No se sabe qué sería más preocupante: que el presidente haya dictado esa medida motu proprio o si obedece a recomendaciones de la Consejería Jurídica de la Presidencia y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Lo primero implicaría un desconocimiento total de las normas y principios básicos del derecho; lo segundo, una abusiva intención de colocar a un simple decreto por encima de la Constitución.

Las medidas son necesarias y deseables para evitar contagios. Tomarlas sin lógica alguna y discriminando sin razón a una persona por el solo hecho de trabajar en un hospital o por creer que es portador del virus es ilegal y discriminatorio.

Las personas de entre 60 y 67 años que no pueden pedir la pensión, más prácticamente un millón de adultos de la tercera edad que se encuentran en situación de pobreza alimentaria, y los 3.3 millones que no tienen un sueldo fijo conforman un grupo especialmente vulnerable, pues se enfrentan tanto a riesgos económicos como de salud.

Durante periodos de emergencia e incertidumbre, como el que estamos viviendo en México por la pandemia de Covid-19, la función del derecho, como mecanismo que garantiza el orden y la paz, se vuelve más relevante que nunca. Desgraciadamente los mandatos dictados durante la pandemia en México no han cumplido con este cometido.

Hasta este momento el presidente ha insistido en que no acudirá a la deuda. Pero si esta iniciativa, salida ya de la Cámara de Diputados y que se discutirá en el Senado, es aprobada, la facultad de crear un Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias estará ahí y probablemente será utilizada.