Hay un divorcio entre la visión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, su gabinete y su Secretaria de la Función Pública. Y hay una clara intención de echar abajo el esfuerzo iniciado por la sociedad civil de contar con un sistema de declaraciones patrimoniales robusto que permita que todos —ciudadanos, periodistas y los propios encargados del control interno— contemos con elementos para detectar corruptos.

En días pasados se celebró el Foro Económico Mundial de Davos. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los integrantes de su gabinete que no asistieran al foro para centrar los esfuerzos del gobierno en atender la explosión de un oleoducto en Hidalgo el pasado 17 de enero. En este contexto, es pertinente preguntar ¿cuál es la relevancia de que los funcionarios mexicanos participen en foros internacionales?

El índice es una valiosa herramienta: la corrupción percibida es una buena aproximación para la corrupción real. Medir la corrupción objetivamente es muy difícil, por no decir imposible, dada su naturaleza oculta; por ello, medir la percepción es un método de bajo costo. No se trata de un ejercicio hecho a la ligera.

En vista de la crisis que se desató en Venezuela en la que hay dos presidentes reconocidos por diferentes facciones, trataremos de desmenuzar una simple pregunta: ¿quién mandó al diablo a las instituciones venezolanas, Nicolás Maduro o Juan Guaidó?

Al referirse a las personas que se dedican al robo de combustible, el presidente afirmó que “es preferible dejar a los hijos pobreza, pero no deshonra”. El problema con la prisión preventiva oficiosa es que las personas que son procesadas en el actual sistema penitenciario tienen altas probabilidades de ser dejadas en la pobreza y en la deshonra.