero es así. Los grupos de influencia apoyan a candidatos con recursos que les ayudarán a mantener intactos sus intereses de forma cínicamente abierta —y los candidatos los aceptan sin mayor problema.

Si se aprueba el proyecto del ministro Aguilar, la Corte no habrá impedido que se juzgue a los expresidentes, sino todo lo contrario: la SCJN le recordará a las autoridades que tienen la obligación de investigar y perseguir cualquier posible delito.

En México todos coincidimos en que la corrupción es un problema urgente pero, ¿cómo estamos aprovechando la tecnología para controlarla de manera diferente y eficiente?