El proyecto descentralizador, impulsado con argumentos ciertamente lógicos y sensatos, topó con pared. Después de 30 años de haber impulsado este proyecto observamos que los municipios no han sido mejores para hacer que sus gobernantes rindan cuentas, mucho menos para combatir la corrupción.

Los hogares mexicanos con menores ingresos gastan hasta el 38% de sus ingresos en pagar sobornos, mientras que para los hogares en la parte más alta de la distribución representa apenas el 9.3% de sus ingresos. Esto implica que los costos de corrupción implican un incremento en la desigualdad entre los hogares con más ingreso y aquellos con menos.

La historia de la CICIG, su diseño organizacional, los métodos de investigación, los mecanismos de cooperación y colaboración nacional e internacional y los resultados que ofreció, fueron derrotados por el mismo sistema político que le dio entrada y viabilidad operativa en el año 2006. En las siguientes líneas exploramos por qué su desaparición es una dolorosa pérdida organizacional para las políticas anticorrupción en el mundo.

El pueblo puede decidir muchas cosas en una consulta popular, pero de ninguna manera puede cambiar el pasado. Querer dejar sin aplicación el Octavo Transitorio y aspirar a que Bonilla gobierne cinco años y no dos, es una negación del pasado. Es tratar de cambiar las reglas de un juego una vez que se ha ganado. Es, en esencia, trastocar las reglas democráticas.

El padrón de becarios no es público y sólo se ofrece el número de jóvenes “vinculados” al Programa por género, edad y escolaridad. Sobre los Centros de Trabajo (CT), el padrón sólo muestra nombres genéricos de empresas, como “Abarrotes María”; categorías inverificables, como “Diputado Federal”; o nombres propios imposibles de rastrear, como “Guadalupe”.