En lo poco que va de 2019, el gobierno ha entregado cinco contratos por 16.7 millones de pesos a empresas fantasma. ¿Quién los entregó? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quiénes son estas empresas? Y, tal vez lo más importante, ¿por qué esto ha sido posible si se supone que la corrupción ya había sido desterrada?

Hoy en día, un ciudadano común que quiera combatir la corrupción se encontrará con un sinnúmero de barreras, no sólo políticas y fácticas, sino también jurídicas.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas contiene una lista de faltas administrativas en las que puede incurrir un servidor público o un particular por acción u omisión; estas faltas pueden ser graves y no graves. Es precisamente aquí donde entra el problema.

La ineptitud de un funcionario no es inofensiva; puede dar lugar a conductas negligentes, errores u omisiones involuntarias. Si bien dichas conductas no necesariamente están vinculadas con una contraprestación económica irregular o soborno —uno de los tres elementos que conforman la definición de corrupción—, sí pueden implicar el incumplimiento de una obligación por parte de la autoridad y el otorgamiento ilegítimo de un beneficio para un tercero —los dos elementos restantes—.

Una de las premisas fundamentales de la narrativa gubernamental ha sido el destierro de la corrupción de la vida pública de México. Según el titular del Ejecutivo, no habrá tolerancia a la corrupción por parte de nadie. La pregunta que ha acompañado estas declaraciones parece seguir vigente: ¿cómo, efectivamente, pueden cambiarse rutinas, prácticas y valores institucionales que promueven la corrupción?